Aquella promesa y argumento de que la derogación de la Ley de Alquileres, en el inicio de la era Milei, traería más inmuebles al mercado y, como consecuencia, una reducción o al menos una moderación de los precios, no se cumplió en Rosario. Por el contrario, el incremento de la oferta convivió con una nueva escalada de los valores locativos, mientras los ingresos de trabajadores y jubilados continúan rezagados frente al costo de acceder a una vivienda.

Así lo revela el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) divulgado ayer, que vuelve a exponer el deterioro de la situación de los hogares inquilinos en la ciudad. El dato más contundente es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a quedar por debajo del valor de un monoambiente, y consolida así una tendencia que se profundizó durante el último año.

De acuerdo con el relevamiento, alquilar continúa siendo un desafío, sobre todo para los sectores de menores ingresos. Los departamentos de un ambiente y las unidades de dos dormitorios registran en junio nuevas subas mensuales y acumulan incrementos interanuales por encima de la evolución de los salarios.

La medición del Ceso arroja para el mes en curso que la mediana de los precios de monoambientes en Rosario es de $380.000; la de los departamentos de dos ambientes es de $490.000; y la de tres ambientes $650.000. Los aumentos interanuales fueron de 35,7%, 28,9% y 32,7% respectivamente.

Frente a ello, una persona jubilada que perciba la mínima ($473.318) debe destinar el 80,3% de ese ingreso en el alquiler de un departamento monoambiente, sin incluir expensas ni servicios. En cuanto al SMVM ($367.800), ya está por debajo del alquiler de esa categoría. Llega a cubrir el 96,8% de la misma.

La economista Celina Calore, integrante del Ceso y responsable del informe, sostuvo que el mercado no confirmó las expectativas que acompañaron la derogación de la normativa.

“El argumento era que un aumento de la oferta iba a descomprimir los precios. La realidad es que efectivamente aumentó la oferta de viviendas para alquiler, pero eso no produjo una desaceleración de los valores”, señaló en diálogo con Rosario/12.

La especialista recordó que durante años se responsabilizó a la Ley de Alquileres por la crisis habitacional. “Se le echó mucho la culpa a la problemática de los precios y a cómo crecían los alquileres. La expectativa era que, eliminando la ley, aparecerían más viviendas y bajarían los precios. Eso no ocurrió”, concluyó.

Calore explicó que incluso muchos inquilinos terminaron incorporando ese diagnóstico. “Uno escuchaba que la ley impedía alquilar o que las actualizaciones anuales eran imposibles de afrontar. Se fue instalando una serie de sentencias discursivas contra la ley que terminaron simplificando un problema mucho más complejo”, sostuvo.

Para la economista, la legislación sancionada en 2020 tenía aspectos perfectibles, pero quedó atrapada en un contexto excepcional marcado por la pandemia, la aceleración inflacionaria y la pérdida del poder adquisitivo. “No todos los problemas del mercado de alquileres eran consecuencia de la ley”, remarcó.

La situación actual, agregó, combina precios en ascenso con una creciente desprotección contractual. “Los inquilinos ya no tienen una cláusula de actualización anual establecida por ley, tampoco índices definidos. Todo queda sujeto a una negociación entre las partes en una relación de fuerzas claramente desigual”, explicó.

A ello se suma la reducción de la previsibilidad que otorgaban los contratos de tres años. “La temporalidad mínima también se desactivó y eso afecta la organización de las familias”, indicó.

El informe del Ceso también analiza la evolución del Índice para Contratos de Locación (ICL), que durante 2024 registró fuertes incrementos y luego comenzó a desacelerarse hasta ubicarse en torno al 32 por ciento interanual en junio de 2026.

Según Calore, ese comportamiento responde a la propia composición del indicador. “El ICL tiene un componente de inflación y otro salarial. Durante 2024 se ubicó muy por encima de la inflación porque estaba impulsado por el RIPTE, que incorpora distintas variables salariales y tiene determinados rezagos”, explicó.

La curva descendente que muestra el gráfico del informe a partir de fines de 2024 se relaciona, en cambio, con el freno de las remuneraciones. “Lo que aparece es un ancla salarial. Los salarios dejan de crecer por encima de la inflación y eso empieza a tirar hacia abajo el índice”, señaló.

La economista vinculó este fenómeno con la política salarial del gobierno nacional. “Durante gran parte de 2025 hubo un techo a las paritarias y no se homologaron acuerdos por encima de la variación de precios. Eso explica por qué el ICL termina convergiendo hacia la inflación”, sostuvo.

Sin embargo, la desaceleración del índice no implica una mejora para los hogares inquilinos. Por un lado, una gran parte de los contratos firmados bajo la antigua legislación aún continúan actualizándose mediante el ICL. Por otro, los nuevos contratos quedan sujetos a mecanismos privados de actualización que muchas veces se pactan cada tres o cuatro meses.

El resultado es una combinación particularmente adversa: alquileres que continúan aumentando, ingresos que pierden capacidad de compra y contratos cada vez más cortos y flexibles para los propietarios.

La experiencia rosarina parece contradecir así uno de los principales postulados utilizados para justificar la eliminación de la ley. La mayor disponibilidad de inmuebles no se tradujo en menores precios, mientras la vivienda profundiza su condición de mercancía escasa para amplios sectores urbanos.