Desde mediados de año trabajadores autoconvocados contratados del Estado provincial se manifiestan con el fin de encontrar una solución a su precarización laboral y continuar su labor en las distintas dependencias gubernamentales. Algunos han logrado continuar en diciembre y enero, pero aunque siguen haciendo su trabajo, no han cobrado nada de esos meses. Por este motivo exigen a las autoridades «una urgente respuesta sobre cuál es la situación laboral de aquellos trabajadores a los que les han dejado vencer sus contratos laborales» y piden que se concrete una reunión entre las partes.
Según los autoconvocados, se trata de centenares de trabajadores que están reclamando el pase a planta y están cumpliendo funciones en los ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, de la Producción, de Economía, de Justicia y Derechos Humanos, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Trabajo y Seguridad Social, de Infraestructura y Transporte, en la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad (Ministerio de Salud), el Ministerio de Seguridad, en la Dirección de Salud Mental, Ministerio de Salud y en la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social).
De acuerdo a la palabra de los trabajadores, «el 30 de diciembre, último día hábil del año pasado, el secretario general de ATE Jorge Hoffmann presentó una nota al ministro de Gestión Pública Rubén Michlig reclamando «la continuidad laboral de los trabajadores cuyo contrato venció en el mes de diciembre o con fecha próxima de vencimiento» y solicitaba que «se arbitren las medidas para mantener la relación laboral durante los meses en que se efectúe la revisión integral de la situación». Sin embargo, durante los meses de noviembre, diciembre y enero se han dejado caer cientos de contratos de trabajadores precarizados a quienes de manera perversa, con la excusa del receso de enero, no se les ha notificado nada respecto de su situación laboral. En febrero y marzo continúan venciendo contratos». expresaron a través de un comunicado y se preguntan por la respuesta del ministro.
«UPCN, por su parte, en un comunicado del 13 de noviembre de 2019 firmado por el secretario general Jorge Molina, en plena transición de gobierno decía: «Ante declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz descartando el pase a planta permanente del personal contratado, lo cual había sido comprometido con esta entidad sindical (…) UPCN realizó gestiones con las máximas autoridades del próximo gobierno provincial para lograr el cumplimiento del derecho a la estabilidad de estos trabajadores, acordando la mejor metodología para lograr este objetivo en el menor tiempo posible». El gobierno de Perotti desconoció absolutamente ambos planteos. ¿Qué medidas se van a tomar desde los gremios frente a estas cesantías masivas y sin notificación?», se preguntaron.
Al mismo tiempo describieron: «A la incertidumbre sobre la continuidad laboral se le suma la urgencia de salarios adeudados desde hace meses, como es el caso de la Secretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad y la Dirección de Salud Mental dependientes del Ministerio de Salud. En el Ministerio de la Producción y en el Ministerio de Innovación y Cultura se adeudan los salarios del mes de diciembre, y gastos desde octubre».
«Los listados de relevamiento de trabajadores «reconocidos» por el Estado y enviados por el gobierno de Lifschitz a las direcciones sindicales cumplieron una función incierta. En primer lugar recordamos que han excluido de ese listado a un sinnúmero de trabajadores precarizados. Por otro lado desconocemos si el relevamiento de excluidos que realizamos desde la asamblea y enviamos oportunamente a los sindicatos, y los propios relevamientos difundidos por ellos, fue incorporado o no a las listas del Ejecutivo. Hasta el momento las listas solo sirvieron para distraer y dilatar la lucha por el pase a planta ya», agregaron.
Y exigieron: «Dentro del paquete de destrucción de las condiciones laborales se encuentra además la actualización salarial, que afecta mayormente a precarizados –que en promedio cobramos la mitad que un trabajador de planta por realizar la misma función– pero también incumbe a los trabajadores de planta permanente. Frente a un 2019 que cerró con un 54 por ciento de inflación, y aumentos mensuales de precios que rondan el 4 por ciento, resulta urgente que en primer término se abonen los salarios adeudados y se recontrate sin más dilaciones y con una actualización acorde a la inflación al personal cesanteado por esta gestión».
«Respecto del personal de planta, que arrancó enero con la provocación patronal de la extensión del cronograma de pagos, debe prepararse para resistir otro ataque brutal: la eliminación de la cláusula gatillo. Para enfrentar esta situación convocamos a la unión de precarizados y efectivos, sostenemos la necesidad de participar en las asambleas en cada lugar de trabajo e interministeriales para discutir, comprender y deliberar de manera conjunta la salida en favor de nuestros derechos. Es fundamental la implicación de los delegados de ambos gremios. Requerimos que las conducciones gremiales se pongan al frente de la defensa de los puestos de trabajo y del salario», concluyeron los autoconvocados.