El conflicto en torno al financiamiento universitario no puede reducirse a una disputa presupuestaria. Se trata, más bien, de un conflicto profundamente político que involucra, a la vez, el futuro del sistema universitario y la orientación de un proyecto político económico nacional. Es también, como bien señalara Germán Pinazo, una expresión de la deriva autocrática que caracteriza a este gobierno: un gobierno que no cumple la ley, que no acata medidas judiciales, que ha decidido que la legalidad vigente es, para él, optativa.

Los hechos son precisos. La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025. Fue votada y ratificada por el Congreso Nacional en ambas cámaras. Existe, además, una medida cautelar judicial que obliga al Ejecutivo a cumplirla. Y, sin embargo, el Poder Ejecutivo no la cumple. No se trata de una diferencia de interpretación jurídica ni de un conflicto de competencias, se trata del incumplimiento deliberado de una norma vigente, lo cual constituye causal de juicio político y delito penal para los funcionarios responsables.

Se trata de una violación del Estado de derecho, y debe llamarse por su nombre.

El desarrollo que ha tomado el conflicto no contradice este diagnóstico: el reciente acuerdo entre el gobierno, el CIN y las federaciones gremiales estableció un incremento salarial y presupuestario que no cubre lo propuesto por la ley y dejó sin actualizar la mayor parte de las becas estudiantiles, sin ajustarse a lo que la norma exige. Esto no altera la cuestión de fondo: una ley no se empieza a cumplir, se cumple o no se cumple, y un incremento parcial, negociado por fuera de los términos que la propia ley fija, sigue siendo incumplimiento.

Ahora bien, cabe preguntarse por qué la universidad concita una hostilidad que excede la lógica del ajuste y adquiere un carácter marcadamente político.

La respuesta, lejos de ser obvia, remite a una cuestión de orden discursivo, epistemológico y político. El discurso de la fuerza en el gobierno -y del ecosistema mediático que lo sostiene y amplifica- no falla en sus argumentos: renuncia directamente a la pretensión argumentativa.

Sus enunciados se contradicen en el mismo evento y en cuestión de horas; producen cifras que, al cruzarse entre sí, arrojan imposibles matemáticos; manipulan metodologías estadísticas para que los índices midan lo que conviene; niegan realidades directamente observables y cuantificables. Y ese discurso es, además, deliberadamente cruel, cínico, a menudo escatológico. No yerra, sino que desprecia. En ese marco, la universidad resulta particularmente incómoda por múltiples motivos.

Por un lado, produce un tipo de articulación discursiva radicalmente distinta, basada en el pensamiento crítico y complejo, en la lógica y en la evidencia, sostenida mediante procesos de verificación, debate entre pares y producción colectiva de conocimiento. La universidad no es un mero contrarrelato, sino que opone, más fundamentalmente, el principio de que los enunciados deben justificarse. Releva, analiza, debate, publica, expone.

En ese sentido, no es simplemente un espacio que produce conocimiento incómodo para este gobierno sino que es una institución que encarna una racionalidad diferente, y eso la vuelve estructuralmente insoportable para una lógica de poder que se sostiene en la impunidad argumental.

Asimismo, el desmantelamiento y la degradación progresiva de la universidad pública se inscriben en un proyecto de país cuyas coordenadas son bastante precisas. El modelo en curso concentra el crecimiento en los sectores extractivos -agropecuario, hidrocarburos, minería- mientras la industria manufacturera se contrae, se destruyen decenas de miles de empresas y el empleo calificado se evapora. Los marcos legales que lo sostienen -el RIGI y su versión ampliada- consolidan un esquema de enclave: se extrae el recurso natural en bruto, se exporta, y no se exige ni procesamiento local ni integración con proveedores nacionales.

Los sectores extractivos requieren inversión de capital intensivo, pero absorben poca mano de obra, y esta no requiere, en términos generales, del tipo de formación que produce la universidad pública. Un país que exporta litio sin procesarlo no necesita investigadores que desarrollen baterías. Un país que importa tecnología no necesita ingenieros que la produzcan.

Un modelo que produce desigualdad de manera estructural encuentra en las ciencias sociales una incomodidad particular, la de disciplinas cuyo oficio es estudiar, medir y hacer visible exactamente aquello que ese modelo necesita que permanezca invisible: las condiciones sociales que produce, quiénes las padecen, a quiénes beneficia y por qué.

En ese esquema, el sistema universitario y científico-tecnológico no sobra por ineficiente sino porque es, estructuralmente, incompatible con el modelo.

