La reciente formalización de un nuevo blanqueo de capitales por parte del gobierno nacional ha encendido las alarmas en Rosario. La concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) presentó un proyecto de Declaración que expresa un profundo rechazo a la medida, argumentando que «debilita la lucha contra el lavado de capitales y el crimen organizado», lo que pone en en evidencia una contradicción flagrante con la reciente aplicación de la ley «antimafias» en la ciudad.

El pasado 15 de mayo, la publicación en el Boletín Oficial de la Ley N° 27.786, conocida como «ley antimafias», declaró a Rosario como «Zona Sujeta a Investigación Especial». Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación encabezado por Patricia Bullrich con el respaldo del gobierno provincial y municipal, busca otorgar a la justicia federal herramientas extraordinarias para desarticular las estructuras económicas y financieras de las organizaciones criminales que han asolado la ciudad.

La resolución ministerial subraya «la reiteración de hechos delictivos de extrema gravedad» y la presencia de prácticas «típicamente mafiosas», habilitando una intervención más agresiva sobre bienes, cuentas y operaciones sospechosas.

Sin embargo, la iniciativa contra las finanzas delictivas parece entrar en colisión directa con el nuevo Régimen de Regularización de Activos impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Para la concejala Gigliani, la medida nacional representa un grave retroceso. «Habilitar el ingreso al sistema económico formal de capitales no declarados sin la aplicación de mecanismos de control rigurosos para verificar su origen, atenta contra la lucha del lavado de activos y el crimen organizado, especialmente en una ciudad como Rosario, históricamente afectada por el narcotráfico», sentenció la edila.

La preocupación central radica en la ausencia de controles eficientes que, según advierte Gigliani, podría «facilitar la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la evasión fiscal».

La concejala desnuda la ironía de la situación: mientras se declara a Rosario zona de investigación especial por su problemática mafiosa, se abre una puerta para que capitales de origen dudoso puedan ingresar al circuito legal sin un escrutinio adecuado. «Esta medida permitiría a personas físicas y jurídicas ingresar al sistema económico fondos cuyo origen no se encuentra acreditado, sin controles eficientes, lo que podría habilitar el ingreso de dinero proveniente de actividades ilícitas», señaló.

La postura de Gigliani se sustenta no solo en la lógica elemental de la lucha contra el crimen, sino también en la trayectoria de Rosario en la implementación de políticas antilavado. La ciudad ha sido pionera en la creación de herramientas institucionales para la prevención de este delito, como la Ordenanza N° 9204/2014, que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Grandes Inversiones, y la Ordenanza N° 10370, que estableció la Oficina Municipal de Prevención y Control del Lavado de Dinero. Estos esfuerzos locales buscaban precisamente blindar la economía rosarina de la infiltración de dinero sucio.

Además, la concejala recordó la reciente apertura en 2022 de una delegación regional de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario. Este organismo, fruto de una demanda histórica de fiscales, jueces federales y organismos municipales, es considerado una herramienta clave para el control de operaciones sospechosas en una región catalogada como altamente vulnerable al lavado de activos proveniente, principalmente, del narcotráfico.

El proyecto de declaración impulsado por Gigliani también recoge las advertencias que, en reiteradas ocasiones, han emitido organismos nacionales como la propia UIF, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio Público Fiscal sobre los riesgos inherentes a la implementación de políticas de blanqueo de capitales sin la debida supervisión y sin exigir un origen justificado de los fondos.

«Medidas de desregulación como la anunciada por el Gobierno Nacional colisionan con las políticas públicas de transparencia y control que la ciudad de Rosario ha sostenido en los últimos años, y que representan un serio retroceso en la lucha contra el crimen organizado», concluyó Gigliani.