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Colombo ve «actitudes adultocéntricas» en el caso del nene de 3 años

Todos piensan en los adultos

Las Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y del Pueblo intervinieron en el conflicto por Kiki, el niño de 3 años que fue excluido de una familia solidaria tras 19 meses de convivencia. Crítica a los tiempos administrativos y judiciales.

 

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes intervino de oficio en el caso de Kiki, el nene de tres años a quien el Estado lo sacó ‑conflicto mediante‑ de la familia solidaria que lo alojaba desde 19 meses antes y lo asignó a otra para que se vincule con un hermano biológico y luego ambos sean adoptados para vivir juntos como tales. «Los adultos piensan en sí mismos, cada uno en su deseo o en su deber, pero ¿y el niño?. Hay actitudes adultocéntricas», cuestionó la defensora Analía Colombo quien visitó a Kiki en su nuevo hogar transitorio, en San Carlos, y ayer se reunió, junto con el defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, con la familia solidaria que lo tuvo por 19 meses y que ‑ante el paso del tiempo‑ intentó adoptarlo y el trámite le fue denegado por la Justicia e interrumpido por la Subsecretaría de Niñez con vehementes acusaciones cruzadas. «El nene está bien, obviamente pregunta por su mamá Cristina, pero no lo hace todo el tiempo. Juega con los hijos de esta familia que lo contiene y empieza a vincularse con su hermanito de 8 meses», contó Colombo acerca de este nene que fue apartado de su madre biológica cuando era un bebé, debido a que un informe médico desde el hospital santafesino Orlando Alassia determinó que la mujer no está en condiciones de cuidarlo y que corría riesgo la integridad física del niño.

Luego de una breve estancia en una institución, Kiki fue entregado a Cristina Morla, una santafesina que se inscribió en el programa Familias Solidarias, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Lo hizo para cuidar de él por seis meses hasta que la Justicia resolviera su destino final: revincularlo con alguien de su familia biológica ‑este es la intención inicial de los equipos de Niñez, según recomienda la legislación y jurisprudencia en el asunto‑ o declararlo en situación de adoptabilidad. Como no era conveniente para él restituirlo a su familia original, se encaró el proceso que deberá desembocar en la adopción. Pero los meses pasaron y el vínculo entre Morla ‑y su pareja actual, Sergio Gigliotti‑ con el niño se fortaleció y, por tanto, ella decidió solicitar al juzgado la guarda preadoptiva haciendo valer los lazos afectivos construidos, y sin notificar a la Subsecretaría de Niñez. Eso precipitó los hechos. La repartición provincial que depende de Desarrollo Social consideró que Morla y su pareja incumplieron el reglamento del programa y aceleraron entonces la vinculación con el hermano biológico de Kiki. Por eso lo sacaron de la familia santafesina y lo llevaron a San Carlos, donde está el bebé que fue separado de la madre apenas nacido, también por recomendación médica. Pero Kiki no está con la misma familia que aloja a su hermanito. Está con otra familia solidaria y se lo hacen visitar de manera periódica para ir construyendo ese vínculo de a poco. Kiki, vale recordar, tiene tres años de edad.

Colombo contó a Rosario/12 el resumen de su reunión con Morla y Gigliotti ‑la pareja que reclama por el niño para adoptarlo y que acusa al Estado de haber reaparecido para dañarlo luego de «haberlo abandonado»‑. Les prometió «seguir visitando al niño dos o tres veces por semana para cerciorarme de que este tránsito lo haga de la manera más feliz posible, y porque ellos tienen derecho a saber cómo está el nene», dijo la defensora. Además, Colombo se comprometió a visitar el primer día después de la feria judicial de verano a la jueza del tribunal colegiado nº 3 de Santa Fe, Susana Romero, para requerirle que defina «cuanto antes» la adopción de ambos niños. Esta magistrada recibió en marzo del año pasado el pedido de Niñez para que ratificara la medida de protección excepcional del niño para avanzar hacia la adopción definitiva. Y ella recién procedió a dejar firme esa medida en octubre.

Colombo prometió «propiciar una mesa de diálogo entre esta pareja (Morla‑Gigliotti) y las autoridades provinciales». Un diálogo que está roto y con ánimos encrespados entre sí. La pareja reclamante vendrá hoy a Rosario a brindar una conferencia de prensa para sostener el tema en la agenda pública. Colombo le comunicó su opinión contraria: «No acordamos con su forma de actuar, de exponer el caso en los medios porque revictimiza al niño. Lamentablemente, ya tiene estado público», reconvino la defensora.

Colombo contó de su visita a la familia solidaria de San Carlos que «el niño está bien, todavía no con un vínculo concreto porque es muy reciente, obvio, pero sí rodeado de mucho afecto, jugando con los hijos de la familia que lo contiene, y está vinculándose con su hermanito, que está cerca, con otra familia solidaria». Aseguró que no aparenta vivir de manera traumática este cambio, pero que sí pregunta por «mamá Cristina», tal como llama a Morla, con quien vivió hasta el jueves pasado.

«Todos los adultos piensan en sí mismos: los padres que quieren adoptar, los funcionarios que aplican el programa, los jueces que aplican la ley, pero… ¿y el niño? Son actitudes adultocéntricas, y lo verdaderamente importante y urgente es que el nene esté bien. Antes que el derecho, debe priorizarse la humanidad», dijo Colombo.

Ante la consulta de este diario, la defensora de Niños se abstuvo de opinar sobre el sistema de adopción y el rol que juega el Estado en sus distintas competencias, en pos de «respetar el trabajo ajeno». Pero sí remarcó «la urgencia de ajustar los tiempos: si el plazo estimado es de seis meses, que no se resuelva sobre el final de ese período sino en uno, dos meses, el menor tiempo posible. Sí, debe respetarse la legalidad del proceso, pero más respetar los tiempos del niño».

Por último, concluyó: «Los tiempos del Estado y de las leyes no suelen ser los tiempos del niño. Y eso es lo que hay que priorizar. Son los niños quienes deben ser el centro de las intervenciones de parte del Estado preservando siempre su interés superior».

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