Un grupo de vecinos de barrio Refinería, que habían sido intimados por el gobierno nacional para desalojar sus casas ubicadas en terrenos fiscales, acudieron este lunes al Concejo. Se trata de unas quince familias que viven hace décadas en la zona, pero no están inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los plazos vencieron y los desalojos no se ejecutaron, pero desde el Concejo temen que la estrategia del gobierno sea agotar los plazos administrativos, para avanzar luego en la Justicia. La intención es impulsar gestiones con diversas áreas del gobierno nacional, pero advierten dificultades para encontrar interlocutores válidos. “No se sabe quién está a cargo”, describió Fernanda Gigliani, presidenta de la comisión de Planeamiento. “Queremos solicitar que se amplíe el polígono incorporando a estas familias”, completó.

A finales de abril, unas quince familias que viven en la zona de Refinería recibieron una notificación para que en el plazo de diez días desalojen los inmuebles donde viven. Las cartas abordan a familias ubicadas en dos sectores distintos, dentro del mismo lugar: un grupo se encuentra en el predio ubicado entre las calles Carballo, Arenales, Vera Mujica y Francia, a metros del Barquito de Papel y de Puerto Norte; y otro sobre la calle Madres de Plaza 25 de Mayo, a pocos metros de La Casona, el albergue municipal para delegaciones deportivas. Se trata de la misma intimación que recibieron los trabajadores de la cooperativa Trechel, en la misma fecha.

Desde entonces, las familias acudieron a distintos organismos para plantear la situación y solicitaron una audiencia en el Concejo, que finalmente se concretó este lunes. Si bien los desalojos no se efectuaron, las familias expresaron la incertidumbre que les genera la situación y la preocupación de encontrarse de un día para el otro con un operativo en sus puertas. Los dos grupos de familias respondieron las intimaciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por medio de sus abogados, pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta al momento.

“Son familias que están en distintos sectores, pero con una misma situación. Todas recibieron las notificaciones el mismo día, que fue el mismo en que llegó la intimación a Trechel. Y nos llama la atención que sean familias que deberían haber sido relevadas en el Renabap, porque se trata de terrenos fiscales, pero no están inscriptas”, explicó Gigliani en diálogo con Rosario/12.

“Hay otras familias, que se encuentran en el interior de esa misma manzana y se encuentran dentro del Renabap. Esas no recibieron ninguna intimación del gobierno nacional”, completó.

La concejala de Iniciativa Popular señaló que la intención es avanzar con una serie de gestiones a Nación, aunque advirtieron que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) fue desmantelada por el gobierno de Javier Milei y eso dificulta realizar acciones vinculadas al Renabap. “No sabemos quién está a cargo, pero la ley en sí no está derogada. Vamos a intentar buscar algún interlocutor para pedir que se vaya a relevar la zona y se amplíe el polígono”, detalló.

Desde el Concejo entienden que la incorporación dentro del Registro representaría un resguardo para las familias. Sin embargo, desconocen cuál es el trasfondo detrás de las intimaciones: “No sabemos si es una cuestión de ignorancia de los funcionarios actuales, que empezaron a mandar estas notificaciones de forma masiva en todo el país desconociendo la situación. O si efectivamente hay una intención de agotar los plazos administrativos para después avanzar en la esfera judicial”.

Las dificultades también se presentan a la hora de encontrar interlocutores válidos de la AABE ya no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. “Ni siquiera los concejales libertarios saben quiénes son. En gestiones anteriores, tanto durante el kirchnerismo como con el macrismo, la ciudad tenía diálogo con la AABE. Hoy no hay interlocutor”, expresó Gigliani. Y completó: “Creo que el intendente y el gobernador deberían estar haciendo estas gestiones, porque de efectuarse un desalojo son el gobierno local y provincial quienes van a tener que abordar la situación. Hay que establecer un diálogo para darle certeza a estas familias”.

Sin respuestas

Germán Serjoy patrocina a dos familias, en sus distintas generaciones, distribuidas en cinco viviendas del lugar. Antes de que se cumplan los diez días mencionados, envió una carta documento contestando el expediente, que aún no tuvo respuesta formal ni administrativa, ni jurídica, ni política. Para el abogado, como los dos grupos de vecinos se defendieron, el organismo ahora podría estar aguardando que se cumplan los plazos administrativos para eventualmente avanzar con demandas judiciales.

La defensa planteó que las familias ejercen una posesión pública y pacífica desde hace más de 20 años, por lo que le reclaman al organismo que revea sus acciones. Y adelantó que irán por el lado de la prescripción adquisitiva (usucapión) para lograr la posesión de los terrenos. “Lo que planteamos es que los vecinos no son intrusos ni ocuparon con violencia el inmueble. Por eso presentamos un recurso de reconsideración administrativa. Hasta el momento, lo que pudimos verificar es que no hay iniciada ninguna demanda para este terreno, en el plazo de este año”, explicó Serjoy a Rosario/12.

Durante la audiencia en el Concejo, los vecinos señalaron que muchas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad con niños, otros que atraviesan tratamientos de salud por alguna enfermedad y casos de personas con discapacidad. “Yo soy paciente oncológica. En abril me operaron y sigo en tratamiento”, había comentado Lucía Pérez, una de las vecinas afectadas, en una nota publicada en este medio a finales de mayo. “No sabemos si van a venir y van a tumbar todo con una topadora o qué quieren hacer. Acá ladra el perro y nos asomamos a ver quién es, pensando que nos quedamos sin casa”, describió.