A eso se suma una dimensión que conviene no soslayar: la universidad es, en su funcionamiento cotidiano, un espacio de circulación política institucionalizada. No porque sea un espacio perfecto ni ajeno a sus propias tensiones y deficiencias -que las tiene, y no menores- sino porque su arquitectura habilita la elección de autoridades, la representación plural, la libertad de definir qué se lee y desde qué perspectiva.

Y, más fundamentalmente, es uno de los pocos lugares donde todavía el pensamiento tiene tiempo y espacio institucional para desarrollarse, donde se leen cosas que no circulan en la vida cotidiana, donde esas lecturas se debaten, donde las ideas encuentran condiciones para volverse colectivas. Esto no es un accidente sino el resultado de una institucionalidad construida a lo largo de los años para que así funcione no sólo en tanto institución formadora o productora de investigación básica, sino también en tanto dispositivo de producción de pensamiento transformador, que cuestiona lo dado y permite pensar escenarios colectivos diversos.

Finalmente, nos interesa resaltar un punto central. Hay una dimensión que el debate presupuestario tiende a obliterar y que remite a que la universidad pública argentina no es una política que el Estado provee cuando las condiciones fiscales lo permiten, sino una conquista histórica que la sociedad argentina construyó, disputó y sedimentó a lo largo de más de un siglo y que en ese proceso se volvió parte de lo que los argentinos entendemos que nos pertenece.

Su especificidad no es trivial: la gratuidad, el ingreso irrestricto y la calidad académica sostenida no son rasgos naturales del sistema universitario, sino el resultado de luchas concretas que dejaron huellas institucionales y, también, huellas en el colectivo social. Y es precisamente esa sedimentación histórica la que convierte a la educación superior pública en algo que los argentinos no experimentamos como una mera prestación estatal, sino como un derecho adquirido, en el sentido más concreto del término: algo que se ganó.

Nos referimos a que una generación pueda llegar a donde la anterior no llegó, no por excepción ni por mérito individual extraordinario, sino porque existe un sistema que lo hace posible de manera sistemática. Que en muchas universidades del país una proporción significativa de quienes estudian sean los primeros universitarios de sus familias no es un dato sentimental, sino la evidencia de que ese mecanismo funciona y ha funcionado, y de que su desmantelamiento tiene costos que no se miden en partidas presupuestarias.

Interrumpirlo no es sólo una decisión de política fiscal, es romper un mandato que la sociedad argentina construyó a través de luchas y conquistas que nunca fueron definitivas y que siempre requirieron ser defendidas. Por eso, este ataque genera resistencia.

Esta resistencia no es la de quienes desconocen las limitaciones y las deudas de lo que defienden. Quienes trabajamos en la universidad la conocemos desde adentro y sabemos que tiene deficiencias estructurales, que su acceso está desigualmente distribuido, que la permanencia y el egreso plantean problemas que el ingreso irrestricto solo no resuelve. Pero la conclusión que se desprende de esa constatación no es el desmantelamiento, es más y mejor universidad. Más becas, más acompañamiento, más docencia, más clases, más infraestructura, más política científico-tecnológica, más CONICET.

El problema de la universidad pública no se resuelve con menos, se resuelve con el tipo de inversión sostenida que este gobierno ha decidido, deliberadamente, no hacer.

Lo que está en juego, en definitiva, es una pregunta sobre el tipo de país que se está configurando. Si Argentina va a seguir siendo un país capaz de producir su propia agenda de conocimiento, o si va a ser uno cuya producción intelectual se subordine a los requerimientos de un modelo que no necesita lo que la universidad forma.

Si va a seguir siendo un país donde el lugar de nacimiento, el apellido o el ingreso familiar no determinen de manera definitiva el horizonte de vida posible. Si van a existir espacios donde el conocimiento se construye de manera colectiva y con autonomía de agenda, o si la única educación que sobreviva va a ser la que dicte el mercado.

Esta lucha exige claridad política. Sin negociaciones, sin soluciones intermedias. Un gobierno que no cumple la ley, que viola medidas judiciales, que ataca sistemáticamente el pensamiento crítico, no responde a argumentos, responde a una movilización que no cede.

La radicalidad que esta coyuntura requiere no es una postura ideológica abstracta: implica asumir que debemos pelear, con todas las herramientas disponibles, de manera constante.

La universidad pública tiene que defender su existencia con la misma lógica con la que se construyó, la de la lucha colectiva, la resistencia y la discusión abierta. Porque no hay camino de compromiso posible con quienes tienen como objetivo la destrucción de lo público. Hay, solamente, un camino: pelear hasta que cumplan la ley.

*Licenciada y Doctora en Ciencia Política por la UNR. Docente de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la UNR.