El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió este miércoles suspender al juez federal de Rosario Gastón Salmain e iniciar en su contra el proceso de juicio político, en una decisión adoptada por unanimidad de sus integrantes. La medida implica el apartamiento inmediato del magistrado mientras avanza el trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento, encargado de definir su eventual destitución.

La votación fue contundente: los veinte consejeros presentes respaldaron la apertura del jury y no hubo votos en contra. Salmain, titular de un juzgado federal con competencia civil y comercial en Rosario desde junio de 2023, quedó así sometido a un proceso que tiene como eje dos episodios vinculados a presuntos hechos de corrupción.

Uno de los cargos se relaciona con la acusación de haber intervenido para favorecer a los beneficiarios de un fideicomiso denominado Attila, mediante una resolución que les permitió adquirir alrededor de diez millones de dólares durante la vigencia de las restricciones cambiarias. Según la investigación judicial, la medida habría estado asociada al pago de un soborno equivalente al diez por ciento de la diferencia entre la cotización oficial y la paralela de la divisa, suma que los fiscales estimaron en unos 200 mil dólares.

La resolución dictada por Salmain había ordenado al Banco Central habilitar la operación, una decisión que fue resistida judicialmente por la autoridad monetaria. En esa causa, el magistrado enfrenta una imputación por delitos cuya pena prevista contempla prisión efectiva y oscila entre cuatro y doce años.

El segundo antecedente evaluado por el Consejo remite a hechos ocurridos más de dos décadas atrás. En 2001, cuando se desempeñaba en la Justicia Federal, Salmain intentó direccionar una causa hacia el juzgado donde trabajaba mediante el ofrecimiento de dinero a una secretaria judicial de Comodoro Py. Como consecuencia de aquel episodio, en 2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso su cesantía por unanimidad.

Según se planteó durante el debate en el Consejo de la Magistratura, ese antecedente no fue informado cuando Salmain se presentó al concurso que derivó en su designación como juez federal. El magistrado argumentó que la normativa lo obligaba únicamente a consignar antecedentes de los últimos diez años y que el episodio había ocurrido con anterioridad. Sin embargo, varios consejeros consideraron que la omisión resultó determinante para la evaluación de su candidatura.

Durante la audiencia, el senador nacional y consejero Luis Juez cuestionó esa defensa. “Imagínese si el Senado habría aprobado su pliego de haber sabido que la Corte Suprema lo echó por un soborno”, planteó.

Repercusiones políticas

Tras conocerse la resolución, la diputada provincial socialista Lionella Cattalini celebró la decisión y sostuvo que constituye “un paso fundamental para recuperar la confianza en las instituciones y demostrar que nadie está por encima de la ley”.

La legisladora afirmó que Salmain “no podía seguir ocupando un juzgado federal ni tomando decisiones que afectan la vida de los ciudadanos mientras enfrenta acusaciones tan graves de corrupción”, y recordó que desde hace meses venía reclamando una definición del organismo.

“Las acusaciones que pesan sobre Salmain eran absolutamente incompatibles con el ejercicio de la función judicial. Una persona con antecedentes de corrupción y procesada por hechos de esta magnitud no puede ocupar un cargo de semejante responsabilidad”, sostuvo.

Cattalini también señaló que la suspensión era necesaria para preservar la credibilidad del Poder Judicial y reclamó que el Jurado de Enjuiciamiento avance con rapidez en el proceso. “La sociedad necesita respuestas y no puede tolerar más demoras en un caso de esta gravedad”, expresó.

La diputada concluyó que, si los hechos imputados son comprobados, el magistrado deberá responder penalmente como cualquier otro ciudadano. “Rosario necesita una Justicia federal independiente, transparente y libre de corrupción. No puede haber privilegios para quienes juraron hacer cumplir la ley”, afirmó.

Con la decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura, Salmain quedó apartado de sus funciones y enfrentará ahora una instancia decisiva para su continuidad en el cargo, en uno de los procesos disciplinarios más resonantes que involucran a un juez federal en los últimos años.