La polémica suscitada en la semana sobre un proyecto de excepción para erigir una torre de 35 metros en avenida Belgrano al 500, donde la normativa municipal no lo permite, sigue en pie, y lo hará también en los días venideros en que la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal zarandeará las posiciones en pugna. La concejala María Fernanda Gigliani, como presidenta de esa comisión, se pregunta porqué el Ejecutivo impulsó en octubre del año pasado una actualización de la normativa en estos asuntos para terminar con los reiterados pedidos de excepción, y ya en diciembre planteó uno de esos, otra vez. Su hipótesis –aseveró a este diario– es el afán recaudatorio y teme que su aprobación siente “un pésimo antecedente” en materia de política urbana. Por otra parte, objetó la enjundia verbal de Pablo Javkin, que tildó al Colegio de Arquitectura y Urbanismo y otros críticos del proyecto como “club de defensores de las ruinas”. “Qué favor le hizo el intendente a la humanidad no siendo alcalde de Florencia, Roma o Barcelona”, ironizó la edil de Iniciativa Popular.

La discordia está centrada en el Área de Protección Histórica (APH) del Parque Nacional a la Bandera, donde el Ejecutivo busca habilitar por vía de excepción la construcción de un edificio de 11 pisos en Belgrano 548, donde la normativa vigente fija un límite de 14,50 metros. Los dueños alegan que la casa familiar situada allí está ruinosa, y que la normativa urbanística les impide hacer un negocio provechoso con ella, y con esos argumentos fundan el pedido de excepción.

La iniciativa generó un amplio rechazo del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2 y abrió un debate que ya excede lo técnico para instalarse en el plano político.

Gigliani no se explica, entonces, para qué se hacen y rehacen ordenanzas. “A fines de octubre del año pasado votamos una ordenanza justamente para establecer reglas claras y evitar excepciones. Y apenas dos meses después el propio Ejecutivo envía una”, señaló a Rosario/12. Para la concejala, ese desfasaje temporal debilita la coherencia normativa y pone en discusión el sentido mismo de las regulaciones urbanísticas.

La edila también cuestionó el criterio de equidad detrás del planteo. Según explicó, el inmueble en cuestión cuenta con protección patrimonial que impide modificar su volumetría, por lo que habilitar una torre de más del doble de la altura permitida implicaría un trato diferencial respecto de otros propietarios en iguales condiciones. “¿Cuál es el criterio de justicia para los demás inmuebles protegidos?”, planteó.

En ese sentido, retomó uno de los argumentos centrales del Colegio de Arquitectura: el riesgo de “efecto contagio”. Si el Concejo avala esta excepción, advirtió, otros propietarios dentro del área podrían reclamar un tratamiento similar, erosionando progresivamente el régimen de preservación.

Pero además, Gigliani introdujo una lectura política sobre el trasfondo del expediente. A su entender, el municipio estaría privilegiando un mecanismo que le permite captar recursos por sobre herramientas ya existentes en la normativa. En particular, mencionó los derechos de edificación transferibles (DET), un instrumento pensado para que propietarios de inmuebles patrimoniales puedan vender su capacidad constructiva a desarrolladores en otras zonas. Ese instrumento fue introducido en octubre con la creación del Plan de Sostenibilidad Patrimonial impulsado por el oficialismo y aprobado en el Concejo.

“Si se utilizara ese mecanismo, el municipio no recauda. En cambio, con la excepción sí hay una compensación económica. Creo que hay un afán recaudatorio detrás de esta decisión” de impulsar el proyecto de avenida Belgrano 548, sostuvo.

La concejala también cuestionó el tono adoptado por el intendente en medio del debate. Días atrás, Pablo Javkin había descalificado a quienes se oponen a flexibilizar normas en áreas protegidas como parte de un “club de defensores de las ruinas”. Para Gigliani, ese enfoque no contribuye a una discusión seria: “No se puede descalificar cuando lo que se están haciendo son planteos técnicos”.

En contraposición, defendió la necesidad de sostener reglas generales que eviten decisiones discrecionales. “Para que la administración no sea arbitraria, hay que cumplir las normas que se aplican a todos por igual”, afirmó.

El debate también expone una tensión estructural: cómo compatibilizar la preservación patrimonial con la viabilidad económica de los inmuebles. Gigliani reconoció las dificultades que enfrentan muchos propietarios, pero consideró que no justifican excepciones. “Es un problema extendido, no es un caso aislado. Si ese fuera el argumento, nadie querría cumplir la normativa”, advirtió.

En paralelo, reclamó mayor transparencia sobre las políticas públicas destinadas a la conservación. Señaló que existe un fondo de preservación urbanística, alimentado por distintos aportes, pero cuya ejecución no ha sido debidamente informada por el Ejecutivo. “Hay pedidos de informe sin respuesta. El intendente debería explicar qué se hace con esos recursos”, apuntó.

Mientras tanto, el expediente continúa en tratamiento en la comisión de Planeamiento. Este lunes habrá reunión de ese plenario con representantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo y de la asociación vecinal Monumento, que también manifiesta su rechazo al proyecto.

La resolución del caso no solo definirá el futuro de un lote en el entorno del Monumento. También marcará un precedente clave sobre el alcance de las normas urbanísticas en Rosario y el equilibrio entre desarrollo inmobiliario y protección del patrimonio histórico.