El anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de que el sistema acusatorio comenzaría a regir desde este mismo lunes 18 en el fuero federal de Rosario y zona de incumbencia, generó revuelo en el Poder Judicial, motivó un pedido de postergación por parte del Procurador General de la Nación y provocó que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se trasladase de urgencia para reunirse con los jueces federales en la ciudad del sur. Finalmente, el gobierno decidió correr la fecha al lunes 6 de mayo.

El pase del sistema inquisitivo al acusatorio, tal como el que rige en la justicia provincial santafesina, implica básicamente incorporar el procedimiento oral en reemplazo del escrito y modificar sustancialmente la tarea de fiscales y jueces. Los primeros asumen un rol protagónico y son los que llevan adelante las investigaciones (y ordenan las detenciones), mientras que se reserva a los segundos la función de garantizar la constitucionalidad del procedimiento y el respeto de las formas y los derechos, y luego juzgar desde una condición absolutamente neutral. Por lo demás, un órgano externo (que en Santa Fe se llama Oficina de Gestión) es la que se ocupa de fijar las fechas y organizar las audiencias.

Por las características del sistema, que conlleva una división de roles más ajustada a la Constitución (al preservar la imparcialidad de los tribunales), pero también mayor transparencia y celeridad, es un reclamo de todos los actores del sistema de justicia, y su implementación a nivel nacional, desde la sanción del Código Procesal Penal de la Nación en 2019, se venía dando a un paso muy lento, al punto que solo funciona actualmente en Salta y Jujuy. Uno de los compromisos asumidos por Cúneo Libarona al hacerse cargo del ministerio fue avanzar de manera decidida en la implementación integral, y también había adelantado la voluntad de apurar los tiempos específicamente en Rosario.

El problema fue que la decisión tomó por sorpresa a todos, y sin que se hubiesen tomado los recaudos, cubierto los cargos y reorganizado las estructuras necesarias para ello. Tarea que, según ponen de resalto, no se podían haber hecho en tres días.

Cruce de comunicados

Desde el gobierno hicieron saber este jueves que «en el marco de la grave situación de violencia y avance del narcotráfico en Rosario y su área metropolitana, en concordancia con otras acciones que llevará a cabo el Ministerio de Justicia, Cúneo Libarona resolvió la inmediata entrada en vigencia del Cppf en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de Rosario a partir de la hora cero del lunes 18 de marzo».

«La ley que incorpora a la legislación argentina el Cppf busca la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos. Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana, ya que alrededor del 70% de los 500 homicidios (2022-2023) son resultado de delitos complejos del orden federal», agrega el comunicado del Ministerio de Justicia.

Al desconcierto inicial siguió la inmediata reacción del Procurador General Eduardo Casal. El jefe de los fiscales federales ratificó su compromiso con la pronta implementación del sistema acusatorio, pero pidió un «tiempo prudencial» para ponerlo en ejecución.

En un documento de cuatro páginas, Casal dijo que «la inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución [por el Ministerio Público Fiscal], considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige».

«A la fecha no existe la oficina judicial, órgano central en este sistema, que debe determinar el cronograma de las distintas audiencias que genera la nueva forma de litigación», dijo, entre otras puntualizaciones referidas a la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura edilicia y tecnológica, el estado de los laboratorios, y capacitaciones a magistrados, funcionarios, empleados y fuerzas de seguridad.

Dentro de la tormenta

Entre los jueces federales de Rosario prima la convicción de que el sistema debe ser puesto en marcha, y que eso debía ocurrir cuanto antes. Pero también, que hacerlo requiere, además de los recursos necesarios, de un tiempo de adecuación de al menos tres meses.

Sobre la base de esta premisa, Horacio Rosatti desafió la tormenta que, entre otros sitios, se cernía sobre la autopista que une Buenos Aires y Rosario, y se trasladó a la ciudad santafesina para encontrarse con los magistrados del fuero. La reunión se extendió por más de 4 horas con todos los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada por Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello, José Guillermo Toledo y Élida Vidal.

Según recoge Ámbito, Rosatti ofició como una suerte de nexo para compatibilizar posiciones, obteniendo, por un lado, el compromiso de los jueces en el avance del sistema acusatorio y manteniendo comunicación con el Poder Ejecutivo para garantizar una extensión de tiempo que les permita trazar una estrategia eficaz. A la par, se mantuvo online con el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz para una coordinación institucional que tuviese al máximo Tribunal de respaldo. Luego se volvió a Buenos Aires, también por tierra (o bajo de agua) y, según destacaron a El Litoral desde la órbita del Máximo Tribunal, «a paso de hombre».

La respuesta no se hizo esperar y este mismo viernes, el Ministerio de Justicia de la Nación resolvió prorrogar hasta el próximo 6 de mayo la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Rosario.