Once gendarmes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial “Arroyo Seco” fueron imputados en Rosario por integrar una asociación ilícita destinada a apropiarse de cargamentos de hojas de coca incautados en controles sobre la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos. Según la acusación, entre enero y mayo de 2025 la maniobra se repitió al menos en doce oportunidades y alcanzó un volumen total de 1.144 kilogramos de mercadería, que luego era comercializada en el circuito minorista.

La imputación fue formalizada por los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Matías Mené, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, durante una audiencia ante el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, desarrollada en dos tramos los días 10 y 24 de abril. En ese ámbito, el Ministerio Público Fiscal expuso su teoría del caso, detalló las evidencias reunidas y solicitó medidas cautelares patrimoniales y personales.

A los once efectivos se les atribuyeron los delitos de asociación ilícita en calidad de coautores, en concurso real con cohecho pasivo, y encubrimiento de contrabando agravado por su condición de funcionarios públicos, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los imputados fueron identificados como Humberto R., Jorge B., Andrés G., Esteban B.M., Fabián P., Francisco V., Juan S., David B., Norberto C., Marcos Antonio B. y Enzo Gastón N.V., este último señalado con un rol central dentro de la organización.

De acuerdo con la acusación, el grupo operó como una “comunidad delictiva” con división de tareas. Nueve de los gendarmes realizaban controles vehiculares en el peaje y se apropiaban de cargamentos de hojas de coca ingresados al país en infracción al régimen aduanero. En lugar de formalizar las incautaciones, omitían denunciarlas y entregaban la mercadería a N.V., quien coordinaba la logística de distribución y venta.

El caso se inició a partir de un procedimiento del 5 de mayo de 2025, cuando N.V. fue detenido mientras transportaba 180 kilogramos de hojas de coca. Para la fiscalía, ese episodio permitió reconstruir el circuito completo: el acuerdo previo de precios con sus compañeros, la coordinación de entregas y la posterior comercialización a terceros.

En ese eslabón también fue imputada una mujer de Rosario, acusada de adquirir parte de la mercadería para su reventa. Según la investigación, recibió al menos 527 kilogramos en siete operaciones entre diciembre de 2024 y mayo de 2025. Durante un allanamiento en su domicilio se secuestraron ocho bolsones con 22 kilogramos cada uno.

Los fiscales describieron una secuencia reiterada de maniobras. El 19 de enero de 2025 se registró el primer hecho atribuido: un cargamento de 80 kilogramos que no fue denunciado y que derivó en el pago de 375 mil pesos por su entrega. Días después, el 30 de enero, otros tres gendarmes obtuvieron 131 kilogramos en un operativo y recibieron más de 3,5 millones de pesos mediante transferencias y efectivo.

La modalidad se repitió en febrero, marzo y abril con distintos integrantes de la patrulla, con cargamentos que oscilaron entre 20 y 132 kilogramos. Según la fiscalía, los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y dinero en efectivo. Entre los episodios detallados figura uno del 14 de abril, con 103 kilogramos, y otro del 16 de abril, con 118 kilogramos, ambos bajo el mismo esquema.

En todos los casos, la acusación sostiene que los imputados omitieron denunciar el contrabando, pese a estar obligados por su función, y recibieron dinero a cambio de entregar la mercadería. La reiteración de los hechos, el volumen involucrado y la coordinación entre los participantes fueron considerados indicios de una estructura organizada.

Como sustento probatorio, el Ministerio Público Fiscal incorporó informes de Asuntos Internos de la Gendarmería que reconstruyen la integración de las patrullas en cada procedimiento, peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados, registros de comunicaciones, y datos aportados por empresas de telefonía sobre la titularidad de las líneas. También se analizaron conversaciones que, según los investigadores, evidencian la coordinación de las operaciones, la fijación de precios y los movimientos de dinero.

A su vez, se valoraron informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estimaron el valor de la hoja de coca en unos 50 dólares por kilogramo, además de actas de allanamientos y secuestros de mercadería.

El juez Rodríguez Da Cruz dispuso para los imputados la obligación de someterse al proceso, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y no salir del país sin autorización. También ordenó embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes con montos que van de 8 a 293 millones de pesos, con el objetivo de asegurar eventuales decomisos.

En caso de condena por encubrimiento de contrabando, los acusados podrían enfrentar multas de entre cuatro y veinte veces el valor de la mercadería involucrada, además de las penas correspondientes a los otros delitos atribuidos. La investigación continúa en etapa de instrucción.