Interés económico como factor
Es en la causa que condenó al ex jefe policial como encubridor de un narco en Santa Fe. Casación penal dice que el ex comisario «también participaba por el dinero».
La sala I de la Cámara de Casación Penal de la Nación llamó esta semana la atención al tribunal santafesino que había condenado al ex jefe de Drogas y de la policía provincial Hugo Tognoli a seis años de prisión por encubridor de un narcotraficante. «Curiosamente la figura de narco que debía aplicarse a Tognoli, se perdió en la investigación» dijo Liliana Catucci. Para la camarista, si se lo consideró a Daniel «el Tuerto» Mendoza narcotraficante, debió haber mediado un interés económico entre el jefe policial y el narco: «por algo lo ayudaban tanto, a punto de que montaron deliberadamente y en contra de la ley y más precisamente de sus obligaciones funcionales estrictas, una protección especial para que Mendoza pudiera continuar con sus operaciones ilegales y ‑a la vez‑ apartarlo de la investigación en curso». El fallo alentó al fiscal local Adolfo Villate a redoblar su apuesta para lograr que se revise el fallo de primera instancia pero por la causa de la «empresa criminal conjunta» que tenía a Tognoli y a dos narcos del sur santafesino en la mira, y por la que resultó con un falta de mérito de un tribunal rosarino. «Hay párrafos que suscribe Catucci y a los que adhiere Eduardo Righi, en los que consideran que el tribunal se quedó corto al calificar como encubrimiento la conducta de Baella y Tognoli y se sorprenden por no haberlos considerados narcotraficantes, tal como lo consideramos nosotros en la causa del sur santafesino», dice el fiscal que alegó en su momento que si Tognoli encubrió a un narco en el norte provincial, tranquilamente pudo repetir esa conducta en el sur. «Vamos a tomar estos argumentos de Casación para darle más base a lo que solicitamos y sumar elementos para rebatir esta cuestión de la duda que manifestó el tribunal oral de Rosario para absolverlo por considerar insuficientes las pruebas en su contra», destacó el funcionario federal.
Casación se refirió al fallo del Tribunal Oral de Santa Fe de octubre de 2015 que condenó al ex jefe de Policía a seis años de cárcel, a su cómplice y ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, José Luis Baella, a cinco años de prisión y a un vendedor de sustancias ilegales, Daniel «Tuerto» Mendoza a seis años y seis meses. A los dos policías, por el «encubrimiento agravado» a Mendoza en 2011 y 2012, a éste por «fabricación y comercialización de estupefacientes» y a los tres, por «coacciones» a la líder de Madres Solidarias, Norma Castaño, quien había denunciado la trama de complicidades, incluso ante el propio el ex gobernador Hermes Binner, ya febrero de 2011.
Para Liliana Catucci «Quedó probado que el procesado Tognoli conocía la actividad ilícita que Mendoza llevaba a cabo en infracción a la Ley 23.737 atento a la investigación del año 2009 y por las reiteradas advertencias que Norma Castaño le había realizado personalmente en las dependencias policiales. Es así que la prueba de su complicidad bien permite extenderla hacia la comercialización de estupefacientes que llevaba a cabo Mendoza dada la llamativa pasividad de Tognoli. Esa pasividad quedó expuesta al haberlo localizado en el domicilio de unos de los empleados de la DGPCA y no adoptar medida alguna pese a la gravedad de esa perquisición (investigación)».
De igual forma la camarista destaca que «El control del expediente y lo expresado en el párrafo que antecede en la sentencia, no termina de explicar que la investigación respecto de Tognoli y Baella en esa complicidad evidente que se dejó probada no haya avanzado en el lucro de los funcionarios vinculado con el tráfico de la droga por el cual se responsabiliza a Mendoza».
«A mayor abundamiento cabe destacar que lejos de no existir el delito precedente, éste se puso lamentablemente sólo en cabeza de Mendoza cuando el recorrido probatorio permite inferir que tanto Tognoli como Baella no eran ajenos a la actividad delictual vinculada con el tráfico de drogas.
Por algo lo ayudaban tanto, a punto de que montaron deliberadamente y en contra de la ley y más precisamente de sus obligaciones funcionales estrictas, una protección especial para que Mendoza pudiera continuar con sus operaciones ilegales y ‑a la vez‑ apartarlo de la investigación en curso. Ilegalidad que revela indudablemente la intención de Tognoli y Baella de valerse de su condición y conocimiento policial para ayudar a Mendoza a permanecer en la clandestinidad y sustraerse de la acción de la justicia» dice Catucci.