Actos terroristas en las calles. Terroristas disfrazados de estudiantes, docentes o periodistas. Denuncias contra manifestantes por terrorismo. Javier Milei entró en una nueva fase de la batalla –que no solo es cultural–: el impulso de una agenda antiterrorista como parte de su alineamiento automático con los Estados Unidos y con las disidencias políticas como principales objetivos. El tema preocupa a organismos de derechos humanos, que advierten sobre la aplicación de posibles medidas de excepción para la persecución política.

En la última semana, el Presidente sorprendió con un diagnóstico: dijo que hubo actos terroristas en las calles –léase en las manifestaciones contra distintas medidas oficiales– y que en la prensa y en las universidades anidaban terroristas.

Tres semanas atrás, Milei había mandado a su canciller, Pablo Quirno, y al número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez, a una cumbre que organizó el Departamento de Estado en Washington. Allí, su titular, Marco Rubio, planteó que tras 25 años de una hipótesis centrada en el terrorismo islámico era hora de ampliar la mirada y hablar del resurgimiento del “terrorismo político”. Cuando la administración Trump habla de “terrorismo político”, habla de la izquierda.

Para evitar eufemismos, Rubio mencionó ejemplos concretos como Montoneros o Tupamaros y dijo que ese “terrorismo político” podía ser derrotado porque ya lo había sido en el pasado. La receta era una: compartir inteligencia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad.

El diputado nacional Agustín Rossi pidió a la Cancillería que brinde datos: qué dijo Quirno en el encuentro en el Departamento de Estado y a qué se comprometió. El Ministerio de Relaciones Exteriores le informó a Rossi que la respuesta se demorará al menos otros quince días hábiles.

Una semana después de la cumbre del Departamento de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mandó a su número dos, Andrew Bailey, de visita al país. Bailey se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y también visitó el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que depende de la SIDE.

La visita de Bailey al CNA se habría registrado el 29 de julio, pero recién diez días después la Casa Rosada comunicó la reunión. Fue después de que el propio FBI compartiera imágenes en sus redes sociales. “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”, escribió la agencia estadounidense mientras exhibía fotos de Bailey con autoridades de la SIDE y el embajador Peter Lamelas.

Por estos días, Lago Rodríguez también agradeció desde su cuenta de X haber sido recibido por el Centro Contraterrorismo de los Estados Unidos, creado en 2003, después de los atentados contra las Torres Gemelas.

Desde la SIDE buscan presentar al CNA, que se creó en octubre del año pasado mientras Trump lanzaba un rescate para que Milei ganara las elecciones de medio término, como el espejo de ese centro contraterrorismo. En todo caso, el CNA es la cristalización de los acuerdos internacionales que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La propia SIDE afirma que fue creado en colaboración con el FBI y se jacta de que es el primer centro de este tipo en la región.

“La agenda antiterrorista es uno de los ejes principales de la política exterior del Gobierno, y hace al alineamiento con los Estados Unidos e Israel”, sostiene Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Esto se inscribe en la política de seguridad de Estados Unidos, de la que Argentina participa, y cuyo objetivo es garantizar la seguridad estadounidense. En ese marco, la migración y el terrorismo se convierten en ejes centrales y cualquier disidencia política en la región puede ser encuadrada como terrorismo, junto con el conflicto social, el crimen organizado y el narcotráfico”, apunta, por su lado, Claudio Pandolfi, docente en la licenciatura de la Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Para la diputada nacional Myriam Bregman, la apelación al discurso antiterrorista se da en un contexto particular de movilización contra el gobierno. “La extranjerización y el sometimiento a Estados Unidos son la base de estas políticas que van a usar para perseguir opositores y criminalizar la protesta bajo el título de ‘antiterrorismo’. Más aún cuando la injerencia de Estados Unidos en la región viene incrementándose, como vimos en Venezuela y Cuba. Tenemos que estar muy alertas y repudiar porque no es ninguna casualidad que hagan esta ‘nueva cumbre’ entre autoridades del FBI y la SIDE cuando venimos de una masiva movilización opositora contra Milei en defensa de nuestra soberanía”, afirma la dirigente del PTS-FIT.

