El gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e informó que las funciones pasarán a depender de una secretaría específica en la órbita del Ministerio de Salud. Las organizaciones de discapacidad en Santa Fe advirtieron que la medida podría abandonar una mirada social para instalar un “modelo médico” y deslizaron que se busca esconder los hechos de corrupción desatados este año en la agencia. “Quieren lavar una imagen que quedó machada por actos de corrupción que salpican hasta a la hermana del presidente”, criticó Pablo Bolego, secretario general de Asociación de Transportes Especiales (Atraes) de la Provincia de Santa Fe. Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulón cuestionó la decisión de traspasar la dependencia a Salud: “Es poner el zorro en el gallinero. Es una medida que está lejos de aportar transparencia”.

La decisión fue confirmada este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde también se comunicó que las funciones del área serán absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y que las modificaciones no implicarán recortes en pensiones ni prestaciones. Para el funcionario, la autonomía que manejaba la agencia en materia de políticas públicas generó “descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. El anuncio se da en medio de una causa judicial que investiga una presunta trama de coimas dentro del organismo, que tiene a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como una de las principales apuntadas.

La noticia no cayó bien entre las organizaciones que vienen peleando por la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por ambas Cámaras del Congreso. “La disolución es un error. La Andis estaba descentralizada y su objetivo era plantear políticas públicas transversales a todos los ministerios y secretarías, con una perspectiva de discapacidad. Pasarla al Ministerio de Salud es abandonar la mirada del modelo social para reinstalarlo en el modelo médico”, cuestionó Bolego en diálogo con Rosario/12. “El cambio se anuncia hablando de irregularidades en los beneficiarios. Es lamentable que cada paso que da este gobierno en materia de discapacidad es estigmatizando al colectivo”, añadió.

El referente de Atraes también consideró que la medida se vincula a las presuntas tramas de corrupción que se conocieron en el organismo. “Quieren lavar una imagen que quedó machada por actos de corrupción que salpican hasta a la hermana del presidente”, cuestionó. No obstante, lo que más preocupa entre las organizaciones es cómo se van a llevar adelante las prestaciones y la atención en este nuevo escenario. Todo eso en medio de la pelea que las familias, junto a todo el colectivo de discapacidad, está llevando adelante para que el gobierno libere los fondos aprobados por ley.

Durante el debate por el Presupuesto 2026, el gobierno intentó derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante el artículo 75. Esa situación volvió a movilizar a las organizaciones que consiguieron –nuevamente– el respaldo de los legisladores. En paralelo, la ley quedó judicializada a través de un grupo de familias damnificadas por su incumplimiento, que presentaron un reclamo ante la Justicia. A medidos de diciembre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó la ejecución de la ley en todo el país y, días atrás, volvió a intimar al gobierno para su cumplimiento, con la posibilidad de comenzar a aplicar multas a funcionarios.

“El juez ha establecido que debe darse cumplimiento efectivo a la ley de emergencia en discapacidad y por eso ya están saliendo intimaciones por incumplimiento del deber de funcionario público”, remarcó Bolego. “La disolución del organismo solo trae más incertidumbre, en una situación que es límite para nosotros. Estamos hablando de un colectivo de personas que dependen del Programa Federal Incluir Salud, que alcanza a quienes no cuentan con obra social, ni sindical, ni de una prepaga. Son personas que no tienen ningún tipo de cobertura y están bajo la línea de pobreza”, añadió.

El zorro en el gallinero

La noticia también generó impacto en la dirigencia política que viene siguiendo el tema. Para Esteban Paulón el traspaso a Salud no solo desjerarquiza y quita autonomía al área de discapacidad, sino que también la deja encorsetada “a una asistencia médica” y ya no social. “Es una medida regresiva y tampoco queda claro cuál va a ser la participación de los representantes del sector en el diseño de las políticas públicas”, evaluó en diálogo con Rosario/12. “Sí es evidente que el gobierno no logró despejar las dudas de corrupción que envuelven al organismo. Piensan que corriendo del medio a la Andis se acalla esa polémica, pero no es así”, agregó.

Sin embargo, el diputado nacional del socialismo también tiene sus reparos a que el área quede en manos del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones. “Qué medida proactiva hacia el sector puede tomar Lugones, que viene de la gerencia de las empresas de medicinas prepagas y que justamente son parte del lobby para que no se aplique la emergencia en discapacidad, porque eso es costo para las empresas”, expresó y agregó: “Es poner el zorro en el gallinero. Es una medida que está lejos de aportar transparencia”.

Por último, Paulón también expresó su preocupación respecto al incumplimiento de la ley de emergencia, que refuerza las partidas para el sector de discapacidad. “De lo único que no habla el gobierno es de aplicar una ley aprobada por el Congreso y que hoy tiene un fallo firme de la Justicia. Detrás de todo este humo están las medidas y políticas que el gobierno está obligado a ejecutar”, recordó. “Creo que lo que se busca con la disolución de la Andis es un cambio cosmético, una lavada de cara. Es sacarse de encima la mancha venenosa que hoy significa Andis, que quedó pegada a la corrupción del gobierno de Javier Milei”, remarcó.