La imputación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque dio un giro decisivo con la incorporación al expediente de su esposa, la funcionaria judicial Graciela Martínez Maulión, señalada por el Ministerio Público Fiscal como coautora de una maniobra de lavado de activos vinculada a la compra de un terreno en un country de Funes. Para los fiscales, el lote, adquirido en 2020 mediante una operación con la constructora Edeca SA —que por entonces era investigada por subfacturación de IVA en el juzgado del propio Bailaque—, habría sido pagado con fondos provenientes de una extorsión a empresarios rosarinos. La causa, según estableció la investigación, terminó prescribiendo sin avances procesales.

El origen de la pesquisa se remonta al testimonio como imputado colaborador del financista Fernando Whpei, detenido e imputado junto a Bailaque y al exjefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, en una trama de extorsiones y lavado de dinero. Whpei declaró que el magistrado le pidió el contacto del empresario Marcelo Burgués, titular de Edeca SA, porque estaba interesado en invertir en el barrio cerrado Vida, en Funes. Agregó que tiempo después el exjuez le informó que había concretado la operación y que pondría el terreno a nombre de su esposa. Según el arrepentido, el dinero utilizado provenía de los 160.000 dólares cobrados a los financistas Claudio Iglesias y Jorge Oneto para frenar una causa por lavado abierta en 2019.

Burgués confirmó luego que conoció a Bailaque por intermedio de Whpei y admitió que recibió dos pagos en efectivo de 35.000 dólares cada uno, uno de ellos en el despacho del juez, cuando se acercó a consultarlo por el lote. La fiscalía sostuvo que la escrituración del terreno en agosto de 2020 se realizó a un precio sensiblemente inferior al de otras operaciones similares de la misma desarrolladora y que coincidió con el momento en que la causa contra Edeca continuó sin impulso hasta su prescripción.

El caso se inscribe, según fuentes judiciales, en un patrón histórico de expedientes por delitos tributarios en los juzgados federales de Rosario que permanecieron inactivos hasta su vencimiento. Para los investigadores, reconstruir estos procesos permite explicar por qué durante décadas las condenas por delitos penales tributarios en la jurisdicción fueron excepcionales.

En su presentación ante el fiscal Jorge Argibay, Bailaque negó en forma categórica haber utilizado fondos ilícitos para la compra del lote y rechazó haber solicitado a Whpei el contacto del empresario. Sostuvo que recorría con su esposa la zona de Funes en búsqueda de terrenos y que fue Whpei quien le ofreció vincularlo con Burgués. También afirmó que desconocía que Edeca tenía una causa en su juzgado, dado que muchas de las actuaciones ingresadas por AFIP se caratulan con denominaciones genéricas que no permiten identificar a las empresas involucradas.

Durante la audiencia imputativa, el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues da Cruz aceptó la calificación propuesta por la fiscalía y dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Martínez Maulión y de los hijos del exjuez, todos empleados judiciales. También ordenó que no se realicen modificaciones ni mejoras en el terreno mientras se desarrolla la investigación, aunque rechazó el pedido de embargo solicitado por el fiscal sobre los bienes de la esposa del exmagistrado.

La defensa de Martínez Maulión, encabezada por el abogado Víctor Corvalán, afirmó que la imputación carece de sustento probatorio y que la operación inmobiliaria se realizó con fondos lícitos. Consultado por La Política Online, Corvalán sostuvo textualmente: “La propia fiscalía reconoció que en su declaración jurada del año anterior mi clienta consignó 30 mil dólares. La operación cuestionada fue apenas algo más que eso. No hay un solo elemento que vincule a Graciela Martínez con una maniobra delictiva. La evidencia mencionada por los arrepentidos refiere únicamente al exjuez, no a ella”. El abogado agregó que Martínez Maulión es funcionaria judicial de larga trayectoria y que puede demostrar el origen lícito de sus ingresos.

El fiscal Argibay, por su parte, adelantó que insistirá con un pedido de decomiso sobre el inmueble en caso de que se produzca una condena y que se investigarán las cuentas patrimoniales del núcleo familiar del exmagistrado para determinar si existe un desbalance entre sus ingresos declarados y los bienes adquiridos. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis patrimonial, con medidas ordenadas sobre movimientos bancarios, declaraciones impositivas y comunicaciones vinculadas a la operación inmobiliaria.