Dos empresas de los hermanos Vidoret están denunciadas por vecinos desde el año pasado en la localidad de Arteaga por un grave daño ambiental señalado por personas que han enfermado. A pesar de que la Provincia también las sancionó, siguieron trabajando. El fiscal, bajo sospecha de parcialidad, a punto de ser denunciado ante el MPA y Legislatura.
El juez penal de Villa Constitución, Juan Ignacio Vacca, ordenó esta semana el cierre de una empresa en la localidad de Arteaga que venía funcionando de manera ilegal –porque ya había merecido una denuncia y sanción del Ministerio de Medio Ambiente provincial– y ejercía contaminación.
La resolución tomó cuerpo esta semana en los tribunales de la localidad de Casilda, donde se libró una prolongada y conflictiva audiencia penal. La querella, entablada por un vecino de aquella localidad de 3 mil habitantes del departamento Caseros, solicitó el cese del estado anti jurídico y el cierre de la compañía de alimentos balanceados Agroganadera Vidoret, y el acopio cerealero Vidoret Servicios Agropecuarios, que continuaba hasta entonces volcando fósforo de manera clandestina en una cuneta del pueblo.
Un peritaje del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal comprobó esa situación y halló en la zanja usada como vertedero 1.000 veces más de fósforo que lo admisible.
El predio en cuestión está sobre la ruta 92 y la calle Bolivia.
Hay personas que han contraído enfermedades oncológicas y que habían sumado sus denuncias al caso, pero fuentes de la querella marcaron que algunos de estos vecinos “fueron intimidados por Marcelo y Eduardo Vidoret” hasta lograr que retiraran los cargos.
El abogado defensor de la empresa, el ex ministro de Justicia Juan Lewis, adujo que la empresa “hace tiempo que funciona” y que la contaminación que detectó la PFA se debió a que “se lavó un camión con una manguera en la cuneta donde se había recogido la muestra”.
Desde la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe se desbarató ese argumento. En la audiencia esgrimieron la vigencia de la Orden Ministerial Nº 231/21, que dispuso la clausura del establecimiento y llevó a la propia ministra del área Erika Gonnet a formular una denuncia penal que finalizó con la indagatoria a los hermanos Vidoret.
Si bien el juez Vacca hizo lugar al planteo de cese de actividades que fue acompañado por todas las partes letradas, lo hizo solo respecto de la empresa Agroganadera Vidoret SA, y no respecto del otro emprendimiento ilegal, apuntó el abogado querellante Fernando Bracconi.
“Llamativamente, el fiscal de la causa, Juan Pablo Baños, no hizo saber al juez que su investigación por el delito climático también alcanzaba a la empresa Vidoret Servicios Agropecuarios, ubicada en el mismo predio que la anterior”, acotó el letrado.
La situación de Vidoret Servicios Agropecuarios SA es aún más grave ya que dicha empresa nunca solicitó ninguna habilitación. Concluyen desde la querella que la familia Vidoret utiliza distintas formas jurídicas e inventa empresas para eludir controles de manera permanente, señalaron.
Cámaras de seguridad en el lugar captaron al día siguiente de la audiencia camiones con alimento balanceado de Agroganadera Vidoret que siguieron entrando y saliendo de la planta, a pesar de la orden del juez penal en contrario.
Quienes participan de la querella corrieron a enterarlo al fiscal Baños de lo que estaba ocurriendo. Pero éste, a pesar de la gravedad de la situación, optó por no tomar ninguna decisión propia de su función fiscal.
Consultado al respecto, el abogado del a querella anticipó que la semana entrante formulará denuncia contra el fiscal Juan Pablo Baños ante la Auditoría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, y ante la Legislatura provincial. “Desde diciembre (el fiscal) tiene en su poder la pericia de delitos ambientales de Policía Federal, y sin embargo ha permitido con su inacción que la empresa siguiera contaminando, habiendo afirmado en la audiencia que no puede seguir investigando porque la fiscal regional de Rosario no autorizaba los fondos para una pericia en un laboratorio forense externo”, reprochó Bracconi.
Las empresas de los Vidoret ya habían merecido en 2019 una resolución prohibitiva de parte de la Comuna de Arteaga y del Ministerio de Ambiente contra la construcción de unos silos en el predio referido. No obstante, la empresa siguió adelante con su proyecto y concluyó esa obra, fuera del marco legal.
Ante ello, señaló el abogado, “el fiscal no despliega ninguna medida para hacer cesar un claro delito permanente”.
En tanto, se instaló en Casilda y la zona de influencia un rumor que pone de relieve la estrecha relación que, antes de esta función en el MPA, el fiscal mantuvo como abogado particular con los Vidoret mientras se desempeñaba en un estudio jurídico de un reconocido penalista rosarino.
Para la semana que viene se ha anunciado una movilización hacia los tribunales de Casilda por parte de espacios colectivos vinculados a la defensa del medio ambiente en la provincia.
En el juicio que se viene, la querella evalúa pedir prisión efectiva para los empresarios involucrados, en el marco de delitos que ameritan una pena de 3 a 10 años de cárcel.