Foto: Juan José García

Mientras la Cámara de Diputados debate la Reforma Laboral en el recinto, afuera del mismo se llevó a cabo una espontánea manifestación por parte de diferentes organizaciones políticas y sociales, dado que la CGT no convocó a una movilización, sino solamente al paro general.

Como era de esperarse, esta jornada fue una nueva excusa de las fuerzas de seguridad para reprimir y hacer abuso de poder. Entre detenciones, gas pimienta y el ya conocido camión hidrante, la Policía se las ingenió para opacar, nuevamente, un reclamo legítimo y pacífico.

De hecho, hubo numerosas denuncias cruzadas de violencia y un despliegue policial masivo. El Gobierno ha blindado el Congreso con vallas y fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Ciudad).

En este sentido, se ha denunciado que la policía bloquea arterias clave (como Lima o Hipólito Yrigoyen) impidiendo que la gente se desconcentre pacíficamente, lo que genera encerronas y estampidas. Además, se reportó el uso de camiones hidrantes y un gas pimienta más potente que en manifestaciones anteriores, afectando no solo a manifestantes sino también a transeúntes y jubilados.

Sin ir más lejos, por primera vez se ha generalizado la requisa de mochilas en los accesos y la «regulación» del uso de banderas (bajo el argumento de que los palos se usan como proyectiles).

Por su parte, el Gobierno sostiene que el operativo es para «garantizar el orden constitucional» y que solo responden cuando grupos de encapuchados intentan derribar las vallas o arrojan piedras y botellas. Sin embargo, muchos manifestantes denunciaron que la represión es indiscriminada.

De hecho, se viralizaron imágenes de jubilados gaseados y de la policía lanzando gas a personas que ya estaban en el piso o retirándose.

A esta hora de la tarde, la zona de Plaza Congreso sigue militarizada y con focos de conflicto en las calles laterales. La CGT ha calificado el operativo de «provocación innecesaria».