El sistema penitenciario santafesino cerró 2025 con un dato que no es nuevo pero alarma: casi cuatro de cada diez personas privadas de libertad aún no tienen una condena firme.

El dato surge del Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD), firmado por la titular Estrella Moreno Robinson, y que fue presentado formalmente la semana pasada en la Legislatura provincial.

Según detalló el documento, del total de 11.760 personas detenidas en unidades penales de la provincia, el 39% se encuentra bajo prisión preventiva, mientras que el 61% cumple una condena firme.

El informe señala además que la evolución del sistema penitenciario provincial muestra una tendencia ascendente durante la última década, alcanzando en 2025 una tasa de 351 detenidos cada 100 mil habitantes. Es un dato que ubica a Santa Fe por encima de la media nacional, que según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) se ubica en 284 detenidos cada 100 mil habitantes.

El problema es mayor si se considera que, siempre de acuerdo con el relevamiento, las cárceles santafesinas cuentan con una capacidad declarada de 8.816 plazas, aunque actualmente alojan 11.760 personas, lo que genera un déficit de 2.944 lugares.

El propio Ministerio Público de la Defensa advirtió que la brecha entre población detenida y cupos disponibles «pone en tensión no solo la infraestructura penitenciaria sino también el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad».

Sobre este punto, no obstante, se puede destacar la construcción de la nueva cárcel ubicada en Recreo, localidad cercana a la ciudad de Santa Fe, donde el Gobierno provincial prevé incorporar alrededor de 7200 plazas para combatir la sobrepoblación.

Mientras tanto, desde el MPD observaron que «el crecimiento del cupo no se condice con ampliaciones edilicias en respeto a un estándar digno de alojamiento».

Según se explicó en el informe, esta sentencia corresponde a lo que sucede en la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda, que presenta un excedente de 1052 personas respecto de su capacidad declarada, mientras que la Unidad Penal N°11 de Piñero registra una sobrepoblación de 896 detenidos.

Insalubre y violento

El documento del MPD incorporó además una extensa recopilación de testimonios obtenidos durante inspecciones y monitoreos realizados en unidades penitenciarias y dependencias policiales.

Entre los reclamos más frecuentes aparecen las denuncias por la «calidad y cantidad» de la comida suministrada, las dificultades para mantener contacto con familiares, las deficiencias edilicias y los problemas de acceso a la atención médica.

Según el relevamiento, se detectaron instalaciones eléctricas precarias, falta de agua caliente, baños en mal estado, ausencia de elementos de higiene y problemas recurrentes de plagas, con presencia de cucarachas y roedores.

En materia sanitaria, personas alojadas en distintas unidades señalaron que muchas veces deben recurrir a sus defensores públicos para obtener atención médica.

El informe menciona que en establecimientos como el Complejo Penitenciario de Rosario, Piñero, la Unidad 12 y la Unidad 3, los internos afirman que sin intervención judicial resulta difícil acceder a consultas médicas o tratamientos.

El Ministerio Público de la Defensa también registró, durante 2025, 93 víctimas que denunciaron 189 hechos de torturas, malos tratos y otras formas de afectación de derechos en cárceles santafesinas.

El informe identifica a la cárcel de Piñero como la unidad con mayor cantidad de menciones por hechos violentos, seguida por Coronda y Las Flores. Por cierto, un grupo de mujeres familiares de detenidos en la UP 11 denunció el lunes que a los internos del pabellón 6, asignado a los «presos de alto perfil», les interrumpieron las visitas desde hace tres semanas, y que ahora tampoco les permiten recibir alimentos ni elementos de higiene personal.

Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es el subregistro de denuncias, dado que apenas el 30% de las víctimas manifestó voluntad de iniciar acciones legales.

Entre quienes decidieron no denunciar formalmente, predominan el «temor a represalias» y la convicción de que una presentación judicial podría «empeorar» sus condiciones de detención.