Diez integrantes de la Policía de Acción Táctica (PAT) quedaron imputados por su participación en un operativo realizado el 27 de mayo de 2024 en barrio Casiano Casas, donde un hombre de 42 años sufrió quemaduras gravísimas tras ser rociado con alcohol y prendido fuego cuando ya estaba reducido dentro de una vivienda. La investigación del fiscal Pablo Socca sostiene que el ataque fue seguido por amenazas a testigos, maniobras de encubrimiento y la confección de documentación oficial con información falsa para justificar lo ocurrido.Tras una extensa audiencia realizada este martes, el juez Rafael Coria dio por formalizada la imputación y ordenó la prisión preventiva para los diez acusados.

Nueve de ellos quedaron detenidos en unidades penitenciarias y una de las imputadas, María Eugenia Núñez, recibió prisión domiciliaria por ser madre de un niño menor de edad.“El juez admitió la imputación de la Fiscalía e hizo lugar al pedido de medida cautelar. Nosotros habíamos pedido la prisión preventiva de los diez policías de la PAT”, explicó Socca al término de la audiencia.El fiscal remarcó además la importancia de la resolución judicial porque avaló la reconstrucción de los hechos presentada por la acusación.

“Es importante para nosotros porque se aceptó la hipótesis de la Fiscalía en lo que tiene que ver con este procedimiento de hace dos años que sería falso en su contenido, donde se quiso explicar el origen de unas quemaduras que tuvo una persona aprehendida en el marco de un procedimiento de flagrancia”, señaló.Según la acusación, el principal responsable del ataque es el suboficial David Zeballos.

La Fiscalía sostiene que cuando Raúl Andrés Acosta ya estaba reducido en el piso y sin posibilidad de defenderse, el policía tomó una botella de alcohol etílico, le vació el contenido sobre la cabeza y el rostro y luego lo prendió fuego con un encendedor.La víctima sufrió quemaduras en rostro, cuello, orejas, tórax y manos. Permaneció 40 días internada en terapia intensiva, intubada y traqueostomizada. Las lesiones comprometieron seriamente su sistema respiratorio y le dejaron secuelas irreversibles, entre ellas la pérdida de la voz y dificultades respiratorias permanentes.

La reconstrucción realizada por la Fiscalía describe una escena extrema. Mientras las llamas avanzaban sobre su cuerpo, Acosta corrió por distintos ambientes de la vivienda buscando cómo apagar el fuego. Finalmente logró llegar al baño y utilizó agua mezclada con orina del inodoro para sofocar las llamas. Según la acusación, una vez que consiguió sobrevivir al ataque le preguntó a Zeballos: “¿Por qué me hiciste esto?”.Durante más de un año, la versión oficial sostuvo que las quemaduras habían sido producto de un accidente provocado por la propia víctima.

Según el acta policial, Acosta intentó incendiar una mochila que contenía droga y terminó quemándose.“Por parte de estos policías se quiso simular este hecho como si fuese un accidente cometido por la propia persona, que en el intento de quemar la droga que tenía en su poder se quemó a sí misma. Esa fue la explicación oficial del relato de estos policías sobre las quemaduras que sufrió esta persona, que quedó internada y con secuelas irreversibles”, sostuvo Socca.Sin embargo, la investigación avanzó en una dirección completamente distinta.

“Lo que nosotros corroboramos con el avance de la investigación es que esto era falso. Este grupo de policías redujo a un grupo de personas que estaban en esa vivienda y a uno de ellos, luego de golpearlo en el piso, uno de los policías le rocía una botella de alcohol en la cabeza, en la cara, y lo prende fuego con un encendedor”, afirmó el fiscal.Para Socca, esa conclusión surge de un conjunto de pruebas reunidas durante la investigación.

“Esto es lo que nosotros probamos con la colecta de elementos que tienen que ver con testimonios de la propia víctima, testimonios de otras personas que fueron aprehendidas en ese momento, resultados de pericias de teléfonos secuestrados en una causa paralela que tramitaba en la Justicia Federal y todo un conglomerado de elementos más que nos llevaron a pensar que esto era mentira y que sucedió de la forma que lo planteó la Fiscalía en la audiencia imputativa”, agregó.

