Esta semana la Comisión de Acuerdos tomará posesión de la oficina donde funcionará y le llegarán las cajas de documentación que recopiló la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de fiscales titulares y adjuntos. En total son 62 expedientes entre los que se encuentran los de Roberto Apullán y María Laura Martí por las escuchas telefónicas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
a Comisión de Acuerdos comenzará a funcionar esta semana en una oficina propia y de esa manera se pondrá en marcha el período de análisis de los 62 expedientes que acusan a fiscales y defensores provinciales por faltas leves o graves. El jueves pasado los diputados y senadores que integran ese cuerpo se reunieron con la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, quien les remitió un informe el 1 de febrero pasado con todos los detalles de la documentación que ahora deberán analizar los legisladores para juzgar el desempeño de los funcionarios del MPA y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.
Los casos con mayor trascendencia pública que allí se encuentran son los de los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes fueron denunciados el año pasado por el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a partir de considerar que esos funcionarios habían pinchado su teléfono de manera ilegal. Ahora eso será materia de investigación de los legisladores.
Al contar ya con un espacio físico, esta semana se hará el traslado hacia la Comisión de Acuerdos de todas las cajas con la documental que reunió la Auditoría en la investigación de fiscales y fiscales adjuntos. Pero el jueves pasado también hubo un intercambio de opiniones entre los legisladores sobre la necesidad o no de sancionar una nueva ley para ajustar la interpretación de lo que se votó en noviembre del año pasado, cuando la Legislatura le quitó a la Auditoría del MPA la facultad de investigar y sancionar a los fiscales.
En esa votación del 30 de noviembre de 2017 los legisladores dejaron en sus manos todo el proceso de juzgamiento y posible destitución de fiscales y defensores, aunque con la derogación de algunos artículos de la ley 13.013 quedó un vacío legal sobre quién debe actuar ante las faltas leves de esos funcionarios.
«La mayoría interpreta que las faltas leves no deben ser tramitadas ante la Comisión de Acuerdos. De modo que una vez que ingresen las denuncias, los asesores se abocarán a estudiarlas y evaluar sus causas para hacer un análisis de admisibilidad. En el caso de la que amerite un proceso de remoción se dará inicio a ese procedimiento y las que no serán remitidas a los fiscales o defensores regionales para que tramiten esas sanciones», explicó en diálogo con la actual presidenta de la Comisión de Acuerdos, la diputada socialista Inés Bertero.
Este proceso de análisis y admisibilidad que antes hacía Vranicich, para luego derivar las faltas leves a los fiscales y defensores regionales, ahora recae en la comisión. «En este caso seremos nosotros los encargados de hacer ese trabajo porque son facultades que ella ya no tiene», dijo Bertero que aclaró que ahora la auditora del MPA quedó «con poder sancionatorio pero de otros institutos, como la oficina que está a cargo de la capacitación y de otros órganos, pero ya no de fiscales y defensores».
Cómo sigue la historia
—Diputada Bertero, ¿qué va a pasar con los expedientes que Vranicich envió a la Comisión de Acuerdo?
—Son 62 los expedientes de los cuales algunos no fueron admitidos y fueron enviados a archivo. Hay otros que ya se concluyó con la investigación para dictar una sanción o volverlo analizar por la comisión para ver si amerita o no esa sanción y si es una falta leve o grave. Si es una falta que hace al buen desempeño, algún legislador o un miembro del Ejecutivo tendrán que ingresar a la comisión una acusación formal por escrito.
—¿Y las acusaciones que están abiertas?
—Ahí no creo que tengamos que hacer todo el proceso de nuevo. Lo que tendremos que hacer es tomar todas las pruebas y todo lo que tramitó la auditoría y emitir un dictamen respecto de la sanción o no de esa denuncia. Todas las denuncias se van a tramitar aquí en la oficina que ya habilitará esta semana la Comisión de Acuerdos para que los asesores técnicos hagan su análisis de admisibilidad para ver si son faltas graves que ameritan abrir un proceso de remoción o si son faltas leves se les remitirán a los fiscales o defensores regionales.
—¿Los casos de fiscales o defensores regionales que ya fueron juzgados por Vranicich van a ser revisados por la Comisión de Acuerdos?
—La ley que se votó en la Legislatura tiene efecto retroactivo, de modo que sí se va a volver a analizar si ameritan o no abrir un proceso de remoción.
El nuevo proyecto de ley
Al haberse derogado los artículos respecto de las faltas leves que estaban en la 13.013, varios legisladores interpretan que para restablecer esa potestad que tenían los fiscales regionales de sancionar las faltas leves se debe dictar otra ley. Ese tema será uno de los primeros sobre los que se avanzará en la Comisión que solo quiere abocarse a los casos graves.
El próximo encuentro de los miembros de la comisión será este miércoles. Allí se establecerá cuál va a ser el modelo de reglamento que va a regir el funcionamiento de la Comisión y se va a hacer el cambio de autoridades. Este año le corresponde a un senador la presidencia, por lo que el nombre saldrá de Rodrigo Leandro Borla (FPCyS), Alcides Lorenzo Calvo, Joaquín Raúl Gramajo o Rubén Regis Pirola (PJ). Además integran la comisión los diputados Alicia Gutierrez (SI-FPCyS), Inés Bertero (PS-FPCyS), Patricia Tepp (UCR-FPCyS), Gabriel Real (PDP-FPCyS), Julián Galdeano (UCR-FPCyS), Alejandra Vucasovich (Federal-Cambiemos), Julio Eggimann (Juntos por Santa Fe-PJ) y Leandro Busatto (Frente para la Victoria-PJ).