El titular del gremio lechero, Héctor Ponce, dijo que existe «decisión política» para constituir un fondo fiduciario que administre la cooperativa.
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La posibilidad de aplicar un plan de emergencia con ayuda estatal para sacar a SanCor de su situación de crisis comenzó a evaluarse hace tiempo, pero ahora volvió a cobrar fuerza tras la intervención del Gobierno en la agroexportadora Vicentin. La cooperativa láctea arrastra una situación complicada desde hace varios años, que se fue agravando con el paso del tiempo y las crisis económicas que pegaron sobre el consumo de alimentos. En este contexto, el encargado de reavivar el proyecto de un auxilio fue Héctor Ponce, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de Argentina (Atilra). 
El sindicalista anunció a través de medios de comunicación de la localidad santafesina de Sunchales -donde está radicada la empresa- que ya existe una “decisión política” de avanzar en la conformación de un fondo fiduciario “financiero y administrativo” que gestionará las finanzas y la operación de la láctea. Dijo que la intención es inyectar fondos para capital de trabajo y aumentar la producción (de los actuales 600.000 litros de leche por día a 1,5 millón/día), como una forma de generar recursos para poder ponerse al día con sus acreedores, entre ellos la AFIP. En el marco de su crisis, la cooperativa dejó de pagar contribuciones patronales e impuestos.
En este sentido, Ponce destacó que la titular del organismo de recaudación, Mercedes Marcó del Pont, ya dio el visto bueno para otorgarle un plan de pagos por ser “una cooperativa de índole social”, en el marco del salvataje liderado por el Gobierno.
También fue preciso respecto de quienes están trabajando en la constitución del fideicomiso. Mencionó al Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Mario Cafiero; y al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que preside José Ignacio de Mendiguren.
El proyecto, según Ponce, también incluye a los acreedores privados de SanCor. Concretamente, mencionó en sus comentarios a la agroindustrial Basf (de capitales alemanes), al fondo de inversión BAF Capital y la firma holandesa AIG.
Desde el Gobierno, ningún funcionario de los citados admitió públicamente estar trabajando en el proyecto. Pero el propio Ponce advirtió que rigen “cuestiones de estricta reserva” y que los involucrados anunciarán su participación “cuando lo quieran decir”.
Las cifras
SanCor fue sufriendo un deterioro progresivo de sus operaciones, que determinó un proceso de desguace de sus marcas y plantas. Sobre todo durante 2019, año en el cual se desprendió del grueso de sus activos y también redujo fuertemente su dotación de personal, además de ver incrementada su deuda.
Los datos de la deuda bancaria de la unidad Sancor Cooperativas Unidas Limitada, según pudo verificar Ámbito en los registros del Banco Central, sumaban a abril de este año unos $280 millones. Además, contaba con 8.141 cheques rechazados por un total de $812 millones.
De todos modos, las estimaciones no oficiales de la deuda acumulada de todo el grupo dan cuenta de algo más de $12.000 millones, de los cuales casi la mitad corresponderían a compromisos pendientes con el fisco.
Si bien la situación de SanCor está muy lejos de ser la de Vicentin, los analistas del sector encienden luces de alerta sobre el destino de los ingresos que la cooperativa tuvo en los últimos años por venta de activos.
En febrero del año pasado, Adecoagro pagó u$s45 millones por las plantas de SanCor en Chivilcoy y Morteros, además de las marcas Las Tres Niñas y Angelita. Además, la cooperativa se había desprendido de SanCor Bebé por u$s206 millones; de la planta Afisa por u$s33 millones y del negocio de yogures y postres por u$s100 millones.