El debate por el Parque Acuático finalmente llegó a la Justicia: el abogado Ciro Bonomelli presentó un recurso donde pide revisar la legitimidad del proyecto. La presentación se ampara en la ley provincial Nº 10.000 de intereses difusos, argumentando la posible afectación del ambiente y al acceso colectivo al río, y solicita que se suspendan las obras hasta que la Justicia se expida sobre el tema.

“Nosotros estamos cuestionando la legitimidad porque entendemos que la forma en que se procedió es contraria al orden administrativo local y a lo que establece el ordenamiento ambiental”, explicó el letrado que representa a dos vecinos de zona norte.

En paralelo, la comisión de Gobierno del Concejo dio despacho a un pedido de informes que busca conocer los detalles de las tareas que se van a realizar en la zona, que se votará en el recinto durante la sesión de este jueves.

Al mismo tiempo, ayer a la tarde se realizó una asamblea con corte de calle frente a la Municipalidad, donde organizaciones civiles de defensa del planeta, pero también deportistas acuáticos, sindicatos y personas de diferentes sectores se reunieron para seguir analizando acciones contra el avance del proyecto que está en plena etapa de licitación.

La presentación se oficializó este martes en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quiroga. Se trata de un recurso contencioso administrativo que pide “se declare la nulidad e ilegitimidad” del decreto 715/2026 que convoca a la licitación pública para la construcción del Parque Acuático en la Costanera Norte de la ciudad.

El pedido del abogado también solicita, en forma cautelar, la suspensión de la licitación y las acciones en la zona “incluyendo la prohibición de innovar sobre el sector de La Florida, la paralización de cualquier obra o intervención material en la ribera, la abstención de adjudicar la licitación o celebrar contratos administrativos y la interrupción de toda actividad preparatoria o de ejecución del emprendimiento cuestionado”.

“Nosotros estamos cuestionando la legitimidad porque entendemos que la forma en que se procedió es contraria al orden administrativo local y a lo que establece el ordenamiento ambiental”, explicó Bonomelli, en diálogo con Rosario/12.

“En el marco de ese cuestionamiento, y mientras esperamos que la Justicia lo resuelva, hay un pedido cautelar para que se suspenda la licitación y las obras, en forma preventiva. Eso ahora está en manos del juez interviniente, que debe hacer un primer análisis de admisibilidad y determinar si la presentación que hemos hecho es correcta en términos formales”, completó.

La presentación objeta la falta de información pública, la posible violación de normativas y la ausencia de instancias de participación ciudadana, entre otras cuestiones.

“Hay una serie de pasos que nosotros entendemos no se reunieron, que tienen que ver con ordenanzas municipales previas que establecen un régimen especial para toda la zona ribereña”, expresó.

El abogado agrego que “las ordenanzas locales y las leyes provinciales y nacionales indican que las intervenciones que afectan el ambiente y el paisaje deben tener un ámbito de intervención de participación ciudadana, que acá no hubo. Esto afecta intereses difusos, que es la clave de esto”.

Por último, Bonomelli se refirió a algunas “inconsistencias” entre lo que plantea el proyecto y el discurso del municipio. “Hoy las obras están avanzando. Eso quiere decir que el municipio ya comenzó a hacer movimientos en el lugar y las obras todavía no fueron adjudicadas. Esta es otra situación que genera ruido”, sostuvo.

“Con nuestra presentación, el municipio ahora debe contestar un informe con toda la información respecto del acto administrativo y de la licitación. Y con eso, el magistrado deberá resolver la cuestión cautelar. Luego, pasaremos a una etapa de producción de prueba, donde la Justicia tendrá que resolver respecto del fondo de la cuestión”, añadió.

En el Concejo

En paralelo, el tema también tuvo su avance legislativo. Este martes, la Comisión de Gobierno del Concejo dio despacho, por unanimidad, a un pedido para que el municipio informe los detalles sobre las tareas previstas en la zona.

La iniciativa, presentada por el concejal libertario Juan Pedro Aleart busca conocer el monto total estimado de la obra, la fuente de financiamiento respecto a aportes provinciales y municipales, plazos estimados de ejecución, y solicita documentación técnica del parque proyectado en el lugar. Este jueves será tratado en el recinto.

En la misma reunión se abordó una iniciativa de la organización El Paraná no se toca que propone suspender la licitación hasta que desde el municipio se remita al Concejo la información correspondiente a estudios de impacto ambiental, informes técnicos sobre la afectación de la línea de la ribera, los detalles del arbolado afectado y las medidas de mitigación propuestas.

La iniciativa fue aprobada con votos del peronismo, Ciudad Futura y La Libertad Avanza, mientras que el oficialismo se opuso. El debate de este proyecto seguirá en la comisión de Ecología.

Una propuesta similar -planteando la suspensión de la licitación- fue ingresada por Fernanda Gigliani. A su vez, desde Ciudad Futura impulsan una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la concreción del Parque Acuático en esa zona. También el bloque peronista plantó bandera sobre el tema: ingresaron una ordenanza donde proponen que todos los proyectos que puedan tener cierto impacto ambiental se debatan obligatoriamente en el Concejo. Por el momento, las tres iniciativas se seguirán debatiendo en comisiones.

Mientras tanto, la movilización social en torno al tema se ve en la calle, en las asambleas que se realizaron tanto en la costa como frente al municipio, pero también en las redes sociales.

La defensa del municipio

En una nota previa publicada en Rosario/12, desde el municipio defendieron el proyecto, argumentando que se trata de una reconversión general de la zona, algo más amplio que el Parque Acuático.

El subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, aseguró que el proyecto no tiene un impacto ambiental directo, sino que se plantea la remodelación de una zona que ya está urbanizada. También señaló que los árboles ubicados en esa área serán trasplantados, al mismo tiempo que se sumarán nuevas especies para dar sombra natural al lugar.

En ese sentido, el funcionario también explicó que la iniciativa no demanda estudios de impacto ambiental, porque se prevé su realización sobre una estructura que tiene superficies ya impermeabilizadas de hace tiempo.

“De todos modos, no descartamos que podamos solicitárselo a las empresas para hacer esta intervención con la responsabilidad que el municipio lleva adelante cualquier transformación en la ciudad”, remarcó y agregó: “No hay nada privatizado, ni ningún lugar que los rosarinos deban dejar de utilizar”.