“Cada vez que cargamos combustibles pagamos un impuesto para reparar rutas. Lo siguen cobrando, pero (el ministro de Economía, Luis) Caputo se lo viene quedando hace bastante”, dijo ayer el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, al referirse a la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y abandonar -ya formalmente, porque el desamparo vial nació junto con la gestión- la reparación y mantenimiento de rutas federales. “Esto es el retiro del Estado nacional de cualquier tipo de intervención”, agregó el funcionario santafesino.

Que el presidente Javier Milei haya podido disolver por decreto la DNV, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es consecuencia de la decisión legislativa de delegarle facultades propias del Congreso de la Nación, aprobada el año pasado por ambas Cámaras junto con la denominada Ley Bases, y que vencieron ayer. Hasta el último día fue empleado por el principal morador de la Casa Rosada para destruir capacidades estatales difíciles de restaurar.

El ministro Enrico fue consultado ayer por las consecuencias de la determinación oficial del Gobierno nacional, con cuya administración ya mantenía una ríspida relación desde el inicio de ambas gestiones, justamente por la ausencia de respuesta al peligroso estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe

“No tenemos muchas precisiones sobre lo que piensan hacer y esto va en la línea con lo que fue en los últimos tiempos”, sostuvo el titular de Obras Públicas, para aclarar: “El abandono de las rutas nacionales, con la peligrosidad enorme que eso representa para miles de personas”. No pareciera ser un ítem que despierte el interés ni la sensibilidad del Gobierno de la Nación, cuyo portavoz fundamentó el cierre de Vialidad en “la corrupción”, que por fortuna no ocurrió en una escuela, sino hubiese corrido riesgo el sistema educativo.

El ministro local recogió ese guante al afirmar que “aquí se cierra un organismo nacional que tenía serias falencias, sin dudas graves problemas, y al que había que hacerle modificaciones. Pero ahora estamos ante la disolución y luego, la nada”. Enrico afirmó que “todas las provincias ven cómo las rutas se deterioran sin mantenimiento y el paso del tiempo agrava más el estado y encarece la recuperación” de la red vial de jurisdicción federal.

Parálisis, salvo recaudatoria

El senador con licencia a cargo de la Obras Pública provincial recordó que “cuando asume Milei todo se paralizó”. Y estimó que “ahora seguirá igual, porque no hay un plan a corto plazo” para reemplazar la función de la DNV. En la misma línea, se refirió a los funcionarios nacionales a cargo del tema como “cinco burócratas en una oficina en Buenos Aires, porteños que no salen de la General Paz y viajan en avión. No tienen idea de lo que es la ruta 11, la 33 o la 34”.

Al igual que lo hizo durante una rueda de prensa en el bar El Cairo de Rosario el diputado nacional Eduardo Toniolli (ver aparte), el titular de la cartera de Obras Públicas santafesina apuntó a la percepción de la tasa vial que los usuarios abonan con la carga de combustible, y que el Gobierno embolsa sin utilizar para el destino que tiene.

“Cada vez que cargamos combustibles pagamos un impuesto para reparar rutas. Lo siguen cobrando, pero (Luis) Caputo se lo viene quedando hace bastante. Eso es lo injusto. Ya que no van a reparar rutas, que bajen los impuestos”, pidió Enrico en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe.

En esa línea, agregó que “lo grave es que todo lo que están diciendo, al igual que las concesiones, son soluciones a más de dos años”. El programa libertario para la red vial consiste en la participación de privados en la gestión del sistema, por medio del cobro de peaje. Pero eso conlleva los tiempos burocráticos de la confección de los pliegos, el lanzamiento de la licitación, la apertura de sobre con propuestas y su selección final.

 

Acerca de cómo continuará la situación de la red vial federal, el ministro provincial afirmó: “No vemos que exista un plan de trabajo, no hay claridad sobre quién va a asumir la responsabilidad de mantener al menos en lo básico las rutas”. Y señaló que “la lectura de los decretos y las disposiciones que conocemos de transferir los bienes y los empleados a la órbita del Ministerio de Economía no nos da certezas”, por lo que, consideró, “hay mucha improvisación”.