Tras la decisión de un juzgado civil de Reconquista de declarar la apertura formal del concurso preventivo de la empresa Vicentín, desde la Legislatura santafesina se realizó un pedido a la Suprema Corte provincial para que dicho procedimiento judicial se haga en los Tribunales de Rosario.

El planteo, en forma de proyecto, fue presentado por el diputado de Unite, Nicolás Mayoraz. En el mismo, el legislador, a través de un pedido de la Cámara de Diputado, le solicita a la Corte «respetuosamente» que «opte» por la competencia de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario para tramitar el el concurso de acreedores.

«La firma Vicentín presentó su solicitud de formación de concurso preventivo ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Reconquista. Sin embargo, existían pedidos de quiebra pendientes presentados en la ciudad de Rosario (Vicentín SA C. s/ pedido de quiebra expte. Nº 48/2020), en trámite por ante el Juzgado de Primera», fundamenta Mayoraz su pedido a la Corte.

En los mismos fundamentos, se plantea que «más allá de las cuestiones técnicas en relación a las previsiones de la Ley de Concursos y Quiebras sobre el juez que debe entender en el concurso preventivo, ante esta particular situación de insolvencia, la totalidad de los acreedores comerciales por operatorias de compraventas de granos se hallan radicados en la zona del gran Rosario o en localidades aledañas; las oficinas administrativas y las plantas con mayor cantidad de operarios y empleados se encentran también en dicha zona, y la enorme cantidad de reclamos se encuentran radicados en la ciudad de Rosario».

«No puede escaparse a este cuerpo que si bien la finalidad del concurso es salvar la continuidad de la empresa, también debe protegerse los créditos de quienes en buena fe contrataron con la empresa y, sobre todo, los derechos laborales de los miles de trabajadores de Vicentín S.A.I.C que dan sustento a familias enteras, máxime cuando sus créditos revisten carácter alimentario y privilegiados según las leyes locales», sostiene el pedido de la Legislatura a la Corte.

La deuda contraída por la agroexportadora con entidades bancarias nacionales e internacionales y con proveedores asciende a unos 1.350 millones de dólares.

Según trascendió, el Banco Nación es el principal acreedor de la empresa con 18 mil millones de pesos, seguido por el Provincia de Buenos Aires (Bapro) con 1.600 millones, y el Bice con 5 millones. Pero también tienen importantes acreencias bancos y entidades financieras internacionales como International Finance Corporation de Holanda y el Ing Bank NV Tokyo Branch, además de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Commodities SA, el acopio del grupo corredor Grassi.

El pedido al máximo tribunal se dio luego de que un juzgado de Reconquista abriera el concurso de acreedores