El rol de la justicia

El lunes pasado, Milei consiguió un aliado en su cruzada antiterrorista. Horas después de que Milei hablara de terroristas en las calles y en las universidades, el procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para incorporarse al CNA. Según se explica en ese texto, el Gobierno había invitado al Ministerio Público a ser parte del organismo en octubre pasado. O sea, Casal esperó casi diez meses para sumarse. Su decisión fue festejada por las fuerzas celestiales que se alinean detrás de Santiago Caputo, quien tiene bajo su órbita la SIDE.

El procurador decidió que sus enlaces con el CNA sean los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), una dependencia creada en 2018. Se trata de Juan Olima Espel y Armando Antao Cortez. Olima es, además, la ligazón con la SIDE tras las reformas que el Presidente impulsó mediante un DNU.

Según el último relevamiento público de la SAIT, hasta noviembre de 2022, había 33 causas que podrían ser clasificadas como de terrorismo en la justicia federal: las que aplican figuras como el 41 quinquies del Código Penal (duplica penas), 213 bis (imponer ideas y combatir las ajenas a través de la fuerza o el temor) y el 306 (financiamiento del terrorismo).

El Ministerio de Seguridad presentó el viernes una denuncia en Comodoro Py para que se investigue y detenga a quienes se manifestaron contra la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En su presentación, invocó el artículo 41 quinquies. Esta figura se intentó usar contra los detenidos por protestar contra la Ley Bases en junio de 2024 y ahora la impulsa el fiscal Carlos Stornelli contra quienes están detenidos por manifestarse contra la reforma laboral.

“Vemos una total genuflexión del Ministerio Público y permeabilidad de los jueces al mandato represivo del gobierno. El 41 quinquies se refiere a hechos que provoquen ‘terror en la población’. Lo que aterroriza en las movilizaciones no es la gente que protesta, resiste y se defiende; lo que aterroriza son las fuerzas de seguridad disparando a la cara, gaseando, golpeando y deteniendo gente al voleo”, sostiene María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Batalla cultural y algo más

En las entrevistas que concedió, Milei culpó a Antonio Gramsci de inspirar cierto entrismo en universidades para colmarlas de “terroristas”. Sostuvo que una de las impulsoras de esta estrategia había sido Cristina Fernández de Kirchner, posiblemente al atar la presencia de estudiantes de otros países dentro de las casas de altos estudios.

Uno de los aliados de Milei, Agustín Laje, hizo una relectura del intelectual marxista italiano. Laje es la cara visible de la Fundación Faro, el think-tank oficialista, que provee ideas al Presidente para la “batalla cultural”. Días atrás, Laje desempolvó la idea de una “campaña antiargentina” –como la que usó la dictadura en 1978– y terminó dando sustento ideológico al DNU antimigrantes que firmó el Presidente.

En los últimos días, la Fundación Faro presentó en sociedad un grupo de análisis sobre geopolítica y seguridad nacional –doctrina enfocada en el enemigo interno–. Uno de sus miembros, Federico Domínguez, celebró en redes la visita del enviado del FBI al CNA.

“En un mundo donde las amenazas híbridas se multiplican, y donde los vínculos entre gobiernos de izquierda y el narcotráfico, así como los intentos de injerencia de potencias extranjeras, son significativos, estas cuestiones son fundamentales”, escribió. El tuit dejaba en claro que, para la Fundación Faro, el vínculo con Estados Unidos parece ser casi natural y, por ende, ajeno a la idea de una injerencia extranjera.

Durante dos décadas, la guerra contra el terrorismo –promovida por los Estados Unidos– mostró cómo se habilitaron la violación de la soberanía, los secuestros y las torturas sin límite, y la impotencia de las organizaciones creadas a mediados del siglo XX. La violación de los derechos humanos fue la constante, que ahora amenaza con volver.

“Estamos ante una orientación política muy peligrosa, que lleva toda la discusión a los márgenes de la justificación de la excepcionalidad. Lo más preocupante es la legitimación de la persecución política y la habilitación del uso de tecnología de vigilancia masiva y la transferencia de datos”, advierte la directora del CELS.