El debate sobre la letalidad y el uso de las pistolas Taser se reavivó con la reciente implementación de estos dispositivos por parte de la Policía de Santa Fe, controversia que se intensificó con el curioso “trascendido” de que el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se sometieron voluntariamente a una descarga de estas armas.

Este acto, que buscó demostrar la seguridad y baja letalidad de los dispositivos, se produjo en un momento en que el gobierno provincial implementa su utilización en Rosario y Santa Fe bajo el argumento de que las Taser son una «opción intermedia» para inmovilizar a agresores y reducir el uso de armas de fuego.

Sin embargo, las declaraciones del propio ministro Cococcioni, quien manifestó que las Taser podrían usarse en situaciones que no involucran a un «agresor o delincuente», sino a «una persona fuera de sus cabales, un paciente psiquiátrico, alguien que consumió sustancias», generaron una fuerte respuesta desde el sector de la salud mental.

En una entrevista con RosarioPlus, la psicóloga Florencia Escandar, que trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Oliveros, expresó una profunda alarma por esta posibilidad.

Escandar sostuvo que el gobierno provincial, al calificar a las armas como de «baja letalidad», ya está reconociendo que pueden causar una muerte, y criticó el uso de la Taser como una «respuesta represiva ante una situación de salud». Según ella, utilizar una descarga eléctrica en personas con signos vitales ya alterados por sustancias como el alcohol o la cocaína representa un riesgo aún mayor.

La psicóloga vincula la decisión del gobierno a un contexto de «desigualdad social y violencia», citando el ejemplo de Estados Unidos, donde su uso fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos que lo consideran una forma de tortura.

El debate también se centra en la idoneidad de las armas para ciertos grupos vulnerables. La psicóloga Escandar, al igual que los protocolos internacionales, advierte que las Taser no deben ser usadas en niños, mujeres, personas con afecciones cardíacas o aquellos bajo la influencia de drogas.

A pesar de las críticas, el gobierno de Santa Fe ha insistido en que la implementación de las Taser es un paso hacia la modernización de la policía. El ministro Cococcioni enfatizó que su uso estará respaldado por protocolos estrictos y la adquisición de cámaras corporales, las cuales grabarán los segundos previos a la descarga para «garantizar la transparencia» y proteger a los agentes frente a posibles denuncias.

Sin embargo, los críticos temen que la percepción de la «baja letalidad» de las Taser conduzca a un uso indiscriminado. Escandar planteó que la respuesta a las problemáticas de salud mental y consumo no puede ser un «aparato represivo», y señaló la incongruencia entre la inversión en seguridad y los «recortes» en el área de salud pública.

Afirmó que en su hospital se cerraron salas, se achicaron los recursos y que, en lugar de Taser y policías, lo que se necesita es «recursos humanos y presupuesto».

Algunos datos

La inversión total para la incorporación de Taser en la provincia de Santa Fe fue de 1.900 millones de pesos. La compra, realizada mediante licitación, incluyó la adquisición de 100 pistolas Taser, 100 lanzadoras Byrna, 200 cámaras corporales (bodycams) y 600 cartuchos adicionales.

Se entregaron más de 60 pistolas a la Policía de la Unidad Regional II en Rosario, mientras que 28 dispositivos fueron destinados a la capital provincial y a Rafaela.

La distribución inicial se estructuró como una prueba piloto en las ciudades de Santa Fe y Rosario, con la posibilidad de extenderse a otras localidades como Rafaela y Reconquista.

En principio, las pistolas están pensadas para su uso en zonas de «gran afluencia de personas, como la peatonal y centros comerciales».