Está acusada de corrupción y asociación ilícita. La Justicia había pedido su detención y la Cámara trataba su desafuero.
La Cámara Federal de Apelaciones de Chaco resolvió revocar la prisión preventiva de la diputada de Cambiemos Aida Ayala, en el marco de la causa que investiga a la funcionaria por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fundamento principal de la resolución es que Ayala es diputada nacional, cargo que tiene fueros y que deben ser removidos en una votación -como pasó en el caso de Julio De Vido– para que pueda ser detenida. En el fallo de primera instancia, la jueza federal Zunilda Niremperger justificó el pedido de detención al manifestar que la funcionaria puede incidir en la causa por haber sido ex intendenta de Resistencia y ex secretaría de Asuntos Municipales de la Nación.
Tras el fallo en primera instancia, Ayala -representada por Olga Mongelós y Ricardo Gil Lavedra- apeló la decisión al cuestionar «la arbitrariedad de la detención solicitada».
Junto a Ayala, en el fallo de primera instancia también fueron procesados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer, como así también Patricia Vazquez, Rolando Javier Acuña y Fatima Rigassio.
La magistrada Niremperger embargó a Ayala por 200 millones de pesos y le dictó la inhibición general de sus bienes en el marco de la causa que investiga el fiscal federal Patricio Sabadini.
En esta investigación esta acusada por presunto «lavado de activos, agravado por habitualidad, por ser miembro de una banda y funcionario público», en calidad de autora; en concurso real con los delitos precedentes de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.