“Como política planificada, pensada para hacer frente a la conflictividad social, hace más de 20 veinte años que no veíamos un despliegue así en Argentina”, sostiene Roberto Cipriano García. El secretario de la Comisión Provincial por la Memoria advierte a escalada de violencia institucional represiva que pregona Javier Milei a partir de un informe elaborado por su equipo sobre los dos primeros años de gestión libertaria.

Más personas heridas, más ciudadanos detenidos, cuatro veces más de jubilados lastimados y el doble de trabajadores de la comunicación golpeados. Ese es el saldo que dejó la el accionar de las fuerzas de seguridad en múltiples manifestaciones a lo largo de 2025 comparado con 2024 tras el análisis elaborado por el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel.

“Tal vez durante el menemismo hubo mucha represión a la protesta social en una época de conflictividad importante en el país, y después con De la Rúa y el 2001, luego no hubo represión con la sistematicidad que practica este gobierno, más allá de hechos represivos que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri o el Alberto Fernández”, señala García a Buenos Aires/12.

Como encargado de coordinar la mesa ejecutiva del organismo que llevó adelante este trabajo, sostiene que los datos reflejan un método propio de la necesidad de implementar políticas neoliberales “que concentran la riqueza en unos pocos”. “Esto Milei no lo ocultó y la represión es una herramienta central para su modelo, porque si no reprime no puede avanzar con sus medidas”, subraya.

Cada número es peor que el otro cuando se compara el 2025 con el 2024. Hubo un 13 por ciento más de heridos, un 77 por ciento más de detenciones arbitrarias, los jubilados lastimados se multiplicaron por cuatro, al igual que los trabajadores de prensa agredidos por los agentes policiales de la Federal, gendarmes y prefectos.

Bajo esta línea de trabajo que potencia la violencia en la calle, hubo movilizaciones donde hubo siete policías por cada manifestante. Al mismo tiempo, se recrudecieron las tareas de inteligencia ilegal, la infiltración de agentes vestidos de civil y el uso de armas letales.

Al respecto, la CPM realizó 37 denuncias penales. Algunas cobraron vuelo y fueron tenidas en cuenta para, por ejemplo, los casos de Pablo Grillo o la nena de 10 años gaseada por un policía.

Y no son las únicas denuncias realizadas por el organismo. En territorio bonaerense, la Comisión se encargó de señalar la violencia con la que opera la denomina Patrulla Municipal que lanzó el ex intendente Guillermo Montenegro. El hoy senador libertario, expuso una clara sintonía con este método de acción sobre conflictos sociales como los cuidacoches.

El conveniente protocolo antipiquetes

El informe toma como un puntapié central el protocolo antipiquete impulsado por Patricia Bullrich en diciembre de 2023. Desde entonces, las fuerzas de seguridad encontraron mayor libertad para accionar contra manifestantes. Aunque, tal como subraya el trabajo de la Comisión, con una estratégica selección de objetivos. No hubo represión en marchas multitudinarias como las universitarias o el 24 de marzo. El foco estuvo en las más pequeñas, como mensaje de orden.

Para García, una importante porción de la sociedad continúa presa del debate alrededor del derecho a la circulación, aunque, según su mirada, el eje pasa por qué mecanismo de resolución de conflictos propone un gobierno. En el caso de Milei, sus decisiones erosionan una de las premisas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expone y es que el Estado tiene el “deber de garantizar las manifestaciones públicas y pacíficas”.

En continuidad con el plano de análisis internacional, nueve relatorías y grupos de trabajo de Naciones Unidas (ONU) advirtieron al Estado argentino, en julio de 2025, “sobre el grave y sistemático deterioro de las libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos civiles y políticos desde diciembre de 2023, a partir de la implementación del llamado protocolo antipiquetes.

Tal medida, recientemente suspendida por la Justicia, aún rige el accionar libertario. “Ellos apelaron y dijeron que lo van a seguir aplicando”, advierte García. Aquí, vuelve a subrayar, no deja de exhibirse un método de resolución de conflictos por parte del gobierno nacional, diferente al que impera en la provincia de Buenos Aires.

Tampoco espera que las condiciones cambien de cara a este año que recién comienza con el arribo de Alejandra Monteoliva a la cabeza del Ministerio de Seguridad. “Era la número dos de Bullrich, la que endilgó responsabilidad a socorristas cuando las fuerzas de seguridad gasearon una nena de 10 años”, recuerda.

En contraposición, García destaca que “la orden política del gobierno provincial no es resolver los conflictos con represión y no existe una sistematicidad planificada para actuar de esta manera”. Señala que no es una provincia libre de este tipo de actos, pero no hay un protocolo antipiquete ni nada parecido y “todos pueden expresarse” en la calle.

