En el marco del proyecto AMBA, los espías macristas reportaban la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían, sus referentes y hasta sus números de teléfono. Los detalles.
El gobierno de Mauricio Macri espió hasta en comederos y merenderos de la provincia de Buenos Aires. Las tareas de inteligencia ilegales en esos centros de contención social se realizaron desde el proyecto AMBA, es decir, las bases de operaciones que la AFI macrista montó en territorio bonaerense a principios de 2017. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, reveló todo este entramado a partir de profundizar en un legajo que involucraba a un alto directivo de la AFI en el D’Alessiogate.
Uno de los capítulos que aborda la resolución de Ramos Padilla, que se extendió por 342 páginas, se titula: “Recopilación de información sobre organizaciones comunitarias. Comedores y merenderos populares”.
“Corresponde destacar que gran parte de la tarea de inteligencia desplegada por las BASES AMBA se encontró dirigida a efectuar un relevamiento de las actividades de organizaciones políticas, sociales y comunitarias con despliegue en el territorio bonaerense. Se realizaron diferentes informes en los que se relevó una caracterización de cada organización, la ubicación geográfica de sus locales operativos (unidades básicas, comités, centros comunitarios, comedores, etc.) y los datos personales de sus referentes”, indicó el magistrado de Dolores.
En ese marco, “se observaron múltiples documentos dirigidos a recopilar información sobre organizaciones sociales y comunitarias, tales como comedores y merenderos populares. Se trata de informes elaborados por diferentes bases que pretendían reportar la distribución geográfica de estas organizaciones, cuántos niños asistían a ellas, sus referentes y, en algunos casos incluso, sus abonados telefónicos”.
A título ilustrativo, Ramos Padilla hizo referencia al documento “Merendero Todo por los chicos”, donde “agentes de la Base Haedo efectúan un informe sobre un comedor comunitario ubicado en la localidad de Morón”.
En la ficha sobre ese caso puede leerse una serie de preguntas que los espías debían contestar: “¿Recibe mercancía del Estado? ¿De quienes?”, se consulta. “Si, una vez al mes recibe mercadería del municipio a través de la U.G.6 , aclara que no le entregan la cantidad necesaria y que a veces no le entregan algún producto ya pactado, por ejemplo este mes le faltó queso”, llenó al agente.
En las “observaciones” de esa misma ficha sobre el “Merendero Todo por los chicos”, se señala: “Cabe aclarar que según dichos de la Sra. Gómez, el año pasado debió militar para el Intendente Ramiro Tagliaferro, y por ello concurría a una sociedad de Fomento sobre la calle Carmen de Patagones, cuya dirección no recuerda. Aclaró que en dos o tres semanas le comunicarían que debía concurrir a recorrer casas en los barrios como ya había hecho el año anterior. Que su comedor no tiene aún la habilitación oficial, la cual está tramitando en la Oficina nro. 3 de Acción Social, agregando que le refirieron en el Municipio que cuando la posea las entregas de mercaderías serán semanales”.
El espionaje en Provincia
De acuerdo a la pesquisa, la AFI macrista expandió de 3 a 9 sus bases de operaciones en la provincia de Buenos Aires. A las bases que ya tenía la agencia como la de Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata se sumaron las de Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esta última estuvo a cargo del imputado Ricardo Bogoliuk, procesado en el marco del D’Alessiogate. Era el jefe del espía ilegal Marcelo D’Alessio, quien también operaba por la zona de Ezeiza.
En tanto, el jefe del proyecto AMBA –que funcionó de manera oficial entre abril y diciembre de 2017- fue Pablo Pinamonti, quien había sido indagado en el marco del D’Alessiogate. Al profundizar sobre su rol, Ramos Padilla solicitó información a la intervención de la agencia de inteligencia y se encontró con todo este entramado ilegal.
El juez apuntó contra la jefatura de la exSIDE. A la hora de detallar el circuito de la información que era recabada de forma ilegal en la provincia de Buenos Aires, señaló: “En forma cotidiana y permanente, las BASES AMBA reunían información vinculada a las actividades políticas de la oposición en los diferentes distritos del Gran Buenos Aires, la cual luego era procesada y analizada en informes semanales y reportados a la superioridad, la que culminaba con el ciclo de inteligencia a través de la planificación y toma de decisiones teniendo como base aquella información de inteligencia prohibida”.
Ante este marco, el juez de Dolores dictó el procesamiento de los exagentes de inteligencia Pinamoni y Bogoliuk y citó a prestar declaración indagatoria los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros.