La Cámara de Diputados de Santa Fe analiza posibles cambios al proyecto de Ley Orgánica de Municipios, luego de un plenario conjunto de tres comisiones. La iniciativa, ya aprobada por el Senado, podría llegar al recinto el próximo 9 de abril con modificaciones.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Locales, Dionisio Scarpin, señaló que el texto presenta “errores de redacción” que deberían corregirse. En paralelo, desde el interbloque justicialista plantearon la necesidad de introducir cambios de fondo. En ese marco, Marcos Corach realizó una serie de sugerencias, entre ellas avanzar en el debate sobre una futura ley de coparticipación, contemplada en la nueva Constitución provincial.

Durante la reunión también participaron representantes de la Festram, quienes acercaron propuestas vinculadas a derechos laborales, especialmente en lo referido a la fijación de pisos mínimos para el empleo municipal.

Tras el análisis del proyecto, que consta de 111 artículos, los legisladores detectaron inconsistencias en la redacción que podrían derivar en cambios y un eventual regreso del texto al Senado. No obstante, desde el interbloque oficialista de Unidos anticiparon que buscarán consensuar previamente las modificaciones con el bloque del Senado.

Entre las propuestas del justicialismo se destaca la incorporación de un artículo que habilite a los municipios a crear entidades financieras mediante ordenanza, con el objetivo de canalizar ahorro público y privado hacia el desarrollo local. También impulsan cambios en el artículo 82 para reforzar garantías laborales, estableciendo que la legislación provincial funcione como piso mínimo de derechos, sin posibilidad de reducción a nivel local.

En el plenario no prosperó la idea de convocar a foros de intendentes, aunque desde el oficialismo recordaron que el Senado ya realizó instancias de consulta previas.

El proyecto se debate en Diputados junto a otras iniciativas presentadas por legisladoras como Celia Arena y Verónica Porcelli Baró Graf.

Entre los puntos que generan debate figuran los mecanismos de control en los municipios, la integración de los concejos y la regulación de los procesos de transición de gobierno. En este último aspecto, el texto establece que los municipios deberán garantizar una transición ordenada entre autoridades salientes y electas, bajo principios de legalidad, transparencia y continuidad de los servicios públicos.

La norma también introduce cambios en la organización institucional. A partir de 2027, todos los gobiernos locales tendrán mandatos de cuatro años y desaparecerán las comunas, dando paso a 365 municipios en todo el territorio provincial.

En cuanto a la composición de los órganos legislativos locales, el proyecto fija distintas escalas según la cantidad de habitantes, con concejos o comisiones municipales que varían entre tres y once integrantes, e incrementos progresivos en ciudades más grandes. Asimismo, establece que los cuerpos podrán fijar una asignación funcional para sus miembros, con aprobación de dos tercios, y que en localidades de hasta 3.000 habitantes los cargos serán ad honorem.