Marca ejemplos, como el desalojo en la toma de terrenos de Guernica o el accionar de la policía con trabajadores de algunas fábricas, como operaciones condenables, pero resalta que no es el modus operandi el gobierno de Axel Kicillof.

“Hay dos maneras de resolver los conflictos sociales, uno es con la represión y el otro es con un mecanismo de diálogo y escucha que busque dar soluciones, pero ya vemos cual eligió el gobierno nacional”, apunta.

Los números de la represión de Milei

En un texto de casi 70 páginas, la CPM detalla que monitoreó un total de 139 movilizaciones entre 2024 y 2025. En 51, sostiene, se produjeron eventos represivos. Ahora bien, entre el primer y segundo año, la violencia se duplicó. Durante el primer año de Milei, el 28 por ciento de las marchas fueron reprimidas, mientras que en 2025 el porcentaje trepó a 43.

La cuestión no quedó sólo en lastimar, sino que también pasó por un fuerte incremento en las detenciones arbitrarias. En 2024 fueron 93, mientras que en 2025 llegaron a 165, casi el doble. Además, el año pasado contó con la represión más brutal del mileísmo el 12 de marzo, día en el que el fotógrafo Pablo Grillo terminó hospitalizado y más de 80 días internados cuando le rompieron la cabeza con una granada de gas lacrimógeno.

En paralelo, se produjo un viraje respecto al blanco del accionar de las fuerzas de seguridad. A lo largo de 2024, el foco estuvo puesto en las manifestaciones protagonizadas por organizaciones sociales o piqueteras. Para 2025, el blanco pasó estar en los jubilados que se concentran frente al Congreso de la Nación todos los miércoles. Los números recolectados por la Comisión muestran esta tendencia.

Así las cosas, de la totalidad de 2.585 personas heridas, 1.216 corresponden a 2024 y 1.369 a 2025, lo que equivale a un crecimiento del 13 por ciento. En detalle, de los 1.341 heridos en movilizaciones monitoreadas de manera presencial el año pasado, 155 fueron adultos mayores, lo que cuadriplicó casos relevados en 2024, cuando el número fue 42.

Mismo porcentaje de crecimiento tuvo el amedrentamiento a la prensa. Del mismo número analizado en 2025, 184 fueron trabajadores de medios de comunicación, cifra que cuadruplicó los 98 relevados en 2024. Cabe subrayar que, al menos, 44 defensoras y defensores de derechos humanos que monitoreaban las marcas, también fueron atacados por las fuerzas que respondían a los designios de Bullrich.

El crecimiento de la violencia tiene, a juicio de la CPM, un claro correlato con el incremento en la presencia de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y cada grupo de uniformados enviados a respetar aquel protocolo antipiquete que, días atrás, quedó suspendido por la Justicia.

En el informe del primer semestre del 2025 se observó, apunta el texto, como en la marcha del 16 de abril se registraron 615 efectivos policiales y 80 manifestantes. Es decir, una proporción de 7 policías por manifestante. No fue la única. El 28 de mayo hubo 525 agentes policiales para 150 manifestantes, lo que equivale al triple de policías sobre ciudadanos que protestaron. Lo mismo el 13 de agosto, con 410 efectivos y 150 manifestantes, y un número similar el 13 de octubre.

Al combo del accionar libertario se suman las tareas de inteligencia ilegal. “Se relevó la participación de agentes policiales de todas las fuerzas federales filmando las manifestaciones y en todas las movilizaciones monitoreadas hasta el día de la fecha se ha advertido la presencia de personal sin uniforme ni identificación cuya actuación sólo puede explicarse en la realización de tareas de inteligencia, en colisión con la ley de inteligencia nacional”, apunta el texto de la CPM.

Estas prácticas, señala el informe, fueron registradas en al menos 54 de las 67 movilizaciones monitoreadas de manera directa en 2025, lo que representa un 81 del total. En 2024 se registraron en 34 de las 60 manifestaciones relevadas, es decir, un 57 por ciento.

“Tales prácticas corresponden a efectivos filmando con cámaras portátiles, sacando fotos con celulares personales, instalando cámaras en puntos estratégicos de las movilizaciones, vestidos de civil participando de la marcha y luego colaborando o conversando con agentes identificados, realizando video filmación desde la terraza del Congreso de la Nación y edificios aledaños, utilizando drones, entre otras acciones”, explica el documento.

A su vez, la Comisión advierte que en 57 de las 67 movilizaciones monitoreadas de manera presencial se registró portación de armas letales por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad “en su mayoría pertenecientes al cuerpo de policía motorizada de las diferentes fuerzas”. “Esto representa un incremento con relación al año 2024 donde se relevaron en 42 de las 60 manifestaciones monitoreadas”, concluyó.