La Argentina de Milei, de mal en peor
La gestión libertaria derivó en el ingreso de la Argentina al grupo de los diez peores países para los trabajadores. También cayó con fuerza en los rankings de libertad de prensa y de calidad de las élites. El único favorable para Milei es el de libertad económica, que premia la reducción del Estado, el ajuste fiscal y la desregulación regresiva.
El fenómeno Milei en el exterior, por su carácter excéntrico y disruptivo en las formas y en lo discursivo durante los primeros dos años de gobierno, se está diluyendo al ritmo de resultados mediocres o malos en materia económica y del retroceso en indicadores globales de desempeño.
La última señal en ese sentido se conoció esta semana. Argentina ingresó en la lista de los diez peores países del mundo para las y los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La caída se verifica también en los índices de “libertad de expresión y de prensa” y de “calidad de las élites”. El mundo libertario puede mostrar un ranking favorable, el de libertad económica, elaborado por la ultraconservadora Heritage Foundation, en el cual la Argentina de Milei avanzó 39 puestos.
La degradación institucional en estos años se refleja en otros rankings internacionales. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras ubicó al país en el puesto 98 entre 180 países. En 2023, antes de la llegada del líder libertario a la presidencia, estaba en el lugar 40. En menos de dos años y medio perdió 58 posiciones. La caída fue persistente: 26 puestos en 2024, otros 21 en 2025 y 11 adicionales en 2026.
El deterioro también se verifica en el Índice de Calidad de las Élites, elaborado por la Universidad de Saint Gallen, de Suiza. Es un estudio sistemático sobre cómo las élites mundiales crean o destruyen valor en la sociedad. El ranking analiza 151 países utilizando 148 indicadores. La Argentina de Milei descendió al puesto 104 en la edición 2026. En 2024 ocupaba el lugar 70 y en 2025 había caído al 86. En apenas dos ediciones perdió 34 posiciones.
La comparación de estos rankings refleja que, mientras la Argentina de Milei se desploma en calidad democrática, respeto por el periodismo, calidad de sus élites y protección laboral, mejora en el indicador que premia la reducción del Estado, el ajuste fiscal y la desregulación regresiva.
Los trabajadores tratados como enemigos
El ranking global más reciente es la decimotercera edición del Índice Global de los Derechos de los Trabajadores, de la Confederación Sindical Internacional. Muestra la veloz caída de la Argentina de Milei en esta clasificación de países respecto del trato que reciben los trabajadores.
Es el único estudio anual exhaustivo a escala mundial centrado en la violación de los derechos de las y los trabajadores. El índice de este año pone de relieve los desafíos cada vez mayores a los que se enfrenta el movimiento sindical mundial para proteger los derechos e intereses de las y los trabajadores frente a las políticas regresivas de gobiernos y empresas.
Cada año, el indicador elaborado por la CSI califica una serie de países en función de la protección de los derechos laborales colectivos y documenta las violaciones de derechos reconocidos a escala internacional. El saldo no podía ser más desalentador. Los diez peores países para las y los trabajadores en 2026 han sido Argentina, Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Suazilandia, Birmania, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía.
Represión y hostilidades
La Argentina entra en la lista de los diez peores países para la clase trabajadora tras su degradación a la categoría 5, el segundo deterioro anual consecutivo en su clasificación. Bajo el gobierno de Javier Milei, las condiciones para los trabajadores y los sindicatos “se han vuelto cada vez más represivas y hostiles”, define el informe.
Destaca que, desde que llegó al poder en 2023, Milei ha seguido una agenda antisindical que diluye los derechos de los trabajadores en favor de las empresas y que abarca desde el desmantelamiento de estructuras de diálogo social hasta reformas laborales que socavan a la capacidad de negociación sindical y el derecho a protestar. Sentencia que “el sector privado, envalentonado por el Estado, ha intensificado su represión de la actividad sindical”.
En el análisis del ranking, la CSI dice que la CGT ha condenado el proyecto de ley de reforma laboral de Milei como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores, basado en un marco ideológico que trata el trabajo como un costo a minimizar en lugar de un derecho humano protegido por la Constitución y los tratados internacionales”. Esta ley impone niveles mínimos obligatorios de servicio para una gama ampliada de “servicios esenciales” durante la negociación colectiva e introduce limitaciones a los acuerdos que debilitan la capacidad de los trabajadores para negociar condiciones justas.
Menciona, además, que Milei ha introducido una oleada de medidas represivas contra las protestas que otorgan amplios poderes a las fuerzas de seguridad para usar la fuerza y la amenaza de reclamos legales por daños como elemento disuasorio contra manifestaciones legítimas, incluidas huelgas.
El reporte de la CSI detalla que la represión estatal causó heridas a al menos 1350 personas durante las protestas de 2025, incluidos trabajadores, jubilados y miembros de sindicatos. Menciona el caso de Federico Giuliani, secretario general de la rama de Córdoba de la Asociación Trabajadores del Estado-Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (ATE-CTA Autónoma), que fue arrestado durante una redada policial en agosto de 2025. “Tras su liberación, Giuliani huyó de Argentina como refugiado político”, denuncia.
Golpe de Estado de los multimillonarios globales
El caso argentino no es una excepción a nivel mundial, sino que solo es más pronunciado por su velocidad y por el ataque a las y los trabajadores. El informe de la CSI, a partir del análisis del panorama laboral global, es inquietante respecto de los derechos y las condiciones laborales.
Indica que, entre los datos más preocupantes, se destacan un aumento de las violaciones de la libertad de expresión y de reunión a lo largo del último año, un incremento de los casos de agresión violenta contra trabajadores y un alza de los ataques a las libertades civiles, en particular un fuerte crecimiento de los arrestos y las detenciones de trabajadores y sus representantes. “Existe una creciente persecución de líderes sindicales, que se está convirtiendo en algo habitual en un número cada vez mayor de países”, afirma.
La evaluación general de este panorama sombrío es contundente. El Índice Global de los Derechos 2026 de la CSI reafirma que “nos enfrentamos a un golpe de Estado de los multimillonarios contra la democracia. Las libertades y los derechos de los que dependen las personas para mantener unos niveles de vida básicos y unas condiciones de trabajo justas están siendo objeto de un ataque concertado por parte de una reducida minoría focalizada en la acumulación de riqueza y poder, a expensas de todos los trabajadores y las trabajadoras”.
El informe de la CSI agrega que un grupo de multimillonarios de todo el mundo se confabula con líderes políticos, de derecha o extrema derecha, para consolidar el poder y eliminar derechos. “Los sindicatos están en el punto de mira de este golpe de Estado, porque las y los trabajadores a los que representan constituyen la base de los sistemas democráticos. Al luchar por sus derechos desde la primera línea de las economías que precisamente ellos impulsan, los trabajadores y sus sindicatos defienden los pilares fundamentales de la democracia, la prosperidad y la libertad”, describe la central sindical internacional.
Explica que las tácticas varían, pero el propósito de quienes manejan los hilos es el mismo: impedir que la democracia responda a las necesidades de las y los trabajadores. Desde la erosión de organizaciones multilaterales hasta la supresión de derechos y libertades, estas estrategias están diseñadas para afianzar el poder y silenciar la voz de los trabajadores.
El informe sostiene que “las violaciones y las tendencias regresivas que aparecen en el índice de este año ponen de manifiesto por qué, en 2026, los trabajadores y los sindicatos luchan por la democracia, es decir, por lo que más importa: nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestros medios de vida y, sobre todo, la solidaridad”. Esto último es la vía que puede llevar a los trabajadores a frenar el retroceso de sus derechos y mejorar las perspectivas del bienestar general.
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