Detrás del escándalo Adorni, un hilo rojo surfila la agenda parlamentaria del gobierno libertario. El anarcopresidente Javier Milei busca constituir el andamiaje normativo para insertar a la Argentina en el último y precario eslabón de las cadenas de valor vinculadas a la Inteligencia Artificial. No se trata de proyectos que generen valor agregado ni empleo, sino que le abren la puerta a los tecno-ricos que se expanden más allá de sus propias fronteras y acumulan poder por fuera de las reglas democráticas de los Estados nación. Un traje a medida para Silicon Valley. El Súper RIGI, aprobado esta semana por la Cámara de Diputados, beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgándoles estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años. Forma parte de un paquete de medidas que, junto con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma de la Ley de Sociedades, relegará soberanía y posibilidades de desarrollo en plena revolución informacional. Una Argentina exportadora de recursos estratégicos, proveedora de energía y territorio, integrada en cadenas globales con baja capacidad de regulación estatal. Otra oportunidad que se va.

Javier Milei no es un hijo de la patria contratista, como lo fue Mauricio Macri. Este último dirigió buena parte de su política a beneficiar a la élite empresaria local con un esquema de negocios ligado a la obra pública que aún le demanda a Milei. La llegada a la Casa Rosada de un anarcolibertario confeso permitió presuponer que dirigiría su administración a favorecer el capital internacional desregulado y, en efecto, lo está haciendo, una vez más, con ayuda de Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Sin embargo, en plena digitalización del capitalismo, la fascinación de Milei por sus ídolos de Silicon Valley, una élite de multimillonarios tecnológicos, arrastra a la Argentina a convertirse en un depósito digital a través de los data centers. Un reservorio de datos para que los desarrolladores de aplicaciones de los países centrales los utilicen, muy lejos del “hub tecnológico” prometido por el removido Demian Reidel en pleno escándalo por los sobreprecios en Nucleoeléctrica.

El paquete legislativo que impulsa la Casa Rosada es peligroso no solo porque representa una amenaza concreta para recursos naturales estratégicos como la energía y el agua, sino porque se completa con “la habilitación de la compra, por parte de inversores foráneos, de la totalidad del territorio nacional”, explica a Página/12 Pablo Volkind, director del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria y coordinador del Observatorio de Tierras. Así, el paquete de medidas libertario constituye “un nuevo estatuto legal de coloniaje”, advierte el Observatorio.

Súper RIGI

El miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción al Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país, como inteligencia artificial, data centers y semiconductores. Solo podrán acogerse inversiones de más de 1.000 millones de dólares; por ende, el proyecto apunta a los tecno-ricos. La nueva ley les garantiza un “derecho adquirido, asimilable al de propiedad”, que no puede ser alterado por normas posteriores y habilita el arbitraje internacional, en particular ante el CIADI, para resolver conflictos entre empresas y el Estado. Es decir, coloca tribunales internacionales por encima de la justicia local. El régimen establece una alícuota reducida del 15 por ciento en el impuesto a las ganancias. Así, empresas que facturan más que el PBI argentino tributarán menos que una pyme local.

Durante el debate legislativo, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino advirtió que “transforman a la Argentina en una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo”. Las fotos de Peter Thiel en el Palacio de Hacienda junto a Luis Caputo, apenas se presentó la ley, dan cuenta de la participación activa y del lobby del creador de Palantir en la legislación nacional.

Inviolabilidad de la propiedad privada

En el Senado, el affaire Adorni impidió que se tratara por tercera vez el proyecto conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto de Federico Sturzenegger, que ya recibió una docena de modificaciones, “marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial”, advierten desde el Observatorio de Tierras. La eliminación de los topes a la extranjerización de la tierra adquiere especial relevancia en las zonas donde hoy la ley ya impide nuevas adquisiciones por parte de extranjeros. Muchos de esos territorios se ubican en la Patagonia y la región cordillerana, que además reúnen condiciones especialmente atractivas para la instalación de data centers por sus bajas temperaturas y la disponibilidad de recursos hídricos. “Solo queda el límite para los Estados extranjeros, pero se eliminan los límites para las personas físicas y jurídicas extranjeras. Es decir, cualquier empresario extranjero, cualquier persona o empresa extranjera podrá comprar tierras sin límite alguno en la Argentina. Incluso, podría adquirir tierras en zonas estratégicas de frontera o con recursos naturales”, explicó Volkind.

Reforma de la Ley de Sociedades

Esta reforma que por ahora solo fue presentada en el Senado completa el andamiaje jurídico. El proyecto crea figuras inéditas en la legislación argentina, como las Sociedades Automatizadas, capaces de funcionar mediante inteligencia artificial y algoritmos sin intervención humana directa, y reconoce a las denominadas organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), administradas por código informático. Además, habilita que estas empresas elijan bajo qué legislación resolverán sus conflictos societarios. Un esquema pensado para minimizar controles y responsabilidades. La automatización, la descentralización y la posibilidad de litigar bajo jurisdicciones extranjeras dificultan identificar quién responde frente a daños ambientales, fraudes o vulneraciones de derechos. Los especialistas advierten sobre el riesgo de convertir al país en un paraíso fiscal.

Ley de Glaciares

En abril de este año, el Congreso modificó la Ley de Glaciares. La reforma descentralizó el control y flexibilizó la protección para permitir actividades extractivas, como la megaminería, en zonas de montaña. Con la modificación, las provincias pasaron a tener la potestad de decidir qué glaciares y ambientes periglaciares cumplen una “función hídrica comprobada”, debilitando el criterio uniforme que regía a nivel nacional. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, órgano científico del Conicet que elaboraba el inventario nacional, pasó a tener una función acotada de registro, sin limitar el criterio de cada provincia. Los gobernadores que más empujaron la reforma fueron Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Marcelo Orrego, de San Juan.

Un dato llamativo fue la confirmación del ingreso de Argentina a la Pax Silica, la iniciativa de Donald Trump y Peter Thiel para disputarle a China el control de la inteligencia artificial. En un extenso hilo en X, el abogado Pablo Serdán explicó e invitó a reflexionar: “Filipinas fue el primer país donde se experimentó esta alianza con un hub físico. Allí, Estados Unidos ofreció inversiones ocupando un territorio filipino sin pagar renta, administrado bajo su propia ley y con inmunidad diplomática, como si fuera una embajada. Si a Filipinas, un socio que ya fabrica chips, le piden ceder soberanía sobre un pedazo de territorio, ¿qué le espera a un país que entra un escalón más abajo, solo como proveedor de minerales?”.