Bolivia atraviesa una creciente tensión social luego de que este sábado las autoridades desplegaran un amplio operativo de seguridad para recuperar el control de varias rutas bloqueadas desde hace más de una semana en el altiplano. Las protestas, encabezadas por organizaciones campesinas y sindicales de La Paz, reclaman la salida del presidente Rodrigo Paz.

El plan oficial, denominado ‘Corredor humanitario’, comenzó en horas de la madrugada con la participación de aproximadamente 2.500 efectivos policiales y unos 1.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Tanto el comandante de la Policía, Mirko Sokol, como el jefe militar Víctor Hugo Balderrama acompañaron el desplazamiento y brindaron detalles a la prensa.

Según explicó Sokol, la prioridad del operativo es restablecer la circulación para permitir el ingreso de insumos esenciales a La Paz, entre ellos alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y ambulancias. También señaló que buscan facilitar la salida de turistas que quedaron varados por los cortes en distintos puntos del país.

El jefe policial insistió en que la intención no es confrontar con los manifestantes y pidió que los bloqueos sean levantados sin violencia. “La misión es habilitar las carreteras y garantizar la libre circulación dentro del marco constitucional”, expresó.

Las rutas afectadas incluyen el corredor que conecta La Paz con Oruro y otras regiones del centro y oriente boliviano, además del camino hacia Perú por la localidad de Copacabana, ubicada junto al lago Titicaca. Otra vía bloqueada se encuentra en el sector sur de la capital administrativa.

Desde las Fuerzas Armadas, Balderrama aclaró que el protagonismo del operativo recae sobre la Policía y que los militares cumplen funciones de respaldo ante posibles incidentes.

Detrás de las movilizaciones se encuentran la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, sectores que responsabilizan al presidente Paz por la crisis política y social que atraviesa Bolivia.

En paralelo, cientos de simpatizantes del exmandatario Evo Morales avanzan en una marcha hacia La Paz. La movilización tiene previsto arribar el lunes y busca sumarse al pedido de renuncia del actual jefe de Estado.

Ante el agravamiento de la situación, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica reclamaron la creación de corredores humanitarios que permitan el paso de combustible, alimentos y asistencia médica, además de instar al Gobierno y a los manifestantes a abrir instancias de diálogo.

Mientras tanto, el Ejecutivo denunció un supuesto intento de desestabilización promovido por Evo Morales. Según el Gobierno, existiría un plan para alterar el orden constitucional con apoyo financiero del narcotráfico, acusación que fue rechazada por el expresidente, de acuerdo con información difundida por DW.

La crisis boliviana también provocó reacciones internacionales. Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un pronunciamiento conjunto en defensa de la institucionalidad democrática del país.

En el comunicado, los ocho gobiernos repudiaron cualquier acción destinada a quebrar el orden democrático surgido de las elecciones generales de 2025 y reafirmaron su respaldo al Gobierno y al pueblo boliviano.

Asimismo, hicieron un llamado a los distintos actores políticos y sociales a resolver el conflicto mediante el diálogo y el respeto a las instituciones democráticas, según reportó la agencia Xinhua.