La Justicia avanza con el expediente por el festival de créditos hipotecarios concedidos a funcionarios y legisladores libertarios. El juez federal Ariel Lijo decidió impulsar la investigación y ordenó una serie de medidas, entre otras, que la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice un relevamiento integral sobre los préstamos otorgados por el Banco Nación durante los últimos tres años. Al Banco Central le requirió que aporte el marco normativo de los préstamos y si existió una flexibilización a partir de diciembre de 2023. El objetivo es determinar si hubo irregularidades en su concesión.

La decisión llegó después de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara formalmente el expediente contra una decena de personas —entre funcionarios, diputados y un empleado de la Cámara de Diputados— y solicitara una batería de medidas destinadas a esclarecer si las operaciones crediticias se ajustaron a las condiciones y exigencias habituales de la entidad financiera.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Los delitos a investigar son administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los pasos de la Justicia

Como parte de las primeras medidas, el Banco Nación ya aportó documentación preliminar con los antecedentes de los créditos cuestionados. Sin embargo, el juzgado consideró necesario avanzar un paso más y requirió al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, “una amplia auditoría” sobre la política de otorgamiento de créditos hipotecarios, con la intención de reconstruir el circuito administrativo que permitió esas operaciones y establecer quiénes resultaron beneficiarios.

El magistrado también dispuso revisar en detalle el esquema crediticio aplicado por la entidad bancaria. Esto incluye el análisis de reglamentos internos, manuales operativos, circulares y cualquier otro documento que permita reconstruir los criterios utilizados para la aprobación de los préstamos.

En paralelo, Lijo resolvió notificar a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, un organismo clave dentro del sistema de control estatal, para que tome conocimiento del avance del expediente.

El fiscal Pollicita, además, había reclamado una serie de informes destinados a reconstruir el marco normativo vigente. Por eso, se requirió al Banco Central que detalle las reglas que rigen la concesión de créditos hipotecarios en el sistema financiero y que precise si se introdujeron modificaciones regulatorias desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.

Otro de los ejes centrales de la investigación es el análisis de los legajos crediticios. El magistrado solicitó al Banco Nación las carpetas completas vinculadas a los préstamos otorgados desde 2023 a los funcionarios y legisladores señalados en las denuncias. El juzgado, asimismo, requirió documentación detallada sobre las propiedades adquiridas con esos créditos, los informes de evaluación crediticia realizados por la entidad, las escrituras correspondientes y los mecanismos utilizados para cancelar los montos involucrados.

Los nominados

Del equipo económico del Gobierno figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el asesor del ministro de Economía, Felipe Núñez; y el miembro del Banco Central, Pedro Inchauspe. Entre los tres acumularon préstamos por 1.000 millones de pesos. De Presidencia aparece Juan Pablo Carreira, un troll libertario conocido en redes sociales como “Juan Doe”, que consiguió un crédito por 113 millones de pesos.

En la lista aparecen préstamos millonarios a los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni. Además, figura el director de YPF, Emiliano José Mongilardi, beneficiario con 309 millones, y el sobrino y asesor de Martín Menem, Sharif Menem, quien, con tan solo 24 años, recibió otros 357 millones de pesos.

El caso se suma a otras investigaciones que hoy orbitan en el despacho de Lijo y que mantienen en alerta al oficialismo. Entre ellas figuran el expediente por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el expediente sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora esta trama vinculada a préstamos hipotecarios de alto monto otorgados a figuras del mundo libertario.