La tendencia preocupa a los organismos de derechos humanos. Desde que asumió Macri, ya son más los represores que purgan la condena en sus casas que aquellos que lo hacen en una cárcel.
En lo que va del año, 92 represores dejaron las cárceles para volver a sus casas. No son unos pocos beneficiados, sino que representan una tendencia que muestra que casi el 64 por ciento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura purga su condena o espera el juicio lejos de la prisión, según las estadísticas difundidas esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La situación preocupa a los organismos de derechos humanos, que temen que los arrestos domiciliarios funcionen como un mensaje de impunidad.
El año arrancó con el mismo número de represores en sus casas que como había terminado 2017: 549. Pero, en nueve meses, trepó a 641. La cifra difundida por el Ministerio Público Fiscal asombra más si se la coteja con el número de genocidas que están presos: solo 272. Y puede preocupar aun más si se presta atención a las estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) – que depende del Ministerio de Justicia: en establecimientos federales, solo hay 217 genocidas presos.
La tendencia a que haya cada vez más genocidas en la casa se acentuó con fuerza en 2016 – coincidentemente con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Hasta 2015, la propensión mostraba que el mayor número de condenados o acusados por delitos de lesa humanidad purgaba o esperaba su condena en la cárcel. Pero cambió en 2016, cuando los represores presos eran solo 460 y 519 los que estaban en domiciliaria. En 2017, el salto fue a 549 represores detenidos en sus domicilios. No es una variación tan significativa como la que ocurrió en los últimos meses y podría explicarse por la reacción social que generó el fallo del 2×1 de la Corte Suprema que abría la puerta para una liberación temprana de los genocidas. Sin embargo, este año el proceso se aceleró.