La city financiera de Rosario registra uno de sus ya tantos desfalcos que perjudican a quienes les confían sus ahorros y utilidades; solo que en este caso la investigación penal está paralizada desde hace meses e involucra a una de las más tradicionales y reconocidas empresas de inversiones en la ciudad. A pedido de los damnificados que llevaron el caso a Tribunales, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un pedido de informes en Legislatura, para que el Ejecutivo “impulse la causa por delitos económicos vinculados a la llamada consultora CIAG, que involucra a una veintena de personas damnificadas por un monto de alrededor de 4 millones de dólares y que sostienen que sus inversiones fueron derivadas a otras locaciones administradas por sociedades off shore”, dice el escrito.

El proceso judicial comenzó a fines de 2022, a partir de un primer grupo de 6 denunciantes, y y que luego acumuló denuncias y pruebas primero colectadas por el exfiscal Miguel Moreno, y ahora el fiscal Sebastián Narvaja.

La presentación de Del Frade agrega que los damnificados –ahorristas e inversores particulares de Rosario y alrededores– “presentaron una nueva denuncia con abundante documentación y que, según estas personas, demuestra que el dinero se encuentra en inversiones tanto en el país como en el exterior administrado por sociedades off shore con el supuesto respaldo de Rosental y la escribanía Casiello”, reza el texto.

Moreno empezó a recibir denuncias en sus tiempos de fiscal sobre Juan Carlos Culhane, y su esposa, Paola Allegranza. También un empleado suyo, Luis Roatta, quien llegó a estar detenido 17 meses, acusado de estafas por 300 mil dólares de las que él siempre se declaró inocente. Culhane zafó de toda imputación penal porque murió en 2017. Sigue su viuda, que hasta ahora no tiene ninguna acusación penal en firme, más allá de las denuncias en su contra.

Estos componían la consultora CIAG, con oficina en el Palacio Minetti. De acuerdo con las denuncias, se dedicaron por años a tomar dinero de terceros, ofrecer un interés módico y la explicación de que la canalizaban en inversiones a través de subcuentas en Rosental SA.

Según el relato, Culhane y Allegranza conformaron desde 2007 una consultora financiera que se presentaba como un nexo directo con el grupo Rosental.

El esquema no prometía rendimientos extraordinarios: ofrecía intereses bajos, del orden del 3 o 4% anual, similares a los de plaza. La principal ventaja, según los inversores, era la comodidad y la disponibilidad inmediata del dinero, sin las restricciones del sistema bancario. Durante años, los retiros y movimientos se realizaron con normalidad, lo que reforzó la confianza en la operatoria.

Roatta, en tanto, era la cara visible de la financiera. Todo funcionó sin sobresaltos hasta después de la pandemia, cuando el giro de la oficina se interrumpió abruptamente.

Roatta abandonó el país alegando amenazas, regresó tiempo después y fue detenido en 2023, en su domicilio de la cortada Marcos Paz, en Echesortu. Permaneció año y medio preso, aunque finalmente recuperó la libertad bajo probation, sin que la causa llegara a juicio.

Juan Carlos Culhane había fallecido a fines de 2017, por lo que la actividad continuó bajo la dirección de Paola Allegranza.

Con el correr del tiempo, un grupo de damnificados –al menos una veintena– comenzó a advertir que los fondos no podían ser recuperados y que los reclamos no obtenían respuesta. En julio pasado, la fuente consultada por este medio (y que pidió mantener su identidad en reserva) y otros afectados presentaron una nueva denuncia penal, que se sumó a otras ya existentes por hechos similares.

La causa quedó inicialmente en manos del fiscal Moreno, luego derivada a su par Sebastián Narvaja tras el ascenso de aquel a la magistratura. Desde entonces, según el testimonio, la investigación avanzó poco: no se impulsaron medidas de prueba relevantes y la causa permanece prácticamente paralizada.

Uno de los puntos más sensibles del relato es la presunta relación estrecha entre Culhane y el fallecido Miguel Rosental, padre de los actuales titulares del grupo empresario.

El denunciante sostiene que existiría un entramado destinado al ocultamiento de activos y a la administración del dinero desviado de los ahorristas, lo que explicaría —a su entender— la lentitud y complejidad de la investigación judicial.

Mientras tanto, Allegranza llevaría una vida normal, sin actividad laboral conocida, pero percibiendo ingresos derivados de bienes y fondos que los denunciantes consideran producto de la maniobra. Roatta, por su parte, tras recuperar la libertad, colaboró con uno de los damnificados ayudándolo a interpretar documentación y pruebas que ahora forman parte del expediente.

Esos documentos aparecieron en la oficina de CIAG en el Palacio Minetti cuyos locadores vaciaron y abandonaron sin aviso. De ahí surgieron numerosos indicios de que los miembros de la consultora se habían hecho de varios bienes patrimoniales, al parecer, con el dinero de sus inversores.

Los bienes que deberían estar bajo la lupa de fiscalía son un piso de oficina y departamento en Córdoba al 600, habitaciones en la modalidad “condo hotel” en los Dazzler de Lima (Perú) y Asunción (Paraguay), locales comerciales en el Hotel Esplendor, de Asunción; un departamento en Maldonado (Uruguay), propiedades en Chacras del Pinar, Punta del Este, un loft, una cochera y una cuna náutica en Forum Puerto Norte, cocheras en Ciudad Ribera, lotes en Solares del Carcarañá (Maciel) y varios terrenos en loteos de Tierra de Sueños SRL.

También son materia de investigación contratos y papeles que indican un vínculo con las sociedades Asunción Investments, y Vasconcellos Hospitality Operation Ltd, con sede en Islas Vírgenes.

“El dinero de Allegranza que hoy le permite tener una vida de lujos, es mi dinero y el dinero de otras personas que tenían inversiones con Juan Carlos Culhane / Paola Allegranza y Rosental SA; y Paola Allegranza lo sabe perfectamente. Ella sabía muy bien a qué se dedicaba su marido; recibió y disfrutó del dinero de los clientes en vida de su marido; continuó la administración de ese dinero y bienes tras el fallecimiento de su marido; así que todo ello la coloca en posición de ser investigada como probable partícipe del delito de estafa y/o administración fraudulenta”, dice uno de los damnificados en la denuncia penal.

“Tampoco desconocía –agrega la acusación– que tomaba dinero de terceras personas y lo invertía a nombre propio en Rosental SA, a pesar de informarles que abría una subcuenta en Rosental; ello así por cuanto no podía ella desconocer el origen de los fondos con los cuales se detentaba dinero en esta financiera, a la que cada tanto iba a retirar dinero”, señala.

Para los denunciantes, no se trata de hechos aislados sino de una organización que durante años captó fondos bajo una apariencia legal y de bajo riesgo, y que hoy estaría amparada por estructuras más grandes y difíciles de investigar. Convencidos de que son víctimas de una estafa y de maniobras de ocultamiento de activos, reclaman que la causa penal se reactive y avance sobre todos los responsables.