Mientras el ENRE realiza una auditoría, también deberán suspender notas de crédito y cortes de servicio por falta de pago de estos ítem.
Los clásicos cortes de luz veraniegos no estuvieron solos en el arranque del año sino que fueron acompañados por problemas en la facturación del servicio de las dos grandes distribuidoras de la Ciudad y el conurbano bonaerense, Edenor y Edesur. Después de recolectar numerosas quejas y reclamos ante distintos organismos, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) determinó que los problemas se originaron en la aplicación del cobro de Consumos No Registrados (CNR), ese ítem que nace de los problemas o falta de mediciones en algún período y permite emitir comprobantes complementarios. Por lo tanto, se ordenó suspenderlos mientras se realiza una auditoría y se puso un alto a la suspensión del servicio por falta de pago de este ítem. Desde ambas compañías aseguraron a El Destape, cerca de las once de la mañana, que durante la tarde explicarán su postura oficial ya que aún se encuentran analizando la resolución del organismo.
El Consumo No Registrado engloba valores de energía no registrados o medidos en exceso o en defecto. En esos casos la distribuidora debe emitir una factura complementaria, basándose en el porcentaje de adelanto o atraso que surja del contraste del medidor. El problema, indicaron desde el ENRE a comienzos de febrero, fue que esa factura complementaria no fue emitida por las empresas distribuidoras, sino que se integró el monto final en la factura habitual sin especificación, lo cual generó confusión entre las personas usuarias.
Durante el aislamiento social, se resolvió la prohibición de la suspensión del servicio eléctrico por deuda o falta de pago y se estableció que para realizar el cálculo del monto a cobrar se tenía que considerar el menor consumo registrado en los tres últimos años para emitir la factura correspondiente al período, en parte debido a que los auditores no estuvieron habilitados para controlar los medidores, por no ser considerado un trabajo esencial y las facturaciones no podían reflejar lecturas reales. Además, el ENRE dejó asentado que las diferencias que surgieran entre lecturas reales del medidor y la facturación por parte de la empresa deberían ser evaluadas oportunamente para establecer modalidades de pago para los montos aplicados a Consumo No Registrado.
Según Defensa al Consumidor, los principales problemas denunciados por los usuarios de EDENOR están relacionados al cumplimiento parcial o defectuoso del servicio, en primer lugar, seguido del incumplimiento total de la prestación y los precios. Situación exactamente igual a la de EDESUR.
Este miércoles, luego de dialogar con la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR) y recibir planteos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, del Partido de Avellaneda y del Pueblo de Pilar (PBA), el ENRE ordenó la suspensión provisoria de la aplicación del artículo del Reglamento de Suministro que establece la inspección y verificación del medidor. En el mismo se estipula que «cuando los valores de energía no hubieran sido registrados o hubieran sido medidos en exceso o en defecto, la distribuidora debe emitir la Nota de Crédito o Débito correspondiente y/o reflejar el débito o crédito» en el primer comprobante emitido.
La suspensión regirá durante la auditoría de la información que el ENRE le solicitó a las distribuidoras para comprender el modo en que llevaron a cabo la aplicación del cobro del Consumo No Registrado. Además, se ordenó la suspensión de la exigencia de pago de notas de débito y liquidaciones complementarias y se puso un alto a la suspensión de los suministros por falta de pago de estos conceptos.
El problema no está en el cobro del Consumo No Registrado sino en el respeto de los requisitos establecidos por el Reglamento de Suministro para su aplicación. La acreditación de tales tipos de anormalidades requiere de su comprobación real por parte de las distribuidoras, así como la normalización de las instalaciones en las que se haya advertido un incorrecto funcionamiento de los medidores. La Interventora del ENRE, Soledad Manin, aseguró que avanzan en la reglamentación del procedimiento a seguir por parte de EDENOR y EDESUR para corregir estas desviaciones.
Los antecedentes
Desde el inicio de la gestión, el ENRE comenzó a aplicar multas millonarias a las distribuidoras por diferentes motivos, desde la falta de servicio hasta la mala facturación. Incluso, durante gran parte de 2020 se analizó la posibilidad de quitarle la concesión a EDESUR, la empresa más denunciada, por un servicio deficiente en época de pandemia con problemas graves concentrados, principalmente, en el conurbano bonaerense.
Todo ésto pese a que pasaron cuatro buenos años con el Gobierno de Cambiemos. Como contó Cristian Carrillo en El Destape, cuando asumió el macrismo Edenor contaba con 2.837.489 usuarios, con el un área de 4637 kilómetros cuadrados cubiertos, y Edesur con 2.479.559 usuarios y 3.302 kilómetros. Las empresas, en ese momento, realizaron un importante lobby para que aumentaran las tarifas. Algo que sucedió. Macri desreguló y dolarizó tarifas y la boleta se multiplicó por más de seis veces. Sin embargo, no hubo prácticamente inversiones y la lógica empresaria fue «recomponer» ganancias. Un reporte de Edesur de este año reconoce que en 2019 invirtió menos de la mitad de lo que había hecho el año previo.
Edenor informó una pérdida neta de sus operaciones en los primeros seis meses de del 2020 por 1796 millones de pesos, responsabilizando al «congelamiento tarifario, la disminución de la demanda y los efectos generados por la pandemia y recesión económica». Sin embargo, en el primer semestre de 2019, la empresa había obtenido una extraordinaria ganancia de 15.450 millones de pesos, repartidos en 200 millones de utilidades en el primer trimestre y un poco más de 15.250 millones en el segundo.
Pero además, otro punto está siendo investigado. Como publicó El Destape a mediados del año pasado, el macrismo usó métodos de cálculo sin justificación técnica para regalarle cerca de $40.000 millones a Edenor y Edesur. En el marco de la Revisión Tarifaria Integral macrista, las empresas comenzaron a reclamar una supuesta deuda del Estado por el congelamiento de tarifas que tuvo lugar entre 2006 y 2016. Algo que Cambiemos reconoció. Las empresas pasaron de deudoras a acreedoras. Si se hubieran usado los cálculos establecidos por el ENRE, Edenor debería $10.898 millones y Edesur $15.501 millones.