La justicia rosarina condenó ayer a nueve policías provinciales por apremios ilegales y otras irregularidades cometidas durante un procedimiento realizado en marzo de 2018 contra siete jóvenes en la zona de las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano.

“Estamos orgullosos del resultado al que hemos arribado, en el sentido de que entendemos que hemos recabado la información suficiente y probado, como dijimos al principio de nuestros alegatos, que el hecho sucedió. Y eso es lo más importante de todo”, afirmó Julia Giordano, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario y querellante en la causa.

Cuatro de los agentes recibieron penas de prisión efectiva, mientras que otros ocho fueron condenados a tres años de prisión condicional por no haber denunciado las agresiones que presenciaron. En tanto once acusados resultaron absueltos.

El fallo fue dictado por los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana, tras el juicio oral en el que se juzgó a 21 integrantes de la Policía de Santa Fe por hechos de violencia institucional ocurridos la madrugada del 23 de marzo de 2018.

Las condenas más altas recayeron sobre Roberto Salinas, Santiago Morgan y Sergio Romero, quienes recibieron cuatro años de prisión efectiva, mientras que Diego Ojeda fue condenado a tres años y seis meses. Todos quedaron además inhabilitados para ejercer cargos policiales o funciones públicas por el doble del tiempo de la condena.

Otros ocho efectivos fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por favorecimiento personal agravado, al considerar el tribunal que presenciaron las agresiones sin intervenir ni denunciarlas. El resto de los acusados fue absuelto por falta de pruebas o por el beneficio de la duda.

Tras conocerse el veredicto, Giordano valoró el resultado del proceso judicial iniciado hace casi ocho años, ya que la sentencia constituye un reconocimiento judicial a las denuncias que las víctimas sostuvieron durante años. “Lo que los jóvenes vienen denunciando hace ocho años hoy recibe de parte de la Justicia democrática una resolución que reconoce la existencia de esos hechos”, señaló.

Giordano destacó además el papel de las víctimas durante el proceso judicial. “Es un orgullo de la querella y de quienes se constituyeron en querellantes haber podido acompañarlos en este camino”, agregó.

En relación con las penas, explicó que los agentes condenados a más de tres años de prisión quedaron detenidos tras el veredicto. “Quienes han recibido penas por arriba de los tres años, es decir tres años y seis meses o cuatro años, tienen prisión preventiva y se van detenidos desde esta misma sala de audiencia”, precisó.

Para la abogada, la sentencia también tiene un valor institucional en relación con el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. “Cuando hablamos de que los pactos de silencio subsisten dentro de las fuerzas de seguridad, hablamos de esto. Y el reconocimiento de esa responsabilidad es ejemplar y constituye un mensaje hacia esas prácticas”, señaló.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci, quien también valoró el resultado del juicio. “Si bien todavía hay que esperar los fundamentos del fallo, estamos bastante conformes con el resultado, porque al menos hubo condenas”, indicó.

La funcionaria judicial sostuvo que el tribunal consideró acreditados los hechos presentados durante el debate. “En aquellas personas que fueron condenadas se lograron probar los hechos que la Fiscalía había planteado durante el juicio”, afirmó.

Bartocci explicó que las penas más altas corresponden al delito de vejaciones —figura que en la práctica se refiere a apremios ilegales cometidos por funcionarios públicos— junto con la falsificación del acta del procedimiento policial.

“Fueron condenados por vejaciones y también por la falsificación del acta, ya que según la interpretación del tribunal se incorporaron en ese documento declaraciones falsas”, señaló.

Los hechos juzgados ocurrieron durante la madrugada del 23 de marzo de 2018. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, siete jóvenes —seis varones y una mujer— estaban reunidos en un espacio público conocido como las Cuatro Plazas, en la zona de Provincias Unidas y Mendoza.

En determinado momento, dos de ellos se trasladaron en moto hasta un kiosco cercano y advirtieron que eran seguidos por un patrullero que circulaba con las luces apagadas. Al regresar al lugar donde se encontraba el resto del grupo, comenzó un operativo policial que derivó en detenciones violentas.

Según la acusación, los jóvenes fueron obligados a colocarse contra un patrullero mientras los policías los insultaban, amenazaban y golpeaban. Durante el procedimiento se solicitaron refuerzos y llegaron al lugar numerosos móviles policiales.

Uno de los jóvenes intentó alejarse corriendo y fue alcanzado por un disparo de escopeta antitumulto que impactó en una de sus piernas. Luego fue interceptado por otros efectivos, derribado y golpeado mientras se encontraba en el suelo. En ese contexto, un agente le cortó las rastas con una tijera mientras estaba reducido.

Los siete jóvenes fueron trasladados posteriormente a la comisaría 14ª, donde permanecieron privados de su libertad durante más de diez horas. Según se acreditó en el juicio, allí continuaron los golpes, las amenazas y distintas situaciones de humillación.

Entre los hechos expuestos durante el debate se incluyeron insultos, amenazas de muerte y episodios de violencia sexual contra uno de los detenidos. En otro caso, uno de los jóvenes fue obligado a desnudarse durante el procedimiento.

La investigación también estableció que parte del personal policial falsificó el acta del operativo, consignando que los jóvenes habían intentado escapar y que uno de ellos se había lesionado al caer mientras huía.

Para la acusación, esa versión buscó justificar el accionar policial y encubrir las agresiones cometidas durante el procedimiento y posteriormente en la comisaría.

Tras el veredicto, la fiscalía adelantó que analizará los fundamentos de la sentencia para definir si corresponde presentar una apelación, ya que las penas solicitadas durante el juicio habían sido más elevadas. Entretanto, la causa quedó como uno de los procesos judiciales más relevantes por violencia institucional contra integrantes de la policía provincial en Rosario en los últimos años.