La acusación sostiene que otros cinco agentes —Omar Cabral, Juan José González, Maximiliano Ortiz, Jesús Balais y Maximiliano Cuevas— colaboraron asegurando el perímetro de la vivienda y neutralizando cualquier posibilidad de auxilio o defensa. Por esa razón fueron imputados como partícipes primarios de una tentativa de homicidio triplemente calificada por ensañamiento, alevosía y abuso de la función policial.En el caso de Balais, está condenado a 7 años de prisión por haber allanado ilegalmente en agosto de 2024 a un narco en su casa de Forest al 5600, a quien picanearon y robaron.La investigación también apunta a una maniobra posterior destinada a garantizar la impunidad de los involucrados.

El acta oficial del procedimiento afirmó que Acosta se había prendido fuego accidentalmente mientras intentaba incendiar una mochila con droga.Esa versión comenzó a derrumbarse con una pericia de Bomberos Zapadores. El informe concluyó que la mochila secuestrada estaba intacta y no presentaba daños compatibles con una combustión. “Si la persona al querer incendiar la mochila con droga adentro se quemó a sí misma, no se explica cómo es que la mochila estaba intacta. Esto lo demostró la Fiscalía. La mochila no tenía ningún signo de haber sido expuesta al fuego”, afirmó Socca.

El fiscal consideró que esa evidencia fue decisiva para desmontar la versión policial. “Esto fue lo más ilustrativo de la falsedad del procedimiento porque la mochila estaba intacta y supuestamente ese fue el elemento que este sujeto quiso incendiar y en ese intento se quemó por accidente”, sostuvo.La sospecha sobre la actuación policial se extendió incluso al secuestro de la droga que dio origen al procedimiento. “Al acreditar la falsedad de un montón de circunstancias en lo que tiene que ver con el tiempo, el modo y el lugar de lo ocurrido, uno ahora realmente no puede saber si efectivamente la droga la tenían estas personas o la plantaron los policías. Obviamente ahora uno duda de todo lo que fue el relato oficial de los policías”, afirmó el fiscal.

Uno de los aspectos más graves ventilados durante la audiencia fue el contenido de las amenazas dirigidas a otros tres detenidos que presenciaron el procedimiento. Según la acusación, Zeballos y Cabral les dijeron: “Fíjense lo que dicen. Yo soy re sicario, yo robo, los mato a ustedes. Soy más sicario que cualquiera de acá. ¿Saben por qué? Porque yo soy policía y hago lo que quiero”. Luego agregaron: “Ustedes tienen que decir que el otro muchacho se prendió fuego porque ya sé dónde viven”.

La acusación también alcanzó a Germán Narvaja, Isaías Basualdo y Estela Berón, quienes llegaron al lugar después del ataque. Según la Fiscalía, tomaron conocimiento de lo ocurrido y omitieron denunciarlo. María Eugenia Núñez, por su parte, fue imputada por incumplir su deber de denunciar los hechos pese a haber tomado conocimiento de ellos a través de conversaciones mantenidas en un grupo de WhatsApp de efectivos de la PAT.

Esos mensajes, incorporados a la causa a partir de una pericia telefónica, muestran que varios policías conocían desde el primer momento una versión completamente distinta a la que quedó plasmada en las actuaciones oficiales. En uno de esos intercambios, cuando Núñez preguntó “¿Quién fue? ¿Z entonces el que lo prendió fuego?”, recibió una respuesta directa de otro integrante de la fuerza: “Sí, sí”.

Dos años después del operativo, la investigación judicial colocó bajo sospecha no sólo el ataque que dejó secuelas irreversibles en la víctima, sino también el funcionamiento de un procedimiento policial cuya versión oficial quedó severamente cuestionada por las pruebas reunidas por la Fiscalía.