Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán un paro total de actividades durante 24 horas el próximo miércoles 12 de agosto, sin concurrencia a los lugares de trabajo. La medida se enmarca en el plan de lucha que llevan adelante en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Rosario, el gremio no docente Apur confirmó su adhesión a la jornada de protesta.

Entre los principales reclamos de las organizaciones sindicales figuran la actualización de los salarios, el pago de la deuda salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el envío de fondos destinados a los hospitales universitarios. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) informó que su Consejo Directivo resolvió realizar el paro del miércoles 12 de agosto.

Por su parte, la Conadu Histórica ratificó la continuidad del conflicto y anunció además un paro nacional del 18 al 22 de agosto. El gremio sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir distintos puntos de la normativa y señaló que la pérdida salarial acumulada alcanza al 28,5% hasta junio. También planteó la necesidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, con participación de estudiantes, trabajadores no docentes, investigadores y otros sectores del sistema científico y educativo.

El reclamo sindical también apunta a la falta de ejecución de recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso. Según las organizaciones, el Poder Ejecutivo lleva varios meses sin aplicar la norma ni la actualización salarial que reclaman a partir de resoluciones judiciales. Entre otros puntos, cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% destinado a gastos de funcionamiento de las universidades y de una partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.

Los gremios destacaron además la confirmación de una medida cautelar vinculada al conflicto universitario y la consideraron un resultado de la organización y la movilización de la comunidad educativa. La normativa de financiamiento fue aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente en instancias judiciales, incluida la Corte Suprema, pero el conflicto continúa abierto por la falta de acuerdo entre las universidades y el Gobierno nacional sobre su aplicación y el esquema de actualización salarial.

Desde el Gobierno nacional rechazaron la convocatoria al paro y calificaron la medida de fuerza como “prematura” e injustificada. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que los compromisos salariales asumidos en la negociación paritaria fueron cumplidos y señaló que el 10 de junio se firmó un acta que estableció un incremento total del 24,33%, distribuido en dos tramos: un 21,33% correspondiente a junio, ya liquidado y percibido por docentes y no docentes, y un 3% previsto para octubre.