Durante todo el proceso judicial sólo o han amparado sólo los intereses de la concursada», resalta el escrito presentado en la últimas horas. Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut, contadores en la mira

Acreedores de Vicentin le pidieron al juzgado que lleva el concurso de acreedores de la agroexportadora la inmediata remoción de los síndicos a quienes los acusan de sólo defender los intereses de la defaulteada aceitera.

Representados por los abogados Leandro Salvatierra y Franco Dimonaco, pidieron que se designe un órgano sindical suplente en su lugar a los fines de proseguir con el proceso. Pero también solicitaron la inhabilitación de los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut para desempeñar el cargo y la reducción de sus honorarios profesionales por la actuación en el proceso concursal.

Los tres contadores (junto con los estudios que lo asesoran) embolsarán, según dispone la ley, entre el 1 y el 4 por ciento de los activos de la concursada, por lo que podrían embolsar entre mil y cuatro mil millones de pesos. Las razones por la que los acreedores pidieron que se corra a la Sindicatura son las siguientes:

• No ha resguardado los intereses de la masa de acreedores en contraposición con la naturaleza del cargo que ocupa.

• En contraposición con ello, ha amparado sólo los intereses de la concursada.

• No ha logrado, en forma intencional o negligente, precisar la real situación patrimonial de Vicentin, ni de los hechos que la han llevado a su ruina, menos aún, individualizar los responsables de ello.

• Incumplió el mandato judicial al momento de designar una auditoría forense, en lo relativo a nutrirse de las investigaciones obtenidas por dicho cuerpo especializado y coordinar una labor conjunta para un buen desempeño de sus funciones.

• Avala y autoriza una propuesta concursal violatoria de la normativa falencial y, posiblemente, penal tributaria.

• Promulga requisitos al proceso de salvataje, que dificultan el vía cram down, en clara contraposición con lo previsto en la ley de concurso y quiebras.

 

“La Sindicatura designada en el concurso preventivo de Vicentin jamás estuvo a la altura de un trámite judicial de semejante magnitud. Su actuación se ha circunscripto a acompañar el desarrollo del proceso como espectador, mientras eran denunciadas innumerables irregularidades y desmanejos de la concursada que ameritaban una actuación activa, máxime teniendo en cuenta que el cuestionado órgano es auxiliar del juez y cumple funciones públicas, no sólo en resguardo de los intereses de la deudora sino también de los acreedores”, señalan.

“Se nota una evidente inclinación a la protección de los intereses de la concursada, desobediencia de la orden judicial de apoyarse en la Auditoría Forense, un informe general abstraído de la realidad, el aval a una propuesta concursal ilegal y una propuesta de recaudos para el proceso de cramdown desajustada a derecho, todo ello en clara contraposición con el art. 275 de la ley de concurso y quiebras. La verificación de estos extremos denota una negligencia y mal desempeño de sus funciones que ameritan su urgente remoción”, agregan.

 

En un detallado y extenso escrito de 66 páginas, al que tuvo acceso Rosario3, los abogados hicieron un detallado repaso de lo que consideran en el mejor de los casos “una displicente actividad” o “exasperante pasividad” de los contadores Ernesto Garcia, Diego Telesco y Carlos Amut durante todo el proceso concursal en marcha.

Por ejemplo, el rechazo a incorporar en sus informes las conclusiones de la auditoría forense –que encontró serias irregularidades en los balances que ocultaban pasivos para mostrar una situación financiera que le permitiera seguir recibiendo granos de sus clientes y dinero de los bancos-, el apoyo a la pesificación de los acreedores granarios y la no categorización de acreedores, la indiferencia ante el avance de las investigaciones penales (que tiene a todos el directorio que defaulteó imputado por estafa), la falta de análisis del entramado societario y el apoyo de la propuesta de pago (que los acreedores consideran ilegal) que Vicentin busca ahora que los acreedores le aprueben.

 

“La conducta sumisa con la concursada (y sus directores) fue en detrimento de los acreedores. Negligencia de las tareas a su cargo. Un simple repaso sobre las distintas intervenciones de la cuestionada Sindicatura mediante la realización de informes y dictámenes dejan en evidencia su obrar negligente y mal desempeño de funciones, pretendiendo darle un viso de legalidad y de legitimidad a los estados contables cerrados en 2017/2018 (los cuales a estas alturas ha quedado acreditado que fueron confeccionados sin reflejar la realidad económica de la concursada), así como también demuestra un inusitado desinterés por el alarmante balance cerrado en el año 2019, recién confeccionado y aprobado a fines del 2020, el cual deja en evidencia el desmanejo de la deudora y la adulteración intencional sobre su contabilidad para aparentar solvencia”, resalta.

En ese marco, los abogados se focalizan en la actuación de los síndicos en este momento crucial de la convocatoria, cuando Vicentin tiene hasta el 31 de marzo para lograr el ok de los acreedores a su oferta de pago. “La Sindicatura ninguna objeción formuló a ninguna de las propuestas presentadas hasta la fecha por la concursada. Incluso cuando el juez objetó la propuesta presentada en fecha 17.11.2021 por representar los pagos propuestos una fracción mínima de las acreencias y constituir, por ende, un ejercicio abusivo del derecho, entre otras observaciones, la Sindicatura se mantuvo en silencio, contemplando como nuevamente la concursada postulaba un plan que afectaba flagrantemente los derechos de los acreedores y, en contrapartida, traía aparejados frondosos beneficios para los accionistas de Vicentin SAIC y los Interesados Estratégicos. Actualmente, frente a la última “mejora” de propuesta formulada, tampoco se ha expresado el órgano Sindical, cuando, tal como lo advierten diversos acreedores, la misma adolece de múltiples vicios manifiestos, que no pueden ser soslayados por una Sindicatura que pretenda jactarse de imparcial”, resaltan los abogados.

 

Finalmente, los abogados se quejan de la postura de la Sindicatura con respecto a la iniciativa de un grupo de acreedores de impulsar el armado de un “cram down” como salvataje en lugar de la propuesta de Vicentin.

“Una vez más, la Sindicatura ha elaborado una propuesta para favorecer a la concursada en detrimento de los acreedores, en base a los motivos que se expondrán a continuación. Realizando un breve análisis de la normativa concursal, el art. 48 de la ley de quiebra abre un nuevo período de negociación, en donde no sólo la concursada, sino terceros interesados puedan ofrecer, negociar y acordar propuestas de acuerdo preventivo con los acreedores, y eventualmente, también con los socios de la concursada, en protección del interés de la empresa y de su organización jurídica, que en la tutela del interés de los socios de la concursada. Lo que resulta interesante de la normativa concursal y del escrito presentado por la Sindicatura, es que ésta última ha desarrollado una serie de “condiciones mínimas” que deben cumplimentar los potenciales terceros oferentes para inscribirse en el registro pertinente. Y resaltamos el término entre comillas, porque lejos han de ser mínimas las condiciones impuestas por la Sindicatura para poder inscribirse en el registro para participar del salvataje”, destacan.

 

«Con las condiciones mínimas que buscar imponer la Sindicatura, se está tratando de evitar la participación a terceros interesados para que desistan de inscribirse en el registro de postulantes, ya que, bajo la lógica, las condiciones que impone la Sindicatura para tan sólo inscribirse, implican una serie de requisitos desmedidos, como por ejemplo, incluir ya en la presentación una oferta para celebrar contratos de fasón, alquiler, depósito o similares que garanticen el funcionamiento de la empresa durante el período del art. 48 y el normal cumplimiento de las obligaciones pos concursales. Dicho requisito implica de antemano inmiscuirse en la propuesta que quieran realizar los potenciales oferentes, acotando de entrada el espectro de terceros que deseen inscribirse en el registro. Por lo tanto, el escrito presentado por la Sindicatura en fecha 03.03.2022 relativo al proceso de salvataje, deja en evidencia la violación de la Sindicatura de la normativa concursal, en aras de beneficiar a la concursada, y/o vaya uno a saber a quien, para bloquear a potenciales terceros la inscripción en el registro de participantes», señalan los letrados .

El Banco Nación, con los tapones de punta

En tanto, el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, afirmó el martes que la oferta que realizó Vicentin a los acreedores es «inaceptable» para la entidad, que es el principal acreedor de la agroexportadora en concurso tras el vaciamiento financiero por cifras millonarias.

«No nos gusta la oferta, es inaceptable para el Banco Nación, es una oferta de una quita de 80%», aseveró durante la inauguración del stand del BNA en la Expoagro 2022. «La propuesta que hace Vicentin es por 12 anos trabajando a fazón no es una recuperación real productiva y nosotros necesitamos recuperar la empresa y agregar valor real», fustigó el directivo.

«Como funcionario público y representante de los intereses de todos los argentinos no puedo aceptar que a les matan las manos en el bolsillo. Estamos esperando una mejor oferta pero mientras tanto no vamos a dar nuestro apoyo a esta propuesta que dieron a conocer«, resaltó.

El titular de la entidad crediticia también rechazó las acusaciones que hizo el viernes Vicentin sobre que todas las plantas que tiene en el norte santafesino están trabajando a muy escaso ritmo y no consiguen interesados porque su facturación está embargada por el Banco Nación. «Queremos ser parte de la solución para el nodo norte y para el resto del entramado productivo que compone Vicentin», dijo.

Finalmente, Hecker se expresó en favor de analizar la propuesta de cram down que impulsa el Fideicomiso de Acreedores Granarios ante lo que estiman será el fracaso de la convocatoria de acreedores. «Analizamos una alternativa que conjugue esfuerzos de productores que son los originados para que estén presentes, también los que operan las maquinas. Así lo manifestaron los acreedores, que el Estado tiene que tener un rol una participación. No quiero decir que conduzca o que sea mayoritario ni tenga el 100% del control, sino que están dadas las condiciones para que trabajemos juntas sector publico y privado en una recuperación. Va a ser una etapa distinta. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Yo creo que sí, y estoy trabajando para eso», completó Hecker.