El fiscal Caterina imputó este martes a 13 policías y 4 civiles por cochecho, peculado y defraudación agravada. Estima que se quedaban con $45 millones por mes de dinero del Estado.
Trece policías y cuatro civiles fueron imputados este martes por el fiscal José Luis Caterina por conformar una red acusada de “haber sustraído caudales pertenecientes al Estado de la provincia de Santa Fe destinado al pago de combustible” para patrullas de la fuerza de seguridad en Rosario, mediante dos modalidades: sobrefacturación de cargas de nafta y “facturación fantasma” de vehículos que, en algunos casos, estaba declarados como fuera de servicio. El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estimó el perjuicio para el Estado en 45 millones de pesos mensuales a través de esas presuntas maniobras defraudatorias.
La investigación no sólo cuenta con la comparación de los registros de los GPS de los móviles y las planillas de carga de combustible y su contraste con la facturación, sino que también tiene intervenciones telefónicas a los dueños y empleados de la estación de servicios Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, cuyo nombre de fantasía es Gas Auto Tiferno SA, que dan cuenta los supuestos pagos millonarios a los policías.
La pesquisa, que se inició en julio del año pasado por una denuncia anónima, incluyó tareas de inteligencia sobre la estación de servicios Puma, en la que personal de Asuntos Internos filmó y fotografío a jefes policiales y otros uniformados entrando y saliendo cada 15 días del comercio, con sobres de papel madera. Para el fiscal, eso sería prueba del pago y el cobro de coimas.
Tras la presentación por parte del fiscal de las evidencias y las calificaciones de cada uno de los acusados, el juez de la audiencia, Gustavo Pérez Urrechu, estableció un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando Caterina pida las medidas cautelares, es decir, la prisión preventiva de los imputados.
Los acusados son los jefes y efectivos policiales Gerardo R., jefe de Garage de la URII; Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, Fabián F., titular de la sección Caballería y Perros; Juan Pablo P., jefe de la Brigada de Orden Urbano (BOU); Mario B., subjefe de esa sección; Juan Alberto V., responsable del combustible para Brigada Motorizada.
La lista se completa con Nancy P., jefa de Sección Ficheros de la División Personal y pareja de otro de los imputados; Franco C., encargado de logística de la PDI; Javier A., del Cuerpo Guardia Infantería (CGI); Jorge D., responsable del combustible de División Logística; Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; Sergio Darío L., encargado del combustible el Comando Radioeléctrico de Rosario.
Además, el fiscal acusó como engranajes indispensables de las maniobras a cuatro civiles -los dueños y empleados de la estación de servicio Puma- identificados como Mónica B., María Fernanda D. F., Oscar C. y Daniel R., sin cuya cooperación, dijo Caterina, no hubiese sido imposible la comisión de los presuntos delitos.
Caterina dijo durante la audiencia que existió una “doble modalidad defraudatoria” que consistía en “la sobrefacturación de carga real y la facturación de cargas y tickets jamás presentados”. Y agregó que “para completar la maniobra con los funcionarios policiales encargados de la administración de la carga de combustible, concentraban las tarjetas de débito llamadas Visa Flota”.
De acuerdo a la reglamentación vigente, establecida en 2018 con el fin de que no se “robara” combustible con los patrulleros, la tarjeta Visa Flota “debía quedar en cada móvil y a disposición del conductor para facturar al momento de la carga, y no en otro momento”.