El aparato de Comodoro Py puso en marcha en la mañana de este viernes un nuevo juicio contra Cristina Kirchner, esta vez con el agregado de su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Un tribunal anterior había sobreseído a todos los acusados en la causa llamada Hotesur-Los Sauces, pero ya se sabe que la maquinaria judicial-política-mediática, alineada con el macrismo y el mileísmo, no acepta sobreseimientos respecto de los Kirchner. Por lo tanto se ordenó un nuevo proceso.

El expediente es por el delito de lavado de dinero que consiste, básicamente, en que los Kirchner compraron hoteles y departamentos, se los alquilaron a empresarios, sobre todo a Lázaro Báez, y -dice la acusación- que por esa vía se blanqueó dinero ilegal proveniente de la obra pública. La defensa de los Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, viene sosteniendo que los hoteles y los departamentos se compraron en blanco, con fondos originados en todas las propiedades que tenían los Kirchner, incluso numerosas que tenían desde antes de que Néstor fuera intendente de Río Gallegos, y que todo eso ya fue sobreseído en su momento en tres causas por enriquecimiento ilícito. Los alquileres -afirma la defensa- fueron en blanco, facturados, bancarizados, y a precios de mercado, de manera que no podían encerrar ni coimas ni dinero originado en la obra pública, que también opera en blanco.

Todo esto ya había sido revisado. En noviembre de 2021, los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado sobreseyeron a todos los acusados, con la disidencia de Palliotti. Se apoyaron en un peritaje contable posterior a la elevación a juicio que concluyó que no hubo perjuicio y que el dinero de los alquileres estaba bancarizado. Por lo tanto, no hubo delito. La defensa de Cristina, a cargo de Carlos Beraldi, insistió siempre en que los hoteles funcionaban, cobraban y pagaban impuestos como cualquier otro negocio. En septiembre de 2023, la Sala I de Casación revocó aquel sobreseimiento y ordenó hacer el juicio. Lo escandaloso es que sacó a los dos jueces que sobreseyeron y dejaron a Pallioti, que es la que “votó bien”, o sea que votó por condenar a los Kirchner.

Como suele suceder en los juicios, las primeras jornadas son monótonas porque se procede a leer la acusación. En este caso, la lectura consumió la audiencia de este viernes, seguirá el lunes y también el viernes próximo. Los imputados fueron autorizados a seguir el juicio de manera remota por lo que se vio a Cristina desde su casa, en San José 1111, a Máximo desde su oficina en el Congreso, y a Lázaro Báez desde el penal en el que está por la causa Vialidad.

El inicio del juicio viene precedido del bochornoso espectáculo de la Cámara de Casación que le ordenó al Tribunal Oral Federal 5 – José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni- no sólo que realice un único proceso con Hotesur-Los Sauces, sino que lo inicie este viernes. En realidad, es la primera vez en la historia que la Casación ordena cómo debe hacerse un juicio, algo que es facultad de cada uno de los tribunales orales. Pero hubo presión de la política, luego de la resolución de la Corte y en 72 horas tuvieron que unificar los juicios. Como era cantado, hubo abogados que reclamaron porque estaban preparados para empezar Hotesur en marzo, además de que no está terminada una pericia decisiva, sobre los precios de los alquileres. Para eludir el grotesco, sólo se leyó la acusación de Los Sauces.

La acusación

El eje de Los Sauces es la facturación de la inmobiliaria de la familia. Según el requerimiento, el 88 por ciento de lo que cobró la firma entre 2009 y 2016 provino de empresas de Báez -6,85 millones de pesos- y del Grupo Indalo de López y De Sousa -18,55 millones en forma directa y otros 561.665 pesos a través de Idea SA, de Osvaldo Sanfelice-. La fiscalía sostiene que esos contratos de alquiler fueron simulados o pactados por encima de los valores de mercado, y que con ese flujo el patrimonio neto de Los Sauces pasó de 100.000 pesos a 12,1 millones.

La defensa sostiene que todo lo que compraron los Kirchner fueron aportes con fondos propios, que estaban en bancos, en plazos fijos, declarados. El origen del dinero fueron actividades comerciales o profesionales -los Kirchner tuvieron uno de los más grandes estudios de abogados de la Patagonia-, incluso buena parte anteriores a que Néstor y Cristina tuvieran cargos públicos. Pero, además, esos bienes ya fueron investigados en tres causas judiciales: hubo sobreseimiento o archivo en los tres casos, con tres jueces distintos.

La fiscalía cuestiona que se le alquilara a empresarios que tenían obra pública. Sobre eso también hubo una causa cuando los Kirchner le alquilaron una propiedad a un empresario, Juan Carlos Relats, quien igualmente había ganado alguna licitación de obra pública. En ese momento, el juez Julián Ercolini consideró que un presidente tiene derecho a administrar sus bienes, incluso sin evaluar si los precios de los alquileres son de mercado o no.

El mismo debate se produce en Estados Unidos, donde Donald Trump le alquila propiedades de manera constante al Estado, incluyendo el resort de Mar-a-Lago. También se debatió una situación semejante con el fallecido presidente chileno Sebastián Piñera.

La defensa de los Kirchner afirma que siempre los alquileres fueron a precios de mercado, de manera que no encerraban ningún ingreso irregular. En la audiencia de este viernes, igualmente se cuestionó que el Hotel Alto Calafate -de los Kirchner, pero alquilado a Báez-recibiera a las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas. El contrato fue anterior a que el matrimonio presidencial comprara el hotel y la defensa suele repetir una cuestión clave: los Kirchner nunca administraron hoteles, alquilaban la propiedad a empresas que se dedicaban a eso, al turismo y la administración de hoteles.

La historia del expediente

En septiembre de 2023, la Sala I de Casación revocó el sobreseimiento dictado por Grünberg y Obligado y ordenó hacer el juicio.

Este año, el Tribunal Oral había decidido separar las causas: Los Sauces empezaba ahora y Hotesur recién en marzo de 2027. El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera apelaron, y el martes pasado los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ordenaron juzgarlas juntas, con la disidencia de Alejandro Slokar, para quien era una decisión de organización que le correspondía al tribunal. Un dato pintoresco es que el fallo le reprochó al fiscal ante Casación, Mario Villar, no haberse presentado a la audiencia en la que se discutía su propio recurso. Villar ni se molestó: ya sabía que la alianza política-judicial-mediática tenía todo cocinado.

El proceso, visto hasta ahora, amerita que Cristina repita, cuando le toque hacer su alegato, “que la sentencia está firmada. Esto es puro y duro lawfare”, o sea, sacar de la cancha a una de las principales figuras de la oposición. De todas maneras, la sentencia es difícil que esté en 2027, el juicio puede durar casi 2 años.