A más de seis meses de la desaparición de Andrés Lisandro “Fido” Saavedra, la Justicia provincial formalizó la imputación contra el ex policía Cristian Bascoy y su padre, Pedro Bascoy, policía retirado de la fuerza, acusados como coautores del homicidio del joven de 24 años. La Fiscalía sostuvo que ambos lo asesinaron entre el 20 y el 21 de enero de este año tras atraerlo hasta una vivienda de la zona oeste de Rosario con el pretexto de ofrecerle una changa de albañilería. Después del crimen, según la acusación, ocultaron el cuerpo, que todavía no fue encontrado. El juez de primera instancia Gustavo Bilbao Benítez hizo lugar al planteo fiscal y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos imputados.

La audiencia imputativa se realizó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La fiscal Agustina Eiris, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencias Altamente Lesivas, les atribuyó el delito de homicidio simple consumado en calidad de coautores. Con esa imputación, la investigación dejó definitivamente atrás la etapa iniciada como averiguación de paradero y quedó encuadrada como una causa por homicidio.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, entre la tarde del 20 y el 21 de enero Cristian y Pedro Bascoy se encontraban en la vivienda de calle Rivarola al 7400, donde el primero residía y realizaba trabajos de refacción. Allí hicieron ingresar a Saavedra y a un amigo con el argumento de contratar una changa vinculada a tareas de albañilería.

Una vez dentro del inmueble, siempre según la acusación fiscal, Cristian Bascoy atacó a Saavedra con golpes de puño y patadas. Luego lo sujetó por el cuello desde atrás mientras continuaba golpeándolo. Ambos forcejearon y cayeron al piso. Cristian Bascoy se levantó y Saavedra quedó tendido, ya sin vida. Todo ocurrió, según la imputación, en presencia de Pedro, su padre, quien participó posteriormente del ocultamiento del cadáver.

La Fiscalía afirmó que, tras el homicidio, padre e hijo hicieron desaparecer el cuerpo de la víctima para impedir su hallazgo. Pese a los numerosos rastrillajes realizados durante los últimos meses, los restos de Saavedra continúan sin aparecer.

Para los investigadores, el crimen constituyó una represalia. La acusación sostiene que ambos imputados responsabilizaban a Saavedra por dos robos bajo la modalidad de escruche cometidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en la misma vivienda de Rivarola. Esa convicción derivó, según la hipótesis fiscal, en una emboscada planificada para atraer al joven hasta el lugar donde finalmente fue asesinado.

La imputación consolida una línea investigativa que durante meses fue impulsada por la familia de la víctima. Desde poco después de la desaparición, los allegados denunciaron públicamente que Saavedra había sido asesinado luego de participar en un robo contra una familia vinculada a la Policía y señalaron como principales sospechosos a Cristian y a su padre.

El principal vocero de ese reclamo fue Javier Saavedra, hermano de la víctima, quien sostuvo que la familia reconstruyó la secuencia a partir del relato de un testigo y de otros elementos que fueron entregados al Ministerio Público de la Acusación. También afirmó que Andrés fue convocado mediante el engaño de una supuesta changa y que nunca habría concurrido si hubiese conocido el verdadero propósito de la cita.

Las denuncias públicas incluyeron además la existencia de posibles lugares donde el cuerpo habría sido ocultado. La familia aportó esa información a la Fiscalía y reclamó durante meses la realización de rastrillajes en distintos sectores de Rosario, Pérez y la zona de Totoras. Ninguno de esos procedimientos permitió localizar los restos, que según su familia fue enterrado con cal, para acelerar su degradación.

La falta de avances provocó movilizaciones de familiares y vecinos, que exigieron medidas concretas para esclarecer el caso. La investigación pasó por distintos despachos fiscales hasta quedar bajo la conducción de Agustina Eiris, quien ordenó una serie de medidas que culminaron con los allanamientos en viviendas de Rivarola al 7400 y Garay al 5100 y con la detención de los dos acusados.

La causa también volvió a exponer los antecedentes de Cristian B., quien integró la Policía de Santa Fe hasta ser exonerado tras una condena por extorsión. En ese expediente se acreditó que, junto a otro agente, interceptó a dos motociclistas en Venado Tuerto, los amenazó con involucrarlos en una causa penal y les sustrajo el dinero que llevaban. A raíz de ese hecho recibió una condena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años.

Con la prisión preventiva ya dictada y la imputación formalizada, la investigación concentra ahora sus esfuerzos en localizar el cuerpo de Andrés Lisandro “Fido” Saavedra. Ese es el principal objetivo pendiente de una causa que durante más de medio año estuvo marcada por las denuncias de la familia, los cambios en la investigación y la ausencia de respuestas sobre el destino final de la víctima.