El reclamo de los damnificados de Bauen Pilay empezó ayer a tener un número oficial. La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios habilitó el Registro Voluntario, Estadístico y de Seguimiento para quienes en Rosario suscribieron los planes tradicionales de ahorro de Bauen Arquitectura SRL, Pilay SA y Pilares SRL UTE y denuncian incumplimientos. La herramienta fue creada por resolución del Concejo Municipal y busca dimensionar un conflicto que los autoconvocados estiman alcanza a miles de familias.

La inscripción es voluntaria, tiene fines estadísticos y es un trámite aparte del reclamo administrativo o judicial que también puede hacerse. Se lo realiza por WhatsApp o presencialmente en Córdoba 852, de lunes a viernes de 8.30 a 16. Hasta ayer al mediodía de este lunes, se habían anotado las primeras 15 personas en forma presencial, informó Nadia Amalevi, titular de la Oficina Municipal. También hubo inscripciones por WhatsApp, que serán incorporadas al registro una vez que se constate la información.

Para Mariela Mulhall, integrante del colectivo de damnificados, el primer objetivo es saber cuántos son. “Creemos que esto va a servir justamente para darle una magnitud, porque queremos saber cuántos somos”, explicó a Rosario/12.

Pero para los damnificados la herramienta tiene además un peso político. “Por primera vez la dirigencia política de la ciudad admite que se trata de una cuestión pública”, sostuvo Mulhall. La resolución fue aprobada por unanimidad después de un intenso debate en el Concejo, donde los vecinos reclamaron que el Estado dejara de considerar el conflicto como una suma de disputas entre particulares.

El registro comprende a los suscriptores de planes tradicionales vinculados al sistema de “esfuerzo individual y ayuda común”. No incluye otros negocios, fideicomisos o desarrollos de características diferentes que actualmente lleva adelante la empresa.

72 reclamos formales desde diciembre

La apertura del registro no debe confundirse con los reclamos administrativos que ya tramita la Oficina Municipal. Amalevi precisó que desde diciembre ingresaron 72 casos, que siguen el procedimiento habitual del organismo.

“Se llama a la empresa, se procura una instancia conciliatoria”, explicó. En algunos casos los adherentes aceptaron las propuestas; en otros no hubo acuerdo, mientras que algunas actuaciones permanecen en cuarto intermedio y otras tuvieron resolución favorable.

La funcionaria aclaró que tampoco existe un único tipo de reclamo. “El primer reclamo fue por un incremento excesivo en la cuota. En esta ocasión, hay otras clases de reclamos”, señaló, en referencia a las denuncias que actualmente plantean los suscriptores.

El procedimiento que lleva adelante la Oficina es prejudicial y, una vez agotada esa instancia, cada adherente decide cómo continuar. “Nosotros no estamos para recomendar nada, sino para acompañar”, remarcó Amalevi.

En ese sentido, alertó sobre la circulación de propuestas externas entre los damnificados. “Hay gente que está ofreciendo estudios jurídicos, pidiendo testigos, o que se anoten en tal o cual lugar, no tienen relación con esta Oficina”, advirtió.

Veinte años para nada

El reclamo de los autoconvocados se centra en personas que durante años pagaron sus planes con la expectativa de acceder a una vivienda. Algunos llevan hasta dos décadas abonando. Otros terminaron de pagar hace dos o tres años y todavía esperan la unidad prometida.

Según Mulhall, existen casos de personas que fueron adjudicadas a desarrollos ubicados en el sector de Los Pasos, frente al estadio mundialista de hockey, en el límite entre Rosario y Funes.

“Lo que adjudican es un terreno”, describió. Según su relato, mientras una parte del desarrollo está construida, otros proyectos todavía no cuentan con infraestructura ni servicios. “Ahí no hay ni servicio, está solamente un alambrado. O sea, nada, ni el pasto está”, afirmó.

El problema, para los damnificados, no se limita a la demora. Hay personas que terminaron de pagar y todavía no tienen siquiera una unidad en construcción. “Aun habiendo terminado de pagar la unidad, ni siquiera existe la unidad”, planteó Mulhall.

El nuevo registro no modifica los contratos ni garantiza la entrega de viviendas. Su objetivo es reunir información oficial y establecer la dimensión real de un conflicto que los damnificados aseguran afecta a miles.