Uno de los hechos criminales que inició el turbulento mes de marzo de 2024 en Rosario, cuando cuatro trabajadores fueron asesinados al azar en el marco de cambios en las políticas carcelarias, fue el ataque a balazos a un micro del Servicio Penitenciario a la altura de barrio Rucci. Detrás de ese atentado fue ubicado el preso de Piñero Walter “Viejo” González, tres veces acusado de gestionar bandas desde prisión en los últimos seis años. Como organizadora de la última formación, activa desde julio de 2023, fue ubicada su madre, quien este jueves aceptó 4 años de prisión por coordinar la venta de drogas en puestos del Cordón Industrial.

La pena se dictó en un juicio abreviado acordado entre el fiscal Alejandro Caron y la defensa de Marta Mabel González, de 57 años, quien fue declarada reincidente por contar con una condena previa. El juez Rafael Coria avaló el acuerdo de partes y le dictó 4 años de prisión efectiva como organizadora de una asociación ilícita. El delito se considera agravado por la participación de menores de edad en esa banda que comandaba su hijo desde la cárcel de Piñero.

Una organización que, según planteó el fiscal Caron, estuvo marcada por los lazos familiares y tuvo como finalidad el comercio ilegal de drogas en la zona norte de Rosario y en las localidades de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Carcarañá. Para garantizar el negocio, indicó el funcionario, la agrupación cometió delitos conexos como homicidios, balaceras, lesiones, extorsiones y amenazas, además de atentados a la autoridad pública como el ataque al micro del Servicio Penitenciario del 2 de marzo de 2024 que abrió aquella semana trágica en Rosario.

El episodio tuvo como trasfondo el reclamo de internos ante las restricciones impuestas al régimen de alto perfil por el gobernador Maximiliano Pullaro a poco de iniciada su gestión. Como ideólogo y promotor de ese atentado fue ubicado el preso González, alias “Viejo”, a quien la pesquisa judicial acusa de haber ordenado ese y otros hechos para generar conmoción pública y exigir cambios en las condiciones de detención en los pabellones de Piñero. El atentado, según la hipótesis judicial, estuvo motivado en “el aumento de la rigurosidad de las condiciones carcelarias”.

Punto de encuentro

La madre del recluso, no obstante, no fue condenada por una intervención en ese ataque. El rol que se le asigna en la condena es el de haber organizado y administrado los distintos puntos de venta de la organización. Desde su casa en Capitán Bermúdez, usada como punto de pago y reunión, “desplegó su dominio territorial, organizando el comercio de estupefacientes en la zona”. Una tarea que según la acusación cesó el día de su detención, el 20 de agosto del año pasado, durante un allanamiento en su domicilio.

El mismo día fueron detenidas otras cuatro personas jóvenes —tres varones y una mujer— acusados de participar de la cadena de venta como miembros de la banda. Un trozo compacto de marihuana, un arma de fuego, vehículos, documentación y trece celulares fueron secuestrados aquel día en una veintena de allanamientos en casas del Cordón Industrial.

Una carrera que creció en prisión

Considerado un preso de alto perfil, a “Viejo” González, de 39 años, se le asigna una larga carrera en el delito con al curiosidad de que tuvo un crecimiento exponencial como jefe narco tras su ingreso a la cárcel de Piñero. Desde entonces acumuló acusaciones y fue imputado de liderar tres asociaciones ilícitas ligadas a homicidios y ataques con fines de conmoción pública.

En 2019 protagonizó un escándalo en la alcaidía de la Unidad Regional de San Lorenzo cuando se descubrió que el jefe del penal concedía privilegios al preso y a su banda a cambio de dinero. En su estadía en Piñero, adonde fue trasladado, mantuvo la posibilidad de coordinar las actividades de su grupo. En 2020 fue condenado a 15 años de prisión por liderar una banda desde la cárcel que estuvo detrás de dos homicidios y el ataque a tiros a un hombre que quedó paralítico. En julio de 2021 fue imputado nuevamente por liderar una asociación ilícita.

El atentado al micro penitenciario

En agosto del año pasado fue imputado junto a otras cuatro personas, entre ellas su pareja y su sobrino Brian “Gordo” González, por los disparos que aquel 2 de marzo, cerca de las 11, arreciaron contra el colectivo de la empresa Laguna Paiva con 33 pasajeros entre los que iban agentes del Servicio Penitenciario desde Piñero a distintas localidades santafesinas.

Ocurrió cuando el vehículo iba por Circunvalación de sur a norte y dos gatilleros dispararon desde un Volkswagen Bora que se le puso a la par a la altura de calle Palliere. Como resultado, un agente que iba en la planta baja fue herido con el roce de una bala en el cuello. Los atacantes —hay dos acusados de actuar como los tiradores— arrojaron un cartel que decía: “Los presos de alto perfil que tengan el mismo privilegio que los demás”.

Tres días después comenzó la saga de crímenes al azar de trabajadores que paralizó a la ciudad. Los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich fueron atacados a tiros en distintos puntos de Rosario, en atentados que tanto el gobierno como los investigadores judiciales encuadraron como represalias de bandas criminales ante el reciente endurecimiento de las políticas de detención.