El jefe municipal llamó al pie, y el lobby constructor salió a jugar. Ayer talló la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) en la polémica sobre el pedido de excepción al Código Urbano para habilitar la construcción de una torre de 35 metros de altura en avenida Belgrano casi Buenos Aires, donde no está permitido por tratarse del Área de Protección Histórica Parque Nacional a la Bandera. Lo hizo con un comunicado formal y en sintonía con el planteo que el Ejecutivo local envió al Concejo, y luego refrendó el intendente Pablo Javkin, al tildar a los opositores a esa iniciativa –el Colegio de Arquitectura y Urbanismo (CAU)– de “club de defensores de las ruinas”. La AEV, así, avaló la reacción oficialista, pidió revisar las normas urbanísticas y respaldó las iniciativas orientadas a promover nuevos desarrollos inmobiliarios en la ciudad.

El pronunciamiento vino poco después de que Javkin reclamara en un auditorio proclive a esos negocios, que el sector privado se involucre en el debate. “Yo lo pincho mucho al sector privado para que no nos dejen solos en esa pelea”, había dicho el intendente el lunes, en el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, en el marco del evento “Construyendo Litoral”.

La controversia se activó a partir de una nota del domingo pasado en Rosario/12, que expuso los argumentos del CAU contra la iniciativa de construir vía excepción urbanística. La entidad profesional, presidida por Rubén Palumbo –quien fuera secretario de Planeamiento durante la gestión Binner–, advirtió que la construcción de una torre de 11 pisos en ese sector vulnera las ordenanzas vigentes y pone en riesgo la integridad del paisaje urbano en una de las zonas más sensibles de la ciudad.

En ese contexto, la AEV recogió el guante y difundió un comunicado en el que evitó confrontar de manera directa con el Colegio, pero dejó en claro su respaldo a una actualización de las reglas de juego. “Apoyamos toda iniciativa que contribuya a generar viviendas de calidad y a recuperar el valor urbano”, señalaron.

El documento plantea que los códigos urbanísticos deben adaptarse a los cambios económicos y sociales. “Es natural y necesario que los reglamentos se ajusten con el paso del tiempo. La evolución normativa es parte del desarrollo de una ciudad dinámica”, sostuvieron. En esa línea, valoraron que la administración Javkin esté avanzando en ese sentido.

La intervención de los empresarios introduce un actor clave en una discusión que hasta ahora había estado dominada por el cruce entre funcionarios y arquitectos. En la Municipalidad venían señalando, por lo bajo, que el sector privado –principal beneficiario de eventuales flexibilizaciones– suele mantenerse al margen del debate público, dejando al Ejecutivo expuesto frente a críticas políticas y técnicas.

El caso que disparó la polémica tiene como eje una propiedad de valor patrimonial cuyos dueños herederos, tras años sin poder venderla y ante dificultades para sostener su mantenimiento, impulsaron junto a un desarrollador un proyecto de mayor escala. La casona, deshabitada y cerrada hace tiempo, se encuentra entre las sedes de la Secretaría de Producción municipal y la del CAU. La iniciativa para erigir allí un edificio de departamentos requiere una excepción a la normativa vigente, que fija un límite de altura de 14,50 metros en esa área, muy por debajo de los 35 metros propuestos.

Desde el CAU sostienen que habilitar esa excepción implicaría sentar un precedente peligroso y debilitar el sistema de preservación patrimonial. “Si nos cargamos el área de protección histórica del Monumento, es el peor antecedente”, advirtió Palumbo a este diario, en las que incluso comparó la situación con la imposibilidad de imaginar grandes torres en torno a la Torre Eiffel.

Los empresarios tomaron distancia de ese eje, pero sin la enjundia de Javkin. “El desarrollo urbano responsable es una condición esencial para el crecimiento de Rosario”, indicaron, y remarcaron su participación histórica en la elaboración de herramientas normativas, como la regulación de torres y la ordenanza de sustentabilidad patrimonial.

Además, destacaron que continúan aportando en los proyectos actualmente en tratamiento en el Concejo, convencidos de que “la ciudad se construye a partir de una articulación virtuosa entre políticas públicas e instituciones intermedias”.

El expediente, identificado como 32080/2025, se encuentra en análisis en la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal y su resolución marcará un precedente clave.