El Senado convirtió en uno de los puntos centrales de la reforma el mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central. El texto aprobado establece que el Senado tendrá la atribución exclusiva para intervenir en esos procesos y que las decisiones se tomarán por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios de ambas cámaras contemplados en la versión que había aprobado Diputados.

Como el proyecto fue modificado durante su tratamiento en la Cámara alta, ahora deberá volver a Diputados para una segunda revisión. La Cámara baja podrá aceptar los cambios introducidos por el Senado o insistir con el texto que había aprobado originalmente; para esto último necesitará reunir una mayoría de dos tercios.

Otro de los ejes de la iniciativa es modificar la misión del Banco Central. El texto establece como objetivo principal la preservación del valor de la moneda y elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012, que incluía además la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

La reforma también restringe la posibilidad de que el Banco Central financie al Estado. Entre otras medidas, elimina los adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe determinados préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

Durante el debate hubo posiciones contrapuestas sobre el alcance de los cambios. El oficialismo sostuvo que la reforma apunta a reforzar la independencia del Banco Central y evitar el financiamiento monetario del Estado, mientras que legisladores de la oposición cuestionaron la reducción de los objetivos de la entidad y plantearon reparos sobre las nuevas facultades vinculadas con las reservas y el funcionamiento del organismo.