La Justicia provincial condenó a seis años y ocho meses de prisión efectiva al barrabrava de Newell’s Luciano “Lucho” Gallardo por extorsiones y por integrar una asociación ilícita que operó durante 2024 en torno a los negocios ilegales vinculados al grupo. La pena fue homologada en un juicio abreviado por la jueza Valeria Pedrana, a partir de la admisión de los hechos por parte del imputado, señalado como uno de los ejecutores de las presiones sobre la dirigencia que encabezaba Ignacio Astore.

Según la acusación fiscal, Gallardo actuó como “cara visible” de una estructura criminal vinculada a la organización Los Monos, con capacidad de intervención en distintos circuitos de recaudación asociados al club. La investigación lo ubicó bajo la órbita de Leandro “Pollo” Vinardi —detenido en el penal federal de Ezeiza— y de Sabrina Barrías, quienes a su vez respondían a Ariel Máximo “Guille” Cantero, considerado jefe de la organización desde su lugar de detención en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

El esquema descripto por los fiscales incluyó una serie de maniobras destinadas a obtener ingresos ilegítimos mediante la explotación de actividades ligadas a los días de partido: reventa de entradas de protocolo, cobro de estacionamiento en inmediaciones del estadio, comisiones sobre puestos de comida y organización de eventos sin autorización institucional. En ese marco, se estableció también el cobro sistemático de sumas de dinero a la dirigencia por cada encuentro disputado como local.

La imputación sostuvo que Gallardo participó de extorsiones directas contra autoridades del club con el objetivo de obtener pagos indebidos. Uno de los episodios centrales se vinculó con la organización de una fiesta en los parrilleros de la institución, prevista para el 8 de julio de 2024. La actividad, que había sido impulsada por referentes de la barra sin aval dirigencial, fue suspendida por razones de seguridad. Tras esa decisión, y en cumplimiento de órdenes superiores, se realizaron exigencias económicas que inicialmente alcanzaron los ocho millones de pesos. Finalmente, el club entregó tres millones, que fueron recibidos por Gallardo dentro de las instalaciones.

La causa también incorporó hechos de violencia asociados a la disputa interna por el control de la barra. Durante 2024, la facción alineada con Vinardi y Barrías mantuvo enfrentamientos con un sector disidente encabezado por Alejandro “Rengo” Ficcadenti. La puja incluyó episodios de tensión en la previa de partidos y derivó en ataques armados. En ese contexto, la vivienda de una dirigente del club fue baleada a fines de julio de ese año. Si bien los autores materiales no fueron identificados, la acusación indicó que Gallardo y Barrías admitieron haber instigado el ataque.

Otro hecho atribuido al grupo fue el lanzamiento de bombas de estruendo al campo de juego durante un partido ante Independiente Rivadavia, acción que, según la investigación, se realizó con conocimiento de las posibles sanciones deportivas para la institución.

La estructura criminal, de acuerdo a la reconstrucción judicial, respondía a una cadena de mando que se extendía desde el ámbito penitenciario. Cantero ejercía la jefatura general y designaba a los responsables de la barra, quienes debían rendir cuentas de la recaudación obtenida. Vinardi, considerado su hombre de confianza, gestionaba el funcionamiento cotidiano y delegaba tareas en Barrías, encargada de coordinar las acciones en el territorio. Gallardo cumplía el rol operativo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

El expediente situó el inicio de estas maniobras a comienzos de 2024 y su desarticulación en agosto de ese año, a partir de una serie de detenciones que incluyeron a integrantes de las distintas facciones. En paralelo, se consignó que la influencia de sectores vinculados a Los Monos en la tribuna de Newell’s se remonta al menos a 2016, en un proceso de consolidación progresiva sobre el control de la hinchada y sus fuentes de financiamiento.

Testimonios incorporados a la causa describieron un esquema de exigencias crecientes hacia la dirigencia, que incluía la entrega de entradas, indumentaria y dinero en efectivo. “Desde el club siempre accedimos por temor a las consecuencias”, indicó un testigo de identidad reservada, quien también aludió a episodios de violencia cuando no se cumplían los pedidos.

En ese contexto, el entonces presidente Ignacio Astore había señalado públicamente las presiones recibidas durante su gestión. “Te llaman, te extorsionan. No tiene sentido cambiar el número, porque al día siguiente ya lo tienen”, expresó en su momento, al describir el vínculo conflictivo con los sectores de la barra.

La condena a Gallardo se inscribe en una serie de investigaciones judiciales que abordan la relación entre organizaciones criminales y barras bravas en la región, con foco en los mecanismos de financiamiento ilegal y las prácticas extorsivas sobre instituciones deportivas.