Dos ex magistrados rosarinos presentaron un escrito ante la Corte Suprema provincial en el que denunciaron una “grave afectación a la independencia judicial” por una serie de decisiones impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El planteo se inscribe en el conflicto abierto entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial a partir de la reforma jubilatoria sancionada en 2024 y de las maniobras posteriores para sostener su vigencia frente a los amparos judiciales.

La norma establece topes para los haberes de pasivos del sector público y fija retenciones a partir de determinados montos.

El escrito firmado por Carina Lurati y Daniel Acosta describe una secuencia de actos del Ejecutivo que, a su juicio, representan una “escalada” de intervención: desde cuestionamientos públicos a decisiones judiciales hasta la ampliación de la convocatoria legislativa para tratar pliegos que ellos consideran prematuros o innecesarios.

Según el planeo estas acciones no sólo afectan a la Corte, sino que desprestigian a todo el Poder Judicial, debilitan las garantías de imparcialidad y exponen a jueces y fiscales a presiones directas o indirectas del Ejecutivo.

El documento, titulado “Planteo de exjueces contra Pullaro”, fue presentado en el marco del expediente “Acosta, Daniel Fernando y otros c/ Provincia de Santa Fe y otros – Amparo y cautelar” y denuncia lo que los firmantes califican como una “escalada institucional” del Ejecutivo provincial sobre el Poder Judicial.

Los firmantes actúan por derecho propio y cuestionan una serie de actos administrativos y procesales que, según sostienen, vulneran el principio de división de poderes consagrado en la Constitución provincial y nacional.

Los ex magistrados advierten que el gobierno provincial avanzó en decisiones que exceden sus atribuciones, entre ellas el impulso de procedimientos para la designación de nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sin que existan vacantes formales, y la utilización de la Fiscalía de Estado para promover recusaciones contra integrantes del máximo tribunal.

Según el escrito, estas recusaciones —realizadas mediante decretos y presentaciones administrativas— no responden a causales objetivas, sino que constituyen un mecanismo de presión institucional destinado a condicionar la integración y el funcionamiento de la Corte en causas sensibles para el Ejecutivo.

Los firmantes sostienen que estas acciones no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de una secuencia que “afecta la independencia del Poder Judicial, compromete la imparcialidad de sus jueces y altera el equilibrio republicano”. Por eso solicitan que la Corte declare nula la recusación de los cuatro miembros que busca desplazar para que no fallen el tema jubilatorio y que proteja la intangilidad de las jubilaciones de los magistrados.

El planteo judicial se produce en el marco del conflicto generado por la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Pullaro, aprobada por la Legislatura a fines de 2024. La ley declaró la emergencia previsional, incrementó los aportes de trabajadores activos y jubilados, estableció topes a los haberes más altos y creó un aporte solidario para determinados sectores, entre ellos el Poder Judicial.

La norma motivó protestas gremiales, presentaciones judiciales y amparos colectivos. En particular, jueces y exjueces cuestionaron que la reforma afectara derechos adquiridos y modificara de manera sustancial el régimen previsional del sector.

En ese contexto, distintos tribunales dictaron medidas cautelares y fallos que ordenaron suspender descuentos o declararon la inaplicabilidad de algunos artículos de la ley.

Ante ese escenario, el Ejecutivo provincial promovió recusaciones contra ministros de la Corte Suprema santafesina que debían intervenir en causas vinculadas a la reforma, bajo el argumento de que podrían estar alcanzados por la normativa y, por lo tanto, carecer de imparcialidad.

Esa estrategia fue interpretada por sectores judiciales como una maniobra para evitar que el máximo tribunal provincial se expidiera sobre la constitucionalidad de la ley.

El escrito de Acosta y Lurati retoma ese contexto y sostiene que la acumulación de decisiones del Ejecutivo -recusaciones, decretos, cuestionamientos públicos y avances sobre la integración de la Corte- configura una situación de “gravedad institucional”.

Según el documento -publicado por La Política online, como parte de un artículo de Hernán Lascano- estas acciones generan un precedente que “debilita la independencia judicial, expone a los magistrados a presiones indebidas y compromete la confianza pública en el sistema de justicia”.

Los exjueces solicitan a la Corte Suprema de Santa Fe que intervenga para restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado y advierten que, de persistir la situación, el conflicto podría escalar a instancias superiores, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación fue elevada formalmente a la Corte Suprema provincial, que ahora deberá decidir si la admite, la rechaza o la remite eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (vía “per saltum”), como anticipan los exmagistrados en el texto.

Hasta el momento, el gobierno provincial no emitió una respuesta pública al planteo presentado por los ex magistrados. Desde la Casa Gris, Pullaro ha defendido en reiteradas ocasiones la reforma jubilatoria como una medida necesaria para sostener la Caja de Jubilaciones y ha señalado que los cambios apuntan a que “paguen más los que más ganan”.

La presentación ante la Corte suma un nuevo capítulo a un conflicto que combina discusión fiscal, reforma previsional y tensiones institucionales, y que mantiene en tensión la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe.