El interbloque del peronismo en Diputados ingresó un proyecto en la Legislatura que pide explicaciones por los “tarifazos” de la Empresa Provincial de Energía (EPE). La iniciativa de Miguel Rabbia busca indagar sobre las sucesivas actualizaciones tarifarias aplicadas, los fundamentos técnicos de los aumentos y la falta de convocatoria a audiencias públicas previstas para ese tipo de decisiones. Entre los fundamentos se destaca que la energía eléctrica constituye “un servicio público esencial” y sus modificaciones deberían acompañarse de mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana. “Cada tarifazo de Pullaro representa un esfuerzo adicional para las familias, que vienen con una economía en caída”, planteó el legislador.

El proyecto de comunicación de Rabbia fue ingresado a principios de semana y lleva las firmas de los diputados Lucila De Ponti, Marcos Corach, Verónica Porcelli, Sonia Martorano, Celia Arena y Walter Agosto, en representación de todo el interbloque peronista en la Cámara baja.

La solicitud demanda el detalle de los aumentos implementados sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) desde agosto de 2025 hasta la actualidad, indicando la fecha de aplicación, el porcentaje de incremento y el fundamento técnico utilizado en cada caso. También se reclama conocer el marco normativo que sustenta la aplicación automática de actualizaciones del VAD mediante índices de variación de precios “indicando expresamente los actos administrativos vigentes que autorizan dicho mecanismo”.

Además, el legislador pide saber si los aumentos “requirieron o contaron con resoluciones específicas de aprobación por parte de la autoridad competente” y reclama que se fundamente la implementación de aumentos sin convocar a nuevas audiencias públicas “precisando si dicha decisión obedeció a un criterio adoptado por la autoridad de aplicación o a una interpretación del régimen regulatorio vigente”.

Por último, el documento pide información sobre los mecanismos de publicidad y participación ciudadana que se adoptaron “para garantizar que los usuarios conocieran el alcance, fundamento e impacto de las actualizaciones tarifarías aplicadas durante el período mencionado”.

En los fundamentos se define a la energía eléctrica como “un servicio público esencial para la vida cotidiana de las familias, el funcionamiento de las actividades productivas, comerciales e industriales y el desarrollo de las comunidades” y se advierte que los aumentos “generan interrogantes” respecto de los procedimientos administrativos utilizados para su implementación.

En ese marco, el mensaje destaca que las audiencias públicas “constituyen una herramienta fundamental para fortalecer la transparencia, la legitimidad de las decisiones regulatorias y el derecho de los usuarios a recibir información adecuada y veraz”.

“Cada tarifazo de Pullaro representa un esfuerzo adicional para las familias, que vienen con una economía en caída. Además, esto afecta una de las principales variables para generar empleo, que es la energía de las industrias”, planteó Rabbia en un comunicado. “Los santafesinos no solo pagan tarifas cada vez más altas; también merecen un servicio seguro, inversiones visibles y explicaciones claras sobre el destino de los recursos que aportan todos los meses”, concluyó.