Veintisiete ahorristas denuncian que la investigación sobre el vaciamiento de la financiera Ciag SRL permanece prácticamente paralizada. Nunca fue citada la principal señalada por los damnificados, no se avanzó sobre bienes identificados, ni sobre el rol de operadores financieros que aparecen en la documentación secuestrada.

La historia comenzó con una promesa sencilla: inversiones en dólares, rendimientos moderados y disponibilidad inmediata del dinero. Nada extravagante. Nada que despertara sospechas. Durante años, decenas de rosarinos confiaron sus ahorros a la consultora financiera Ciag SRL, que funcionó en pleno corazón de la city local, en el quinto piso del Palacio Minetti.

Hoy, más de dos años y medio después de iniciadas las denuncias penales, el dinero sigue desaparecido, los ahorristas continúan sin respuestas y la investigación judicial parece atrapada en un punto muerto.

Según las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público de la Acusación, al menos 27 damnificados reclaman alrededor de 4 millones de dólares que habrían sido desviados hacia inversiones inmobiliarias y sociedades radicadas dentro y fuera del país.

Sin embargo, pese al volumen de documentación incorporada al expediente y a la magnitud económica del caso, la causa sólo tuvo hasta ahora un imputado formal: Luis Roatta, un ex empleado de la firma que permaneció 17 meses detenido y que hoy sostiene que fue utilizado como “chivo expiatorio” mientras los verdaderos responsables quedaron fuera del radar judicial.

La principal incógnita para los denunciantes tiene nombre y apellido: Paola Allegranza. La viuda de Juan Carlos Culhane, fundador de Ciag fallecido en 2017, fue quien continuó al frente de la operatoria financiera hasta que el esquema colapsó. Sin embargo, según remarcan los ahorristas, nunca fue convocada a prestar declaración en calidad de sospechosa ni testimonial.

La pregunta se repite desde hace meses en cada presentación judicial y en cada reunión con fiscales: ¿por qué?

Tampoco encuentran explicación para otro dato. En julio del año pasado, durante procedimientos vinculados a la investigación, Fiscalía secuestró computadoras, teléfonos, pendrives, correos electrónicos impresos y abundante documentación contable. Parte de ese material, aseguran los denunciantes, contiene rastros precisos sobre el recorrido de los fondos desaparecidos. Pero el avance esperado nunca llegó.

Los damnificados sostienen que existen resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, intercambios de correos electrónicos y registros de inversiones que permitirían reconstruir la ruta del dinero. Hablan de habitaciones bajo modalidad condo hotel en Lima y Asunción, locales comerciales en Paraguay, inmuebles en Uruguay, terrenos en desarrollos urbanísticos santafesinos y sociedades offshore vinculadas a negocios hoteleros.

También señalan documentación que exhibiría la intervención de operadores financieros y profesionales vinculados a la administración de esos activos. Nada de eso derivó hasta ahora en nuevas imputaciones.

La investigación atravesó ya tres etapas. Comenzó bajo la conducción del entonces fiscal Miguel Moreno, continuó con Sebastián Narvaja y actualmente se encuentra bajo la órbita de Federico Aranda.

Los denunciantes fueron recibidos por todos ellos. Dicen haber escuchado siempre la misma respuesta: que la investigación continúa. También sostienen haber obtenido siempre el mismo resultado: ningún avance concreto.

Consultada por Rosario/12, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, confirmó que Aranda se encuentra actualmente a cargo del expediente y que mantuvo reuniones con parte de los damnificados.

El fiscal, por su parte, evitó brindar detalles. “Dado que la causa está en curso abierta, no le puedo brindar información de la misma”, respondió ante la consulta de este diario.

La reserva propia de una investigación penal no alcanzó para disipar la creciente inquietud de quienes perdieron sus ahorros. Al contrario.

En las últimas semanas volvió a instalarse entre los denunciantes un temor que hasta hace poco parecía remoto: que el paso del tiempo termine beneficiando a quienes deberían estar siendo investigados.

“Quieren dejar correr los plazos y después decir que el caso prescribe”, sostuvo uno de los ahorristas que participa activamente de las presentaciones judiciales.

La afirmación expresa una sospecha, no un dato procesal confirmado. Pero ilustra el clima que domina a las víctimas de una causa que parece avanzar mucho más lento que la velocidad con la que desaparecieron los fondos.

Al escuchar a los estafados, las preguntas coinciden: “¿Por qué no se dispusieron medidas cautelares sobre activos que podrían resultar de interés para una eventual reparación económica?»

“¿Un gerente de Rosental tiene la posibilidad de “cortarse” solo y armar en el exterior un entramado de sociedades con inversiones hoteleras, administrar las mismas y sostenerlo en el tiempo? Si es posible, cómo se entiende que una sola persona física puede manejar una cuenta de u$s2.500.000 en negro en una financiera y que los dueños no se den cuenta”, se preguntó uno de los denunciantes en diálogo con Rosario/12.

“Quieren desaparecer la causa diciendo que prescribe a fin de año cuando hay información secuestrada por fiscalía de correos electrónicos fechada hace meses atrás con prueba contundente de la traza del dinero y el delito”, se alarmó otro de los damnificados.

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene respuesta pública. Los ahorristas aún esperan que alguien recorra una ruta del dinero que, según aseguran, está documentada desde hace tiempo en los propios papeles que duermen dentro del expediente.