La aparición de nuevas banderas con mensajes intimidatorios frente a escuelas volvió a encender las alarmas en Rosario. Este martes a la madrugada, la Policía de Investigaciones (PDI) retiró un lienzo de unos cuatro metros de ancho colocado en el ingreso de la Escuela Particular Incorporada Nº 1027 “Luisa Mora de Olguín”, en barrio Ludueña. El episodio se suma a una seguidilla de casos similares registrados en los últimos días en distintos puntos de la ciudad y que ya alcanzan al menos cinco establecimientos educativos y un centro de salud de la ciudad.

El hallazgo se produjo en Humberto Primo y Camilo Aldao, donde funciona el complejo educativo fundado por el sacerdote salesiano Edgardo Montaldo. En el lugar funcionan jardín de infantes, primaria, secundaria y una institución para adultos, con una matrícula cercana a los mil estudiantes. Tras la denuncia, el Ministerio de Educación de Santa Fe autorizó la suspensión de las clases y de todas las actividades en el establecimiento mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

El lienzo fue retirado por agentes de la PDI poco después de las siete de la mañana. El mensaje, escrito con aerosol, contenía nombres vinculados —según fuentes de la investigación— a personas relacionadas con el narcotráfico y con sectores de la barra brava de Central. De acuerdo con las primeras evaluaciones judiciales, el contenido de los “trapos” no apunta directamente contra las instituciones educativas sino que funciona como un “buzón” para enviar advertencias o denuncias públicas entre organizaciones criminales.

La zona donde se encuentra la escuela arrastra antecedentes de violencia. En los últimos años, el barrio Ludueña fue escenario de reiteradas balaceras y episodios ligados a disputas entre bandas. En 2022 la comunidad educativa había solicitado la construcción de un muro perimetral para proteger el establecimiento de los ataques armados que se registraban en el sector.

Este mismo martes también apareció otro lienzo intimidatorio en la Escuela Nº 825 Leopoldo Herrera, ubicada en Casiano Casas al 1000, en la zona norte de la ciudad. En ese caso, además del mensaje se detectó una botella de vidrio estallada y una marca de quemadura dentro del predio escolar, lo que indicaría el lanzamiento de una bomba molotov durante la madrugada.

A diferencia de lo ocurrido en Ludueña, en la escuela Herrera las clases comenzaron con normalidad. La tela había sido colocada sobre una reja lateral, sobre calle Netri, y quedó doblada, por lo que no fue advertida durante el ingreso de estudiantes y docentes. Recién con el correr de la mañana se detectó el mensaje y se dispuso un operativo de custodia policial en la zona. Algunos padres optaron entonces por retirar a sus hijos del establecimiento.

Desde el gobierno provincial relativizaron el carácter de los mensajes. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que las banderas deben interpretarse en el contexto de disputas internas del crimen organizado. “No las podemos tomar como amenazas directas; son denuncias entre bandas criminales”, afirmó al referirse a los episodios registrados en Rosario.

Según el mandatario, los mensajes forman parte de enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico que buscan exponer públicamente a rivales o supuestos colaboradores. No obstante, remarcó que cada caso es investigado por la Justicia y por las fuerzas provinciales.

La situación fue analizada también por el diputado provincial Carlos Del Frade, quien advirtió que detrás de estos episodios se expresa un escenario de tensiones entre organizaciones criminales que operan en la ciudad. En diálogo con el programa Trascendental, el legislador señaló que la escalada era previsible tras el asesinato de André “Pillín” Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2025. “Después de lo que fue ese crimen dijimos que iba a haber una mayor densidad de conflictos y que se iba a manifestar en el tiempo venidero. Ese tiempo está llegando”, sostuvo.

Según Del Frade, las disputas se concentran principalmente entre sectores vinculados a remanentes de la banda de Los Monos —hoy fragmentada en distintas facciones— y grupos ligados a la estructura del narcotraficante Esteban Alvarado. “Ahí aparecen nombres que tienen relación con distintas estructuras criminales”, explicó en relación con los mensajes que figuran en las telas.

El diputado también vinculó el contexto con el inicio de un juicio de gran magnitud previsto para los próximos días en Rosario. “El lunes comienza una megacausa contra una de las principales bandas vinculadas a Alvarado, la de los Riquelme”, señaló. A su entender, ese proceso judicial podría profundizar las disputas internas dentro del entramado criminal.

Para Del Frade, las banderas funcionan como un dispositivo de comunicación dentro del propio mundo del delito. Sin embargo, cuestionó la decisión de no difundir públicamente el contenido de los mensajes. “No mencionar los nombres que aparecen en esas amenazas termina profundizando el silencio y el miedo en los barrios”, afirmó.

El legislador sostuvo además que, detrás de la violencia visible, persisten estructuras económicas que sostienen el negocio del narcotráfico. “El tema de fondo es el lavado de dinero y el contrabando de armas. Esas estructuras nunca fueron desarticuladas”, planteó.

En ese marco, también mencionó tensiones dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Según indicó, existen conflictos entre oficiales y suboficiales en la Unidad Regional II de la policía y denuncias internas dentro del Servicio Penitenciario. “Hay una ruptura de relaciones dentro de la policía, especialmente en la Unidad Regional II”, señaló.

Según agregó, en algunos de esos mensajes se menciona a un empresario que desde hace años sería proveedor del Estado provincial en rubros vinculados con alimentación y salud, y que —según indicó— habría tenido vínculos con el entorno de Bracamonte.

Finalmente, el diputado señaló: “El tema de fondo es el lavado de dinero y el contrabando de armas. Esas estructuras nunca fueron desarticuladas”.